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En un nuevo reporte acerca de la libertad religiosa en Cuba, la organización Solidaridad Cristiana Mundial (CSW, por sus siglas en inglés), que radica en Gran Bretaña, denunció el pasado jueves un aumento en 2017 de las violaciones de los derechos religiosos, en relación con 2016.
Según reveló a Martí Noticias Kiri Kankhwende, vocera de CSW, su organización registró 325 violaciones a los derechos de culto por parte de las autoridades cubanas.
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El documento recoge detenciones a docenas de feligreses así como la cancelación de un evento de culto interconfesional que tenía permiso de las autoridades para celebrarse.
Un objetivo particular del Gobierno fueron los activistas de derechos humanos vinculados a organizaciones religiosas. En tal sentido, el consejero delegado de CSW, Mervyn Thomas, expresó su preocupación por Arianna López Roque, quien realizó una huelga de hambre para exigir los derechos de su esposo, opositor político en prisión, a quien le han negado el acceso a materiales religiosos.
Otro problema que enfrentan los grupos religiosos en Cuba es el reconocimiento legal. La ley exige que deben estar registrados en el Ministerio de Justicia, pero algunos, como los Testigos de Jehová, no han podido hacerlo, lo que técnicamente los convierte en ilegales. Otros, como la Asociación Libre de Yoruba Afrocubana, desean permanecer independientes del control del Gobierno.
Y están los casos del Movimiento Apostólico, al que le han negado el derecho, y el de la Antigua Iglesia Católica, en Santa Clara, que solicitó su estatus legal desde 2007 y continúa esperando una respuesta.
Los líderes de esta última organización informaron de que un vecino, que además es el presidente del Comité de Defensa de la Revolución, instala equipos de audio en la calle con música a volúmenes muy altos para interrumpir los servicios de la iglesia.
Y es que tal y como señala CSW, los grupos no registrados son más vulnerables a medidas como la confiscación o demolición de sus templos, ya que su estado no registrado: significa que su propia existencia es ilegal. Muchas iglesias llevan esperando alrededor de 25 años por el permiso legal para existir, lo que prácticamente las ha obligado a reunirse ilegítimamente.
Igualmente se reportan denuncias de líderes religiosos. Precisamente el pastor de la Iglesia Bautista de Majagua, registrada en la Convención Bautista del Este, notificó que en los últimos 18 meses alguien ha lanzado animales muertos y podridos a su propiedad en repetidas veces y que a pesar de haberse quejado de ello formalmente, no se ha investigado nada.
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