La Habana, 4 ago (EFE).- Esta semana fueron anunciadas en Cuba nuevas regulaciones para el trabajo por cuenta propia, unas medidas con las que el Gobierno asegura querer consolidar este creciente sector, pero que algunos cubanos perciben como un paso atrás en la apertura económica de la isla.
Extender las modalidades de trabajo por cuenta propia fue una de las reformas estrella del presidente Raúl Castro para reactivar la maltrecha economía cubana y aligerar de trabajadores el aparato estatal, pero el sector se ha movido a tientas durante años porque su marco legal se ha ido aprobando con cuentagotas.
De las novedades, la más llamativa es que de momento no se otorgarán nuevas licencias para dos de los buques insignia del "cuentapropismo" cubano tanto por número como por ingresos: los restaurantes privados o "paladares" y los alojamientos particulares para turistas.
Los paladares suman unos 2.000, mientras que en la plataforma Airbnb se ofertan unos 22.000 alquileres o "casas de renta", que reportaron a sus propietarios 40 millones de dólares en dos años, según datos difundidos por esa empresa en junio.
Aunque las licencias ya se habían paralizado temporalmente otras veces, es la imprecisa coletilla que acompaña la decisión lo que causa desazón. Las autoridades mantendrán congelados estos permisos "hasta que se haya perfeccionado el sistema".
"Acostumbrados como estamos a no pedir explicaciones (...), todos quedamos sin comprender esta nueva brida que según dicen 'de manera temporal' se le pone a un sector que ha emprendido, como ha podido", afirma el escritor cubano Nelson Simón en un texto replicado en varios blogs independientes.
"Porque ni siquiera dispone de un marco económico y legal propicio, la aventura de diversificar, hacer más creativa y eficiente la pequeña "empresa" de economía doméstica", agregó.
En un país donde las decisiones acaban lastradas por la burocracia y cualquier cambio tarda años en materializarse, el veloz despegue de los negocios particulares al calor del boom turístico no pasó desapercibido.
Según cifras oficiales, Cuba tiene 567.982 trabajadores por cuenta propia, el 12 % de la fuerza laboral del país y de los que el 32 % son jóvenes.
Pero este crecimiento se produjo en un ambiente de indefinición jurídica que ha tenido en un limbo a los negocios particulares hasta muy recientemente.
Tras un largo proceso de debate en los órganos políticos del país, la Asamblea cubana reconoció por fin este año a la empresa privada, aunque el avance vino acompañado de una muy socialista advertencia: no se permitirá la acumulación de riqueza.
Sigue pendiente una ansiada ley de pequeñas y medianas empresas.
Carlos García, fundador de la red para emprendedores cubanos "Kewelta", ha abogado en la web de la compañía por cambiar el término oficial "TCP" (trabajadores por cuenta propia) por el de "trabajadores privados".
"El nombre 'TCP' representa a un sector estatal que ve a quienes trabajamos en el sector privado como una amenaza a nuestra soberanía y un "mal necesario", todo más lejano de una realidad donde queremos aportar a una Cuba en medio de un progreso sin frenos", sostiene.
El Gobierno justifica el frenazo en que el crecimiento del sector ha traído consigo ilegalidades como la evasión fiscal, el blanqueo de capitales procedentes del extranjero y el uso de materiales y productos que no han sido adquiridos al Estado -de momento, la única forma permitida de abastecimiento-.
El propio Raúl Castro cuestionó recientemente ante la Asamblea "qué hace un Estado socialista administrando una barbería de un sillón, de dos o tres sillones", pero en el mismo discurso también cuestionó de dónde sacó el dinero una persona que tiene "hasta cinco restaurantes" y "que ha viajado más de 30 veces a diferentes países".
Al margen de la ínfima cultura tributaria que existe en la Cuba de la revolución, donde el pago de impuestos se reimplantó hace pocos años, la respuesta de muchos cuentapropistas a sus supuestas irregularidades es que el Estado no les facilita las cosas, en especial por la falta de mercados mayoristas.
Es habitual escuchar a trabajadores por cuenta propia quejarse de que, aunque el discurso oficial del Gobierno habla de voluntad de consolidar el cuentapropismo como elemento importante para la economía del país, en la práctica se suceden los cortapisas.
En el último año se han abierto tiendas dirigidas sobre todo a los paladares y casas de alquiler que ofrecen productos en formatos al por mayor (desde latas de conservas a harina en saco, bolsitas individuales de ketchup o bidones de productos de limpieza), pero los precios siguen siendo minoristas.
Otro frenos al desarrollo de la economía privada es que algunas de las profesiones más cualificadas, como las de médico, arquitecto o abogado, tienen aún vetado el trabajo por cuenta propia y solo pueden ejercerse para el Estado.
Aunque la paralización de licencias ha causado inquietud, entre las nuevas medidas también hay pasos positivos como el de unificar algunas categorías del trabajo autónomo para simplificar una burocracia que había acotado las diferentes actividades hasta el absurdo.
Es el caso de otro próspero rubro, el de la belleza, para el que ahora bastará una licencia general frente a las siete categorías -con sus respectivas licencias- identificadas antes: desde masajista a manicura pasando por peinadora de trenzas.
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