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El memorando sobre la nueva política hacia Cuba, firmado por el presidente estadounidense Donald Trump en Miami, amplía sustancialmente el grupo de personas que no pueden recibir remesas en la Isla, informa un reportaje del Nuevo Herald.
Aunque el documento precisa que los cambios normativos no deben prohibir “el envío, procesamiento y recepción de remesas autorizadas”, añade más categorías a la “lista negra” en la que primeramente solo se encontraban los miembros del Consejo de Ministros de Cuba y otros altos cargos militares.
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Antes del anuncio de Trump, las excepciones incluían al presidente de la nación caribeña, el primer vicepresidente, siete vicepresidentes, los ministros y un grupo de otros altos funcionarios y militares.
La nueva norma agrega a miembros y empleados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, de las asambleas provinciales, directivos locales de los Comités de Defensa dela Revolución, directores generales, subdirectores y altos funcionarios de todos los ministerios y entidades estatales cubanas, empleados del Ministerio del Interior y del Ministerio de las Fuerzas Armadas así como empleados del Tribunal Supremo Popular.
El memorando también afecta a secretarios y primeros secretarios de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y altos directivos de los principales medios de comunicación cubanos.
William LeoGrande, profesor de la American University especializado en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, considera que esta categoría tan amplia podría incluir a una cuarta parte de la fuerza laboral cubana.
“Esto significa una prohibición de recibir remesas a millones de personas que trabajan para los militares y GAESA”, dijo al Herald, refiriéndose al conglomerado militar cubano que controla una amplia parte de economía, incluido el Grupo de Turismo Gaviota.
Ello también “afectaría a muchas familias cubanas, las mismas que Trump ha dicho que quiere apoyar con su nueva política”, dijo LeoGrande. Se calcula que a la isla se envían anualmente $3,000 millones en remesas.
Para el académico, uno de los grandes problemas con la nueva norma radica en su ambigüedad. Por ejemplo, debe redactarse con precisión cómo definir a los empleados del Ministerio de las Fuerzas Armadas.
Según el análisis del abogado radicado en Washington Robert Muse, si todos los varones cubanos deben pasar por el servicio militar obligatorio ¿significa esto que un soldado en servicio activo es un empleado del Ministerio de las Fuerzas Armadas y no puede recibir remesas?
“Hay que esperar a una definición más precisa de lo que eso significa”, acotó. Tampoco se sabe si una persona que ocupa el cargo de oficinista o empleado de bajo nivel de una empresa de GAESA se considera empleado del Ministerio de las Fuerzas Armadas.
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