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A algunas de las familias que protestaron el pasado viernes frente a las oficinas de la Cruz Roja de Surinam con el objetivo de regularizar su situación legal en ese país, las obligaron a salir de los apartamentos en que permanecían viviendo hasta el momento.
La congregación de estos 16 opositores estaba dirigida a encarar al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en Paramaribo, capital de ese país, pues desde hace ya un año permanecen en un limbo legal que no les permite obtener documentos para trabajar ni enviar a sus hijos a la escuela.
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Sin embargo, algunos de los opositores han declarado que el objetivo de la protesta y la información que mediante entrevistas ofrecieron a la prensa local, han sido tergiversados.
De acuerdo con la Dama de Blanco, Ivoyni Moralobo Melo, quien solicitó junto a su esposo Servilio Villegas Marrero el asilo desde noviembre de 2016, “la prensa de aquí ha venido en varias ocasiones a hacernos entrevista y han tergiversado las preguntas que nos han hecho. Entonces han dicho que nosotros le estamos haciendo reclamos al gobierno de Surinam, por lo que hoy hicimos un cartel en holandés de que nosotros no tenemos problemas con el gobierno de Surinam, nuestro reclamo pacífico es al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados”, dijo a Martí Noticias.
Moralobo y su esposo Servilio Villegas Marrero se han visto obligados a abandonar el apartamento donde vivían. Según cuenta, el dueño de la renta comunicó a su esposo “que Inmigración había llamado para pedirle permiso para entrar a la renta por la protesta pacífica que tenemos frente a la ACNUR porque estábamos exigiéndole al gobierno de Surinam”.
De acuerdo con declaraciones de Marlobo, la directora de la oficina intentó que su esposo abandonara la protesta a cambio de los documentos de asilo: “Llamó a mi esposo Servilio Villegas y a Pavel Herrera Hernández el viernes para decirles que dejara la protesta, que si la dejaban ella podía agilizar los papeles para que nosotros saliéramos de aquí”, dijo.
Por otra parte, a José Antonio Moreira Laffita, esposo de la opositora Hortensia Milián Pedroso, también fue obligado a abandonar el lugar donde vivía.
Este grupo de 16 personas, entre los que hay niños, tienen asilo político en Surinam con un permiso de residencia por un año, pero les hace falta otro estatus o documentación en el país para residir legalmente y acceder a puestos de trabajo.
En estos momentos, Marlobo y los demás temen una deportación: “Tenemos temor con lo que ha sucedido, más con el problema que hubo de la prensa, porque podemos ser desaparecidos y no pasa nada”.
con información de Martí Noticias.
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