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Miami (EFE).- El Senado de Estados Unidos confirmó al abogado Alexander Acosta como nuevo secretario de Trabajo de Donald Trump, con lo que pasa a ser el único hispano del Gabinete.
En su carrera profesional ha destacado por su defensa de los derechos de los musulmanes. Nacido en Miami hace 48 años, fue en 2003 el primer fiscal general adjunto hispano del país y un procurador federal que llevó a juicio a líderes de carteles del narcotráfico de Colombia y a reconocidos políticos estadounidenses en sonados casos de corrupción en el sur de Florida.
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De padres cubanos, Acosta amplía la lista de los hispanos a cargo del Departamento de Trabajo, con Thomas Pérez e Hilda Solís como sus antecesores durante el Gobierno del presidente Barack Obama (2009-2017).
Pérez de origen dominicano ocupó esa cartera entre 2013 y 2017, mientras que Solís, hija de inmigrantes de México y Nicaragua, asumió entre 2009 y 2013.
El hasta ahora Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida (FIU), con sede en Miami, se ha destacado como ejecutivo privado y también en cargos federales.
Licenciado en Derecho y Economía por la Universidad de Harvard, trabajó de la mano del juez del Tribunal Supremo de EE.UU., Samuel Alito, en la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito antes de vincularse a la firma legal Kirland & Ellis, en Washington.
Fue integrante de la Junta Nacional de Relaciones Laborales (2002-2003) durante la Presidencia de George W. Bush (2001-2009), tras lo cual fue nombrado fiscal general adjunto para la división de Derechos Civiles del Departamento de Justicia, puesto desde el cual defendió los derechos de los estadounidenses de religión musulmana.
Más adelante, en 2011, Acosta señaló que EE.UU. es una nación construida sobre el principio de la libertad y "en la lista de libertades están en un puesto alto la libertad de expresión religiosa" durante una audiencia en el Congreso sobre la importancia de proteger los derechos civiles de los musulmanes estadounidenses.
Fue el primer hispano en llegar al puesto de fiscal general adjunto, cargo al que renunció en 2005.
El fiscal general de entonces, el también hispano Alberto Gonzáles (2005-2007), dijo que Acosta había hecho un trabajo "destacable" en hacer cumplir las leyes que sustentan los derechos civiles y "promover la igualdad de oportunidades de todos los estadounidenses".
Latino de mayor rango en el Gobierno de Trump
Acosta se convirtió hoy en el latino de mayor rango en el Gobierno de Trump, una posición que reclamaban grupos civiles nacionales como la Asociación Nacional de Funcionarios Electos y Designados (NALEO) cuando el presidente elaboró un gabinete sin hispanos.
El director de NALEO, Arturo Vargas, dijo en enero que Trump debía contar con latinos en "altos cargos federales" para representar la "diversidad" nacional.
Fue entre 2005 y 2009 el fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, y entre otros casos de resonancia tuvo el del cabildero republicano Jack Abramoff por fraude.
También el de José Padilla por terrorismo y el del hijo del expresidente de Liberia Charles Taylor, acusado de tortura en su país, así como varios casos de corrupción en el condado Palm Beach.
Además procesó a los líderes del cartel de Cali, los hermanos colombianos Miguel y Gilberto Rodríquez-Orejuela, por el tráfico de unas 200 toneladas de cocaína.
Acosta renunció a su cargo como fiscal del Distrito Sur, el más importante a lo largo de su carrera judicial, en 2009 tras la llegada de Barack Obama al poder para ser decano de la FIU.
También fue presidente del U.S. Century Bank, el mayor banco de la comunidad hispana de Florida.
Acosta fue reconocido como uno de los 50 hispanos más influyentes del país por Hispanic Business Magazine.
De igual forma, en 2013, la Cámara de Comercio Hispana del Sur de la Florida resaltó sus "logros sobresalientes, liderazgo y determinación durante toda una vida de cuidado y devolución a la comunidad".
El primer designado por Trump para la cartera de Trabajo, el empresario Andrew Puzder, retiró su candidatura a raíz de las numerosas críticas recibidas por parte de senadores republicanos y demócratas por su historial empresarial y personal.
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