Declaración editorial de Periodismo de Barrio (¿Quiénes tienen derecho a contar un país?)

El grupo de jóvenes periodistas cubanos, agrupados bajo Periodismo de Barrio, y quienes recientemente viajaron a Guantánamo para cubrir las incidencias de lo sucedido en esa provincia tras el paso del Huracán Matthew, ha dado a conocer su Declaración Editorial, con respecto a los lamentables hechos en que se vieron involucrados.

Recordemos que estos jóvenes, fueron detenidos mientras realizaban entrevistas a los damnificados, y tomaban fotografías de los destrozos causados por el huracán Matthew, específicamente en los territorios del Sur guantanamero.

Llevados a la sede del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, fueron interrogados por oficiales de la Seguridad del Estado, y luego "aconsejados" de regresar a la capital, desde donde habían salido en días anteriores.

Esta declaración editorial del Grupo, contribuye a arrojar luz sobre el lamentable suceso en que estos jóvenes periodistas fueron imposibilitados de - como explican en el documento - "hacer entrevistas al gobierno local de Imías, a los linieros que trabajaban para restablecer el servicio eléctrico, a los damnificados, a las familias que evacuaron a personas vulnerables, a los maestros, cocineros y directores de escuelas que perdieron techos y libros, a médicos de consultorios que sufrieron afectaciones, a hombres y mujeres que salvaron a otros hombres y mujeres y, también, a sus animales y plantas."

Luego de lo acontecido, muchas voces dentro de la isla se dedicaron a dar una versión de lo acontecido, pero la realidad, la que vivieron sus protagonistas es esta, no otra.

DECLARACION EDITORIAL DE PERIODISMO DE BARRIO (¿QUIÉNES TIENEN DERECHO A CONTAR UN PAÍS?)

El 11 de octubre de 2016, seis miembros del equipo de Periodismo de Barrio y dos colaboradores fuimos detenidos en el municipio Baracoa, de la provincia de Guantánamo. No fuimos detenidos por sonreír. No fuimos detenidos por tomarnos una foto en la cafetería estatal ubicada en el mirador La Gobernadora y publicarla en nuestra cuenta personal de Facebook. No fuimos detenidos por usar el servicio online PayPal en nuestra campaña pública de recaudación de fondos que nos permitiría realizar la cobertura del proceso de recuperación de las comunidades afectadas por el huracán Matthew. Fuimos detenidos por hacer periodismo en Baracoa, en Maisí, en Imías: tres de los principales municipios afectados por el ciclón. Específicamente, por hacer o intentar hacer entrevistas al gobierno local de Imías, a los linieros que trabajaban para restablecer el servicio eléctrico, a los damnificados, a las familias que evacuaron a personas vulnerables, a los maestros, cocineros y directores de escuelas que perdieron techos y libros, a médicos de consultorios que sufrieron afectaciones, a hombres y mujeres que salvaron a otros hombres y mujeres y, también, a sus animales y plantas. Quienes llegaron a Maisí fueron interrogados por funcionarios de la Seguridad del Estado en la sede del Comité Municipal del Partido Comunista de Cuba, mientras intentaban obtener autorización para trabajar en la zona. Quienes llegaron a Jamal fueron detenidos en la vivienda donde nos estábamos alojando.

El argumento empleado fue que en Baracoa, en Maisí y en Imías no se podían realizar actividades periodísticas porque todas las poblaciones estaban bajo estado de emergencia. Según el artículo 67 de la Constitución de Cuba, el estado de emergencia se declara “en caso o ante la inminencia de desastres naturales o catástrofes u otras circunstancias que por su naturaleza, proporción o entidad afecten el orden interior, la seguridad del país o la estabilidad del Estado”. Mientras está vigente el estado de emergencia, los derechos y deberes de los ciudadanos reconocidos por la Constitución pueden ser regulados de manera diferente.

La Ley 75 de la Defensa Nacional norma la manera en que se declara el estado de emergencia y otras situaciones excepcionales. “El estado de emergencia, de conformidad con los Artículos 67 y 93 inciso 1 es declarado por el Presidente del Consejo de Estado mediante una resolución donde exprese las causas que la originan, la delimitación del territorio donde se establece y el plazo de vigencia”. Hasta la fecha, no existe ninguna comunicación oficial pública por parte del Presidente del Consejo de Estado anunciando el estado de emergencia, fuera del anuncio realizado el 4 de octubre por el Estado Mayor de la Defensa Civil alertando a seis provincias cubanas antes del paso del huracán Matthew. Este último pronunciamiento no cuenta con el estatus legal requerido para decretar el estado de emergencia previsto en la Constitución.

De acuerdo con la Ley 75, “en cualquiera de las situaciones excepcionales se garantiza la no exclusión o suspensión de los derechos fundamentales de la Constitución”. Además, “la libertad e inviolabilidad de la persona están garantizadas a quienes residen en el territorio nacional”.

Como parte de las medidas adoptadas y nunca anunciadas públicamente por las autoridades cubanas, el ejercicio del periodismo en las zonas afectadas se limitó a aquellos medios que recibieron acreditación para trabajar en el lugar. Ni la Ley 75 ni la Constitución de la República ni el Código de Ética de la Unión de Periodistas de Cuba, a la que pertenecen dos de nuestros colegas, norman el ejercicio del periodismo durante situaciones de desastres naturales. Si reconocemos que durante situaciones de emergencia se garantiza “la no exclusión o suspensión de los derechos fundamentales de la Constitución”, dentro de los cuales se encuentra la libertad de palabra y prensa, Periodismo de Barrio no violó ninguna ley.

No llegamos a Baracoa con el objetivo de actuar al margen de la ley. Ninguno de nuestros miembros sabía de la necesidad de ‘acreditarse’ antes de salir para la provincia Guantánamo. No obstante, si lo hubiéramos intentado, no habríamos tenido interlocutor. A diferencia de los medios estatales y extranjeros, Periodismo de Barrio no tiene un funcionario público en Cuba ante quien solicitar autorización para realizar trabajo periodístico en determinada región. Por ello, esa noche, en la sede municipal del Ministerio del Interior, pedimos la autorización para realizar los reportajes que habíamos previsto. La respuesta, al día siguiente, después de permanecer en el domicilio durante quince horas aproximadamente como se nos indicó, fue una negativa y la conducción de todos los periodistas a la Unidad de Operaciones del Ministerio del Interior en Guantánamo escoltados por la patrulla 205n del Departamento de la Seguridad del Estado.

Allí fuimos interrogados por segunda vez y nuestros medios tecnológicos fueron requisados. Debimos entregar las contraseñas y las cámaras, grabadoras digitales, computadoras portátiles, memorias flash, lectores de libros electrónicos y teléfonos celulares, y estos fueron chequeados durante al menos cuatro horas. Se nos informó que las imágenes y grabaciones de nuestro trabajo en la provincia serían borradas y que los equipos electrónicos se devolverían. Las tres mujeres que forman parte del equipo de Periodismo de Barrio fueron revisadas físicamente por una oficial para buscar otros medios tecnológicos que hubieran podido ocultar en sus cuerpos, tratamiento que se da a casos predelictivos. Los cinco hombres, no. Los medios tecnológicos fueron devueltos y ningún archivo vinculado al trabajo fue borrado.

En todo momento mantuvimos una actitud respetuosa y cooperativa. Respondimos todas las preguntas sobre Periodismo de Barrio, nuestras vías de financiamiento, los trabajos que deseábamos hacer en la provincia, nuestra experiencia periodística previa, la formación académica que tenemos, la procedencia y destino final de las donaciones individuales de ropa, alimentación y aseo personal que llevamos hasta la provincia. Durante el día 11 y hasta nuestra liberación el 12 de octubre, sobre las ocho de la noche, no se levantó ningún cargo ni se acusó de ningún delito a los miembros de Periodismo de Barrio.

Salimos de Guantánamo como mismo entramos: siendo inocentes.

Pero la inocencia no fue razón suficiente para evitar este arresto arbitrario.

En un contexto donde la ley solo reconoce la existencia de medios estatales y extranjeros acreditados ante el Centro de Prensa Internacional, Periodismo de Barrio se inserta al margen de estos dos grupos. Somos el resultado de la evolución en las plataformas tecnológicas para la comunicación de información de interés público, de la formación universitaria recibida y de necesidades profesionales que no encuentran cabida en los medios de comunicación existentes. Y no somos los únicos.

Numerosos medios de comunicación se han creado durante el último año sin ninguna garantía de reconocimiento legal o de protección al ejercicio de la profesión. La mayor parte de las historias publicadas en los mismos demuestran seriedad, balance en el uso de fuentes, un alto sentido ético y un profundo respeto por las realidades, en plural, de nuestro país. También reconocemos que hay historias que requieren de mayor investigación y rigor informativo. Su existencia, la de sus lectores y la de los cientos de profesionales agrupados alrededor de los mismos debería iniciar un debate público incluyente en la sociedad sobre la estructura de propiedad de los órganos de prensa. Este debate podría dar lugar a una ley de medios de comunicación donde se considere, al menos, la propiedad cooperativa además de la estatal, entre otras formas de propiedad social y pública sobre los mismos.

Entendemos que el carácter público de la prensa en Cuba no queda garantizado solo por la titularidad gubernamental de los medios de comunicación. No es posible contar la verdad de Cuba desde una sola versión, o desde versiones unánimes, que equivaldrían a una sola. No cuando existen tantas versiones que divergen. Para que la verdad de Cuba sea la verdad de Cuba, la confluencia de las verdades de todos, tendría que ser una construcción colectiva donde participaran voces diversas con iguales derechos y deberes.

La Constitución de la República de Cuba, en su artículo 53, reconoce a los ciudadanos “libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista”. Y en la oración consecutiva precisa que “los medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y del interés de la sociedad”. No obstante, con la forma en que ha sido implementada esa lógica no se ha logrado ni un ejercicio pleno de las libertades de prensa y palabra, ni se ha asegurado el uso exclusivo de los medios al servicio del pueblo, ni se ha evitado exorcizar el demonio que inspiró la prohibición de medios privados: el monopolio. Lo que sí se ha logrado, paradójicamente, es una nueva monopolización de la información, de los discursos periodísticos y de las verdades.

Los canales de televisión, las emisoras de radio, las publicaciones impresas, las editoriales, cambiaron de dueño pero no se socializaron. Socializar no es estatalizar. No existen monopolios buenos y malos. Toda monopolización, la realice el Estado, una persona o una corporación, acaba coartando las libertades. Socializar supone regular el poder para que, precisamente, no sea centralizado ni concentrado en una zona de lo social, porque genera en otros desposesiones de poder. Hacer un “socialismo a lo cubano”, adecuado a nuestras circunstancias, no constituye una licencia para violar principios inseparables del socialismo. No se funda una sociedad socialista reproduciendo estructuras de dominación.

No es la primera vez que acudimos a trabajar en zonas afectadas por desastres naturales. Menos de tres días después de la tromba marina que dañó Playa del Caimito visitamos esta zona sin solicitar ningún permiso. Tanto los ciudadanos como las autoridades cooperaron con nosotros en las entrevistas. Seis meses después de las lluvias del 29 de abril de 2015, investigamos las principales zonas afectadas. Tres años después de Sandy, regresamos a Santiago de Cuba.

Periodismo de Barrio publica reportajes e investigaciones que intentan profundizar en las realidades que abordamos. Los medios estatales cubanos e instituciones como la Defensa Civil y el Instituto de Meteorología han realizado siempre una cobertura extensa antes, durante y después de fenómenos meteorológicos extremos. Pero el ciclo de las noticias es rápido y, a menudo, los damnificados salen de las cabeceras de los periódicos pasadas unas semanas o unos meses de ocurrido el desastre natural. Otras realidades ocupan las agendas de nuestros diarios. Pero, incluso si esas otras realidades no ocuparan las agendas de nuestros diarios, las necesidades informativas de la ciudadanía no quedan agotadas por la cobertura del desastre ante la extensión en el tiempo de sus consecuencias. Tampoco Periodismo de Barrio las puede agotar.

Es deber de nuestro medio realizar el seguimiento del proceso de recuperación, que usualmente tarda años. Es deber de nuestro medio acompañar a los más vulnerables. Es deber de nuestro medio fiscalizar que la Revolución, efectivamente, no deje a nadie abandonado. A menudo, esta frase se usa justo tras el paso del huracán y luego es olvidada por algunos funcionarios públicos encargados de convertirla en panes y tejas; tal como ocurrió con los colchones de los damnificados del municipio Diez de Octubre en abril de 2015. Esta fiscalización no debe ser entendida como amenaza, sino como parte de nuestro derecho a tener bajo escrutinio público a nuestros representantes.

Sabemos que Baracoa, Imías y Maisí son hoy zonas de desastre y conocemos los peligros inmediatos derivados: epidemias, escasez de agua y alimentos, falta de electricidad, entre otros.Nuestra intención no fue, en ningún caso, entorpecer el trabajo de la Defensa Civil ni del gobierno local sino contribuir a enfrentar lo ocurrido desde nuestras posibilidades profesionales. Cada minuto que pasamos en Baracoa, Imías y Maisí, cada casa afectada que visitamos se convirtió en una reunión de vecinos. “Los periodistas llegaron”, decían unos a otros y lo que comenzaba siendo la entrevista de una embarazada evacuada terminaba convirtiéndose en una reunión de quince, veinte personas que narraban sus experiencias. A nadie engañamos. Ante todos nos presentamos como miembros de Periodismo de Barrio y explicamos el objeto social del medio. Aun así, cuando nos íbamos, nos bendecían. Y cuando decían “que Dios te bendiga”, estaban bendiciendo nuestras plumas y nuestros oídos, con capacidad para servir de altavoz a sus realidades.

Quien conoce al pueblo cubano sabe de su dignidad. Cada entrevistado sufría sus pérdidas materiales, pero celebraba haber conservado su vida. Los presidentes de Consejos Populares y delegados llevaban días sin dormir para contabilizar los daños ocasionados por el huracán. Familias con techo prestaban sus viviendas a familias sin techo. Y todavía quedaban lugares incomunicados.

A Baracoa llegamos con preguntas: ¿cómo se está distribuyendo la ayuda humanitaria?, ¿cómo se realiza la asistencia a los damnificados con materiales de la construcción, alimentación, ropa, etcétera?, ¿cuáles fueron las medidas que se tomaron para proteger a los refugiados haitianos?, ¿cuáles son las condiciones en que quedaron las comunidades costeras y qué medidas se tomarán para relocalizarlas?, ¿cuáles fueron los principales daños a la agricultura, la vivienda?, ¿cómo se organizaron los centros de evacuación?, ¿cuál fue el papel de los radioaficionados para mantener comunicadas a las zonas que estaban incomunicadas?, etcétera.

La cifra de damnificados no es baja. Sí lo es la cifra de medios de comunicación que se encuentra cubriendo la zona. Estamos hablando de cientos de poblados, remotos algunos, incomunicados otros, inaccesibles, de miles de personas que necesitan ser escuchadas. Durante nuestra detención en el Comité Municipal del Partido Comunista de Maisí, una funcionaria señaló una nota publicada en el periódico Venceremos para probar su punto de vista: había cobertura periodística en el lugar.

Casi 600 agencias de prensa y medios extranjeros se acreditaron para la cobertura de la visita del presidente estadounidense Barack Obama a La Habana. El diario Granma, en un artículo publicado el pasado 14 de octubre, apenas puede citar menos de diez agencias extranjeras trabajando en Guantánamo además de los medios de esta provincia. En las más de 45 entrevistas que realizamos durante las doce horas que pudimos trabajar, ningún damnificado había sido visitado por otro medio de comunicación. Éramos los primeros en llegar a ellos. Éramos los únicos. Los diarios estatales (especialmente los medios de Guantánamo) y los medios extranjeros habrían llegado a otros, pero Baracoa, Maisí e Imías son hoy un hervidero de gente que necesita contar sus historias. Los periodistas guantanameros, vale destacar, han seguido trabajando y visitando barrios incomunicados a los que cuesta días llegar sin detenerse a pensar en las pérdidas materiales propias.

Quienes hoy cuestionan los mecanismos de financiamiento de Periodismo de Barrio olvidan oportunamente que hacer periodismo cuesta. En el caso de los medios estatales, el Estado subvenciona el costo de los medios de producción fundamentales. Esto no significa que sean gratis. No fue gratis el helicóptero empleado para sobrevolar las zonas incomunicadas, no son gratis las horas de acceso a Internet que se garantizan en las casas y centros de trabajo de periodistas estatales, las computadoras, los carros, el combustible que emplean los carros, las cámaras fotográficas, la electricidad y los grupos electrógenos usados para mantener emisoras de radio al aire después de cortes eléctricos. No son gratis las oficinas, las sillas, las mesas, los teléfonos fijos y celulares.

El Estado, durante más de 50 años, ha evitado a los periodistas pensar en la dimensión económica de la actividad que realizan mediante el financiamiento de sus medios de producción. Sin esta subvención, se verían imposibilitados de existir. Este financiamiento impone obligaciones correlativas, pues es provisto por la ciudadanía y, como tal, es público, por lo cual los medios estatales tienen como deber responder a las necesidades múltiples de ese público. Ahora y siempre, el deber de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de estos recursos debería ser una práctica habitual.

Los medios que carecemos del apoyo económico del Estado debemos buscar otras formas de gestión económica. Algunos acuden a la publicidad, al pago por contenido o el pago por servicios, a convenios de colaboración con otros medios u organizaciones no gubernamentales y a los financiamientos colectivos. El crowdfunding es un método empleado desde hace varios años por los usuarios de Internet para financiar proyectos individuales y colectivos. Mediante el mismo, los lectores tienen la libertad de decidir si quieren colaborar o no. Además, es un método que permite saber el monto donado y la identidad de cada usuario. El sueño de cualquier medio de comunicación es ser financiado exclusivamente por sus lectores. En nuestro caso, empleamos el servicio online PayPal, inaccesible en Cuba debido al bloqueo de Estados Unidos hacia la Isla. Consideramos que es una política arbitraria, injusta, que intenta asfixiar económicamente al pueblo cubano y, por tal motivo, seguiremos buscando maneras de que no afecte el trabajo de nuestro medio. Confiamos en los lectores y funcionó. En menos de 48 horas recaudamos el dinero necesario para ir a Guantánamo.

Hay bloqueo económico y financiero de Estados Unidos para las empresas estatales cubanas y para Periodismo de Barrio. No hay excepciones. No hay mano blanda. Y tanto las empresas estatales cubanas como Periodismo de Barrio han aprendido a burlarlo. La estrategia de Periodismo de Barrio para usar PayPal es sencilla: usamos la cuenta de una colaboradora y amiga residente en otro país y luego enviamos el dinero hacia Cuba empleando una agencia legal de envío de remesas.

Hemos recibido numerosas críticas y sugerencias sobre el dinero recaudado para realizar la cobertura. La mayoría de ellas procedentes de lectores, bien argumentadas y con la clara intención de mejorar el ejercicio periodístico de Periodismo de Barrio. No haremos oídos sordos a las mismas. Consideramos que el papel de la prensa en la reconstrucción también pasa por establecer alianzas con otros medios de comunicación, identificar proyectos organizados en los lugares afectados que necesiten ayuda y que puedan redistribuirla, tales como los gobiernos locales o la Cruz Roja. Cubrir un desastre natural, nos han señalado nuestros lectores, trasciende el ejercicio periodístico mismo. Es por ello que valoramos, en futuros trabajos, la posibilidad de hacer resúmenes ejecutivos con las necesidades y las formas de acceder y distribuir las ayudas que sean relevantes tanto para los gobiernos locales como para las organizaciones no gubernamentales y así contribuir con quienes laboran en las zonas de desastre. Informar, en estos casos, no es el único deber.

Condenamos la detención arbitraria de periodistas en cualquier lugar del mundo. Y también la condenamos en Cuba. Al hacerlo, los órganos de la Seguridad del Estado no solo limitan nuestro derecho de expresión y prensa garantizado por la Constitución, sino también la libertad de palabra de cada uno de los individuos que elige hablar con un medio de comunicación.

El 11 de octubre no solo se silenció a Periodismo de Barrio, se silenciaron también todas las comunidades y personas que querían hablar con nuestros periodistas. El 11 de octubre, las autoridades cubanas intentaron definir quiénes son los que tienen derecho a contar las historias de nuestro país. Porque creemos que ese derecho atañe a la ciudadanía cubana completa, porque esas historias necesitan ser contadas, regresaremos a Baracoa, Imías y Maisí una vez termine el estado de emergencia.