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El más grande escándalo fiscal de los últimos tiempos, destapado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, sigue revelando aún los nombres de las 214.488 sociedades encubiertas en paraísos fiscales. Para sorpresa de muchos y no tanta de otros, uno de estos titulares involucra a los gobiernos de Cuba y Venezuela.
Se trata de los llamados ‘Papeles de Panamá’, unos 11,5 millones de documentos internos del despacho panameño de abogados Mossack Fonseca, los cuales abarcan desde correos electrónicos a cuentas bancarias o pasaportes, y donde figuran los nombres de 128 políticos, 61 familiares o socios cercanos a ellos, empresarios, futbolistas o actores.
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Ahora bien, en una publicación conjunta entre el portal venezolano Armando.info y el peruano IDL Reporteros, se divulgó que el gobierno cubano está detrás y posee fuerte control sobre el sistema de personalización de pasaportes y cédulas electrónicas de Venezuela, renovadas por Chávez a finales de 2005 con “ayuda” de Cuba.
La Habana proporcionó este servicio a través de una empresa denominada Albet Ingeniería y Sistemas que crearon en la isla solo para este fin. Según el reporte, la intermediación de La Habana se dio luego de descartar a empresas estadounidenses y chinas, e incluyó transferencias y comisiones que pasaron por al menos cuatro países.
En el documento filtrado quedó expuesto que la totalidad de las licencias de uso de las aplicaciones informáticas relativas al software, al hardware y a las licencias serían transferidas a la parte cubana involucrada en el contrato, en este caso el Banco Financiero Internacional S.A de Cuba, denominado como "Banco de Albet".
Con la filial “Albet” de por medio, el gobierno cubano adquirió "un derecho de uso perpetuo, no exclusivo e intransferible a través del software entregado junto con el sistema".
Hace cinco años, el diario El Nacional alertó sobre la capacidad de acceso de los servicios cubanos de inteligencia al sistema de elaboración de las nuevas cédulas "gracias a un convenio secreto que excluyó del proceso la participación de técnicos venezolanos", según declaró Anthony Daquin, que tras denunciar el caso pasó de Asesor del Ministerio de Interior y Justicia a exiliado en los EE.UU.
El texto hacía énfasis en que la parte cubana tenía la posibilidad de "incluir o borrar información de las bases de datos y hasta expedir documentos de identidad venezolanos a ciudadanos de otros países".
“Los pasaportes venezolanos se han expedido de esa forma a la sombra de un absoluto hermetismo. La negociación –hasta ahora guardada en secreto– establece cláusulas expresas de confidencialidad y no en uno ni en dos, sino en todos los contratos", aseveró la investigación.
Los documentos del Mossack Fonseca revelaron incluso más detalles en el caso de las identificaciones y pasaportes venezolanos. El gobierno de la isla dejó en manos de la compañía alemana Bundesdrukerei el diseño y la fabricación de los documentos, la cual se ocultó a través de varias empresas del banquero peruano Francisco Pardo.
Estamos hablando de la sociedad Billingsley Global Corp, una empresa offshore que ya estaba registrada en Panamá y que permitía los envíos de dinero entre Cuba y Venezuela. Pardo, a su vez, obtuvo la empresa con el aval de Pedro Pablo Kuczynski, actual candidato presidencial de Perú.
Según la investigación, la empresa alemana evitó ser vinculada con estos negocios y hacer un trabajo casi secreto por la "mala reputación" que podría adquirir luego de involucrarse con gobiernos totalitarios como los de Venezuela y Cuba.
Billingsley Global Corp obtuvo alrededor de 64 millones de euros de los cuales 40 millones eran para la empresa de Alemania, encargada de los insumos para los pasaportes y los restantes 24 millones fueron hacia esta empresa de Pardo en Ciudad de Panamá.
(Imagen tomada de: lapatilla.com)
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