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Actualmente en Cuba casi el 20% de la población está por encima de los 60 años. La Encuesta Nacional de Envejecimiento, realizada en el 2010 por el Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE), de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), alertaba de que en tan solo dos décadas Cuba sería el país más envejecido de América Latina y según estimaciones demográficas, para el 2035 casi un tercio de la población cubana (3,6 millones de personas) superará la sexta década de vida.
La longevidad en Cuba y el aumento de expectativa de vida son datos indudablemente positivos, pero si se dan en un contexto con bajos índices de natalidad, esto supone, como para cualquier país, un problema y una amenaza al equilibrio de sus sistemas de bienestar, pues el poseer cifras de población activa inferiores a las de personas de la tercera edad no cotizantes a la seguridad social, implica una carga asistencial extra las mayoría de las veces insostenible.
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Según datos del Anuario Demográfico de Cuba para el año 2013, la tasa bruta de natalidad se situaba tan solo en 11.2 por cada mil habitantes. Las causas de las bajas natalidades en Cuba son complejas y no parecen ser solo consecuencia de factores económicos que no incentivan la descendencia numerosa, ni de cambios en la planificación familiar e inserción laboral de la mujer que retardan la concepción del primer hijo.
Problemas de fertilidad, asociados a la existencia de enfermedades de transmisión sexual o infecciosas a repetición, y el uso de los abortos y las llamadas regulaciones menstruales como métodos anticonceptivos, están influyendo también en al aumento de los problemas para la concepción e incidiendo negativamente en los índices de natalidad.
A todo lo anterior hay que unir el nada despreciable peso de la emigración de personas jóvenes, en edad laboral y reproductiva, que abandonan Cuba y no contribuyen al aumento y reemplazo poblacional.
Es por todo esto que, según señalan algunos medios, el estado cubano considera este problema demográfico como un asunto prioritario, para cuya solución implementaría incentivos económicos y fiscales que favoreciesen el aumento de la natalidad y el número de descendientes por familia, y continuaría apoyando los actuales programas asistenciales de reproducción -completamente gratuitos- para favorecer la fecundidad en los casos requeridos.
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