En el contexto de la creciente presencia del sector privado en Cuba, la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), el único sindicato permitido y subordinado al régimen, celebró recientemente la Conferencia Provincial en Pinar del Río, en preparación para su 22 Congreso.
En este encuentro, el secretario general de la CTC, Ulises Guilarte de Nacimiento, destacó los retos de la organización ante el aumento de trabajadores en formas de gestión no estatal, que ya representan más del 13% de la población económicamente activa, según un reporte del NTV.
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"Más del 13% de la población económicamente activa del país labora ya bajo forma de gestión no estatal. Y ello incorpora al trabajo del sindicato retos importantes en tener el liderazgo suficiente, en el reconocimiento de esos trabajadores, en asegurar la organización de ellos y también su sindicalización", declaró Guilarte de Nacimiento, dejando en evidencia la intención del régimen de controlar y supervisar un sector que opera al margen de las tradicionales estructuras estatales.
Un contexto de cambios y contradicciones
La preocupación por la sindicalización de trabajadores del sector no estatal no surge en un vacío. En los últimos años, el régimen ha intentado adaptar el modelo socialista centralizado a una realidad económica que demanda mayor apertura. Sin embargo, estas adaptaciones se han caracterizado por un constante control estatal.
En 2024, el régimen cubano aprobó nuevas reglas para el sector privado, incluyendo mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia. A pesar de esto, en múltiples ocasiones, el propio presidente Miguel Díaz-Canel ha culpado a este sector de problemas como la falta de liquidez en la economía, mientras al mismo tiempo busca atraerlo al redil ideológico del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Incluso ha llegado a proponer la creación de comités de base del PCC y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) dentro de las mipymes, con el objetivo de "garantizar la unidad" y el control político en estas estructuras.
El intento de sindicalizar a trabajadores no estatales sigue esta misma línea de control. Desde 2021, las tarifas del sindicato han aumentado significativamente, alcanzando hasta 600 pesos anuales, lo que ha generado rechazo incluso entre los trabajadores del sector estatal, tradicionalmente obligados a afiliarse.
Este descontento refleja la falta de confianza en una institución que, en lugar de defender los intereses de los trabajadores, se percibe como un brazo ejecutor del régimen.
Problemas estructurales y discursos vacíos
En la conferencia de la CTC en Pinar del Río, también se debatieron temas como la producción de alimentos, la diversificación económica mediante la innovación y la exigencia hacia las administraciones locales. Sin embargo, los discursos ignoraron las fallas estructurales del modelo económico centralizado que limita tanto al sector estatal como al privado.
El régimen reconoce abiertamente la falta de dinero para pagar salarios y la crisis económica que atraviesa el país, pero sigue apostando por una narrativa de exigencia hacia los trabajadores y las empresas privadas, en lugar de implementar reformas profundas que permitan mayor autonomía económica.
Además, en un contexto de represión hacia el sector privado, como la reciente cancelación masiva de licencias comerciales, resulta paradójico que el sindicato hable de "liderazgo" y "organización" de estos trabajadores.
Control versus libertad económica
La creciente participación de los trabajadores del sector no estatal en la economía pone de manifiesto las contradicciones de un régimen que intenta mantener el control sobre un ámbito que demanda mayor libertad.
Las mipymes, cooperativas y trabajadores por cuenta propia han demostrado ser una respuesta a la incapacidad del Estado para satisfacer las necesidades de la población, pero enfrentan un entorno regulatorio restrictivo que dificulta su desarrollo.
El enfoque de la CTC en la sindicalización de este sector se enmarca en una estrategia más amplia de control político e ideológico. Sin embargo, la falta de representatividad del sindicato y su subordinación al régimen generan dudas sobre su capacidad para defender los intereses de estos trabajadores en un entorno económico marcado por la incertidumbre y la represión.
La intención de sindicalizar a los trabajadores del sector no estatal refleja tanto el reconocimiento de su creciente importancia como la preocupación del régimen por mantenerlos bajo su control.
Sin embargo, en un país donde el sindicalismo independiente está prohibido y el Estado regula cada aspecto de la vida económica, resulta difícil creer que esta medida beneficiará realmente a los trabajadores. Por el contrario, podría ser otra herramienta para reforzar el control estatal y frenar las aspiraciones de autonomía económica que este sector representa.
Mientras tanto, los trabajadores cubanos, tanto estatales como no estatales, siguen enfrentando los retos de una economía en crisis, con pocas esperanzas de mejoras significativas bajo las condiciones actuales.
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