En vísperas del 10 de enero de 2025, fecha en la que Nicolás Maduro planea asumir un tercer mandato presidencial en Venezuela, el país se encuentra en un estado de alta tensión política y social.
La anunciada intención de Edmundo González Urrutia, líder opositor y reconocido por diversos sectores internacionales como presidente electo, de regresar al país para asumir el cargo, ha llevado al gobierno de Maduro a intensificar las medidas de seguridad y control en todo el territorio nacional.
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Informes recientes indican que el Directorio General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) ha tomado el control de la Base Aérea La Carlota en Caracas, bajo el mando del coronel Alexander Granko Arteaga, conocido por su lealtad al régimen y acusado de violaciones de derechos humanos.
Así lo reportó en sus redes sociales Tamara Suju, abogada defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de Casla Institute, indicando que Granko Arteaga fue denunciado por cientos de víctimas ante la Corte Penal Internacional (CPI) por crímenes de lesa humanidad.
Además, subrayó su papel de líder de la “operación TUN TUN”, una práctica sistemática de “represión generalizada que llevó a decenas de personas a las cárceles, sin importar su estado físico ni edad”.
“Granko Arteaga responde al jefe del DGCIM, Nicolás Maduro, y a su director general, el mayor general Javier Marcano Tábata. Así estarán de incompletos y cobardes, que sacaron a los cuerpos de inteligencia a ‘patrullar’ y tomar Caracas para que el tirano trate de quedarse en el poder de nuevo”, observó la experta.
La actuación del régimen de Maduro forma parte de una estrategia más amplia para reforzar la presencia militar en la capital y otras regiones clave, con el objetivo de prevenir posibles movilizaciones opositoras y garantizar la continuidad del gobierno actual.
La militarización de Caracas ha generado un impacto significativo en la vida cotidiana de los ciudadanos. Se han reportado extensos controles vehiculares en las principales vías de acceso a la ciudad, provocando congestiones de tráfico de hasta 15 kilómetros.
Los funcionarios de seguridad revisan minuciosamente cada vehículo en busca de posibles amenazas al orden establecido, lo que ha incrementado la sensación de inseguridad y temor entre la población.
Paralelamente, el gobierno ha emitido órdenes de captura contra González Urrutia, acusándolo de delitos como conspiración, usurpación de funciones y legitimación de capitales, entre otros.
Se ha ofrecido una recompensa de 100,000 dólares por información que conduzca a su arresto, en un intento por neutralizar su influencia y desincentivar su retorno al país.
A pesar de estas medidas, González Urrutia ha iniciado una gira internacional para recabar apoyo en su lucha por la democracia en Venezuela.
Tras reunirse con el presidente argentino Javier Milei en Buenos Aires, donde fue recibido por una multitud de venezolanos exiliados, González Urrutia expresó su determinación de regresar a Venezuela para asumir el mandato que, según él, le fue otorgado por el pueblo en las elecciones de julio de 2024.
La comunidad internacional sigue de cerca estos acontecimientos. Países como Argentina, Uruguay, Ecuador y Costa Rica han reconocido a González Urrutia como presidente legítimo de Venezuela, mientras que otros gobiernos mantienen una postura cautelosa ante la crisis política en el país sudamericano.
En este contexto, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la creciente represión y la militarización del país, advirtiendo sobre posibles violaciones a las libertades fundamentales de los ciudadanos. La situación en Venezuela se torna cada vez más crítica, con un desenlace incierto en los próximos días.
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