La Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila confirmó la detención y encarcelamiento de cinco personas mayores de edad por su participación en recientes protestas en el territorio.
Estas manifestaciones estuvieron motivadas por los prolongados apagones y la precariedad en las condiciones de vida que enfrenta la población, pero el régimen no dudó en desplegar su arsenal represivo contra los manifestantes.
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En una revista informativa especial, Mayda Montejo García, Fiscal Provincial de Ciego de Ávila, dijo que las acciones de los manifestantes representaron un riesgo para la seguridad pública, al interrumpir el tráfico y generar altercados.
"Cuando una persona se manifiesta en lo que considera momentáneamente un acto justo, puede estar poniendo en peligro la seguridad pública", afirmó Montejo García.
Subrayó que en el Código Penal vigente, Ley 143 establece los procedimientos para tratar estos actos que trascienden lo administrativo y se convierten en delitos.
La fiscal pidió a la ciudadanía evitar manifestaciones públicas, argumentando que estas afectan a otros conciudadanos y obligan al Estado a intervenir mediante la aplicación del derecho penal.
"No vayan más allá del simple reclamo de un derecho porque, lejos de favorecer, lo que hacen es perjudicar al conciudadano que está a su lado con las mismas vicisitudes, y obligan a la Fiscalía a intervenir y aplicar la represión desde el derecho penal, imponiendo penas que, en definitiva, no complacen a ninguno de los fiscales", declaró Montejo García.
Por su parte, el fiscal Ismael González Sánchez detalló que las protestas en Ciego de Ávila contaron con la participación de alrededor de 50 personas adultas y algunas iban acompañadas de menores de edad.
Los manifestantes, según González, cerraron el tráfico y demandaron soluciones al gobierno local. Durante el incidente presuntamente se registraron agresiones físicas, aunque estas no fueron especificadas.
Tras investigaciones de la policía, cinco personas adultas fueron identificados como "instigadores" principales y posteriormente fueron detenidos. Se les ha impuesto prisión provisional mientras se desarrolla el proceso judicial en su contra.
La Fiscalía General de la República confirmó detenciones de manifestantes en varias provincias cubanas y respaldó la actuación de las fiscalías provinciales, advirtiendo que cualquier manifestación que altere la tranquilidad será tratada con el rigor de la ley.
Este caso refleja el creciente descontento social en Cuba, donde las limitaciones económicas y las medidas represivas están generando tensiones cada vez más palpables entre la población.
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