La Contraloría General de la República, órgano fiscalizador del régimen cubano, la Fiscalía y el Ministerio del Interior han destapado 13 casos de corrupción en Sancti Spíritus durante el año pasado. Esta cifra se encuentra en el promedio anual de escándalos que estallan en el territorio (15), asegura Jesús Gerardo Martín Casanova, contralor jefe provincial.

Sin embargo, la prensa oficialista publicó un balance de siete casos en 2022: cuatro de ellos en gastronomía, dos en Educación y uno en Servicios Comunales, con una afectación económica total de 700.000 pesos cubanos, de los cuales sólo se pudo recuperar cerca de un 55% del dinero. La mayoría de los delitos se concentraron en el municipio cabecera de Sancti Spíritus (6), en los Servicios Comunales, en la tienda de víveres El Polaquito, en el mercado Ideal La Casiguaya, en la bodega Casa Félix, en la escuela secundaria 23 de Diciembre y en el politécnico Ernesto Guevara. En 2021 se detectaron otros 10 casos.

De ser esos los datos reales no estaríamos ante una cifra (13 casos) ubicada en la media histórica de la provincia sino en el doble de casos de un año a otro. Así, en 2023 se produjo un desfalco "de gran magnitud" en la Empresa Provincial de Campismo, aunque también se han realizado operaciones anticorrupción en órganos locales del Poder Popular, en el Ministerio de Turismo y en el sector del comercio y la gastronomía, que es el que acumula más intervenciones a lo largo de los años. En ninguno de estos hechos se habrían visto involucrados dirigentes de primer nivel, asegura la Contraloría que, no obstante, responsabiliza a los directivos de estar "dejando de hacer y de supervisar".

Esto ocurre, añade el organismo fiscalizador, porque "el sistema de auditoría en Sancti Spíritus está averiado". Martín Casanova admite que están trabajando con menos de la mitad de los auditores que necesitan. A eso hay que añadir que una parte de la plantilla disponible carece de formación.

La corrupción ha echado raíces en Cuba y la Contraloría General de la República lo reconoce. "Esto no es un problema de la sociedad espirituana sino de la cubana en general porque la tendencia es a que ocurran casos de corrupción en varios sectores", dijo Martín Casanova, que achaca esos "hechos delictivos" "al descontrol de los funcionarios y a la falta de supervisión de los organismos superiores".

También culpa a "la inflación actual y las carencias económicas", que "hacen que personas inescrupulosas traten de lucrar con los recursos del pueblo y no solo beneficiarse ellos, sino también a otros", añadió el contralor, en una entrevista publicada en el diario local Escambray.

Los hechos son tan evidentes que Martín Casanova afirma que si hay corrupción, siempre se detecta. Para atajarla, en opinión del contralor, habría que hacer auditorías a las empresas cada semestre. "Cada 180 días a una empresa estatal se le debería realizar una auditoría, pero el déficit de auditores no permite mantener esta rotación. También se han detectado algunos hechos mediante el propio sistema de control interno de las entidades, pero son los menos", recalcó.

Una vez detectada la corrupción, las empresas deben demostrar cómo eliminar las causas que provocaron el desfalco "y las condiciones que propiciaron que esto fuera posible". Además, los administrativos tienen que acudir a comisiones estatales de control, donde se da seguimiento a los casos penales; tienen que plantear soluciones y presentar una rectificación del plan de prevención.

El desfalco en Campismo

En abril de este año, un joven de 26 años, de profesión contable y residente en Trinidad, fue condenado por el Tribunal Provincial de Sancti Spíritus a 18 años de cárcel por el robo de una alta suma de dinero a la Empresa de Campismo Popular de ese territorio. El desfalco ascendió a 7,9 millones de pesos cubanos y fue detectado por los continuos movimientos de dinero que se hacían entre las cuentas de la entidad.

Oscar Ramón Rodríguez Socarrás, director de Inspección y Control Interno del Grupo Empresarial Campismo Popular, indicó en el juicio que el acusado editaba los estados de cuenta de la empresa en un convertidor de PDF a Word, después de hacer las transacciones a sus cuentas, y así, eliminaba las transferencias a su tarjeta magnética.

De igual manera, fueron multados administrativamente cinco trabajadores de Campismo, entre los que se cuentan el director general, el director adjunto, la directora contable y financiera, la jefa de Recursos Humanos y un especialista de esta última área, por el incumplimiento del deber de preservar bienes en la entidad; lo cual le despejó el camino al sancionado para desfalcar la empresa.