Culebrón montado por la Seguridad del Estado amenaza con destruir a la masonería cubana

Las reacciones en toda la comunidad masónica no se han hecho esperar.

José Ramón Viñas Alonso © José Ramón Viñas Alonso
José Ramón Viñas Alonso Foto © José Ramón Viñas Alonso

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Hace unos días informamos que el proceso judicial promovido por el Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba, Mario Alberto Urquía Carreño, contra el Soberano Gran Comendador del Supremo Consejo del Grado 33, José Ramón Viñas Alonso, había sido un chasco vergonzoso que solo amenazaba con la deslegitimación de la masonería cubana, al pretender esconder al verdadero culpable del supuesto robo de 19 mil dólares destinados al Hogar Nacional Masónico Llansó.

Aquel sábado 17 de febrero, un tribunal carente de base legal y argumentos, tuvo que exonerar de todos los cargos al acusado por “falta de pruebas”; toda vez que la parte acusatoria no se dignó tan siquiera a acudir a defender su caso, basado en el Decreto No. 1575 del 22 de enero firmado por el Gran Maestro que imputaba a Viñas por presuntas violaciones de la legislación masónica al comunicar el robo acaecido el 5 de enero último.


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El 22 de febrero, apenas cinco días después de esta vista, celebrada en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia Masónica, un tribunal de urgencia convocado por el Presidente de la Corte Suprema, Ernesto Valdés García, terminó condenando al Soberano Gran Comendador a siete años de suspensión de derechos masónicos, contradiciendo todo lo recogido en la sentencia No. 01/24.

Las reacciones en toda la comunidad masónica no se han hecho esperar. Para todos, cada vez se hace más claro que el objetivo no es otro que separar de la masonería a José Ramón Viñas, objetivo largamente acariciado por el gobierno castrista y su brazo represor, la Seguridad del Estado, para castigar a este de manera ejemplarizante por su temeridad de criticar abiertamente a la dictadura por su ilegítima represión a las libertades civiles.

Si ignominiosa fue la causa impulsada por Urquía contra Viñas, indignante resultan las barrabasadas cometidas en un proceso signado por el descrédito y el abuso. Frente al apoyo irrestricto que la comunidad masónica tributó a Viñas al salir de la pantomima que pretendía condenarlo, el Gran Maestro y sus gerifaltes no podían sino oponer una obsesión esquizoide que saltara toda la lógica legal para terminar sancionándolo, cumpliendo así con su compromiso con la Seguridad del Estado.

Resulta significativo, por no decir sintomático, que Mario Alberto Urquía Carreño se haya desempeñado por mucho tiempo como Presidente de la Corte Suprema de Justicia Masónica antes de ser elegido como Gran Maestro de la Gran Logia de Cuba y que quien detenta actualmente ese cargo, Ernesto Valdés García, sea, a la sazón, subordinado de Urquía Carreño en su mipyme EDIFICA S.U.R.L.

También se hace muy sospechoso que el Presidente de la Corte decidiera separar de la vista al presidente de la Sala Segunda, magistrado Zamir Brindis Limonta, a todos los efectos el juez, por no poseer “el conocimiento necesario”; algo inaudito a juzgar por la experiencia en juicios masónico anteriores que lo hicieron merecedor del cargo que posee. Más inaudito resulta que ni el Secretario del tribunal ni el propio acusado pudieron asistir por el poco tiempo de antelación con que fueron notificados.

Como se puede observar, el proceso contra Viñas Alonso está cargado de irregularidades y arbitrariedades, clásicas del más irracional despotismo. Para el magistrado Brindis Limonta su suspensión está “fuera de la ley”, pero lo que más lamenta es el “mal proceder” que pone “en tela de juicio” a la Corte Suprema de Justicia Masónica.

Otro masón con amplios conocimientos de legislación masónica, que pidió anonimato por miedo a las represalias, declaró que la sentencia condenatoria en completamente improcedente, pues no la impusieron los que componían la sala desde que empezó el juicio. Además, subrayó que de inicio hay una flagrante violación del derecho masónico, pues el poder ejecutivo (el Gran Maestro y su gabinete) no puede inmiscuirse en asuntos del poder judicial (Corte Suprema de Justicia Masónica). Eso sin mencionar que socaba una alianza tan antigua como el Tratado de Amistad y Mutuo Reconocimiento entre la Gran Logia y la Alta Cámara del Supremo Consejo del Grado 33.

Un viejo masón rompió su consabida prudencia, al afirmar que “esta nueva sentencia, en la que se viola la legislación masónica y luego de un supuesto juicio al que no asistieron ni el acusado ni el Presidente y Secretario de la Sala, corrobora lo que varios hermanos venimos alertando y es la intromisión de la Seguridad del Estado. Probablemente esta sea la mayor de todas, la más descarada en estos 65 años de dictadura”.

En un artículo anterior llamamos la atención sobre la auditoría de la que fue víctima EDIFICA S.U.R.L., la mipyme de Mario Urquía, asentada como una Sociedad Unipersonal de Responsabilidad Limitada, en la que el 100 por ciento del capital social pertenece a una sola persona. En otras palabras, si Urquía es el dueño y señor de su empresa, para evitar ir preso por las violaciones detectadas, decidió pactar con la Seguridad del Estado, aunque eso signifique pisotear los valores que juró defender.

No por gusto la Alta Cámara del Supremo Consejo del Grado 33 separó de sus filas a Urquía Carreño bajo el cargo de traición. Incluso trascendió que esta semana el Patronato y el director del Hogar Nacional Masónico Llansó interpusieron una denuncia ante las autoridades competentes contra el Gran Maestro por “incumplimiento del deber de preservar los bienes de entidades económicas” (Artículo 303 del Código Penal) y por “incumplimiento del deber de denunciar” (Artículo 204).

Como ya hemos dicho, aquí se ve la honradez cartesiana que exhibe la masonería a pesar de los destrozos provocados por su líder. Urquía Carreño debía guardar con celo un dinero destinado a los ancianos y ancianas del Hogar que se encontraban pasando hambre, como constataron algunos altos funcionarios de visita allí y, además, debió denunciar la sustracción enseguida y no esperar casi una semana después y por indicación del Soberano Gran Comendador.

Lo más claro de este proceso emerge de las palabras de otro masón: “Estamos ante una guerra contra el aparato represivo, que quiere deshacerse de quienes le resultamos incómodos, porque saben que los masones están despertando y están asumiendo cada vez más su compromiso con las libertades. Y el Soberano es un ejemplo de eso, miles lo apoyamos, por eso lo han convertido en un blanco de sus ataques”.

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