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Los vecinos condenados por la muerte de las tres niñas tras el derrumbe de un balcón en La Habana Vieja deberán presentarse en de La Habana Vieja deberán presentarse el jueves en el Tribunal Provincial.
Martí Noticias informó que Adrian Frómeta González, su esposa Regla Isabel Rodríguez López, su hermano Alain Wilfrido Frómeta González y su tío Abimael Peña Prado fueron condenados por el Tribunal Supremo a prisión en noviembre pasado, y deberán presentarse ante las autoridades el 22 de febrero tras recibir una citación.
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Las niñas Rocío García Nápoles, de 11 años, María Karla Fuentes y Lisnavy Valdés Rodríguez, ambas de 12 años murieron a finales de enero de 2020, cuando un balcón colapsó sobre ellas en La Habana Vieja.
La familia que vivía en una edificación colindante fue condenada por ese hecho en un polémico juicio en el cual los acusaron de "homicidio por imprudencia".
Adrián Frómeta, residente en Vives #102 entre Águila y Revillagigedo, junto a su esposa Regla Isabel Rodríguez, así como su hermano Alain y su tío Abimael, han insistido en su inocencia y denunciado que las autoridades les impusieron seis y siete años de cárcel sin pruebas.
Frómeta, de 26 años, acusa a las autoridades y al Estado cubano de no asumir la responsabilidad real del desastre, luego de que este los colocara en el centro de críticas de la población por el mal estado del fondo habitacional en La Habana.
Las autoridades los acusaron de que unas acciones de reparación que se realizaban en su vivienda para prevenir las filtraciones ocasionaron la caída del balcón que mató a las menores, cuando en realidad quienes hicieron trabajos cercanos al derrumbe "fueron organismos de SECONS [Servicios de la Construcción], que pertenecen al Estado", se quejó el denunciante.
Según él, la brigada de Servicios Especializados de la Construcción (SECONS), encargada de la demolición del edificio que colapsó y que fue encargada de esta tarea poco antes del suceso, es la verdadera responsable.
En declaraciones a Martí Noticias explicó que "ellos realizaron trabajos en un techo trasero que se mojaba". Las autoridades alegaron que este trabajo afectó el balcón ubicado en la fachada del edificio.
Según documentos del Tribunal Provincial citados por el medio independiente 14ymedio, las autoridades habían ordenado en 2019 la demolición de la segunda planta del edificio por riesgo de derrumbe.
En noviembre de 2023 el Tribunal Supremo Popular de Cuba rechazó el recurso de casación presentado por los cuatro condenados.
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