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Dayana Aranda Batista, esposa del preso político del 11J Juan Enrique Pérez, denunció que sufrió una agresión por parte de dos agentes de la Seguridad del Estado.
“Hoy fui atacada, acosada, maltratada físicamente por dos agentes de la Seguridad, lo cuales me querían secuestrar: sí, porque eso se llama secuestro hacia mi persona, obligarme a acompañarlos no se para dónde”, denunció la mujer.
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Aranda Batista hizo responsable además al agente de la policía política que se identifica como Víctor Alexey por “lo que me pueda suceder a mí y a mis niñas”.
Este represor ya ha enviado varias veces a agentes a su casa “con la intención de hacerme asistir a la PNR supuesta mente para entrevistarme”, lo cual “ha sido con una citación siempre verbal, por lo cual siempre me niego a ir”
Aranda Batista enfatizó en que exigir justicia no es un delito y acusó a la Seguridad del Estado de usar métodos criminales con los presos políticos y sus familiares.
No voy a dejar de pedir libertad. No me voy a quedar callada. No voy aceptar ningún tipo de amenaza. No voy a permitir que se repita lo mismo mientras estuve detenida en la antigua prisión del SIDA, y tampoco voy a permitir que traten de tomar represalias con Juan Enrique. No me van a callar por ningún motivó jamás”, concluyó.
La mujer fue golpeada por los dos agentes cuando pretendían conducirla a un interrogatorio. Ante sus gritos, sus hijas y varios vecinos salieron y los represores tuvieron que dejarla ir.
El activista que se identifica en Twitter como Marcel compartió imágenes de los moretones en sus brazos producto de la agresión.
Juan Enrique Pérez Sánchez cumple una sentencia de ocho años de privación de libertad en la cárcel de Quivicán por los supuestos delitos de sabotaje, desacato y desorden público.
Pérez Sánchez, manifestante de las protestas populares del 11 de julio en Santiago de las Vegas, es padre de cuatro hijos y tiene varios padecimientos de salud, como asma y una hernia discal.
En marzo del pasado año, fue trasladado de la prisión Melena II, en Güines, a la de Quivicán, mientras mantenía una huelga de hambre iniciada el 26 de febrero.
Su familia ha venido denunciando el acoso de la Seguridad del estado por su apoyo a la causa de su liberación. En septiembre pasado, luego de sufrir vigilancia, amenazas y acoso por parte de la Seguridad del Estado, su madre decidió emigrar a EE. UU.
“Mi casa estaba vigilada, acosada. No me dejaban vivir… Me infiltraron personas en la casa, sin yo saber, pensando que eran amistades de mi hijo”, relató la anciana.
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