Una anciana cubana lleva diez años tratando de legalizar su casa en La Habana y no ha podido hacerlo por el mal trabajo y la irresponsabilidad de los funcionarios de la Dirección Municipal de Vivienda (DMV) del municipio Playa.
Celia Guerra Rivero, de 77 años, reside en Calle 9na. B, entre 284 y 7ma., reparto Santa Fe, en una casa que le asignó el Instituto de Investigaciones Agroforestales del Ministerio de la Agricultura (INAF) en 2013, ocho años después de que el huracán Charlie destruyera el local donde vivía con su hija.
Desde entonces, ha perdido la cuenta de los trámites para legalizar el inmueble, pues la DMV le extravió su expediente dos veces, incluidos documentos originales como un dictamen de Planificación Física emitido en 2019.
Según relató al diario Juventud Rebelde, en 2020 el entonces director municipal de Vivienda ordenó archivar su caso porque "los documentos aportados al proceso" no eran suficientes.
Celia continuó sus trámites a través de la subdirección jurídica de la Vivienda del municipio, y presumiblemente todo iba bien hasta que de nuevo desapareció el expediente.
En julio de 2022 tuvo que entregarlo otra vez. Dos meses después, le informaron que su documentación pasaría a la provincia para el acuerdo de aprobación, y de ahí retornaría al municipio para emitir la resolución que le otorga la casa.
"Cada vez que llamé al Fondo Habitacional me informaron que había que esperar, porque en la provincia no tenían tóner para imprimir los acuerdos. Me brindé a apoyar pagando la impresión, pero eso no fue posible. Concluyó 2022 y el primer mes de 2023, y de nuevo en el Fondo Habitacional me dicen que aún tengo que seguir esperando, que no depende de ellos, sino de la provincia", relató.
"Han pasado diez años y mi situación sigue ilegal y no es de mi responsabilidad. Desde 2013 residimos en esta dirección y estamos en la libreta de abastecimiento de la anterior dirección donde residíamos, en la cual hay numerosas personas, con todos los inconvenientes que esto conlleva. Y se agrava, porque hay artículos que son por núcleo", precisó.
A pesar de haberse dirigido a la Oficina de Atención a la Población del Consejo de Ministros, la anciana sigue en espera de resolver su situación.
Y aunque se considera una persona "integrada" y defensora del gobierno, cuestiona la "increíble historia de malos procedimientos e indolencia" que ha sufrido, y exige "mayor exigencia con las personas y directivos que atienden a la población y a sus necesidades".
Son muchas las denuncias de ciudadanos que se ven envueltos en la maquinaria burocrática cubana, y pasan años tratando de legalizar su situación, haciendo trámites que lo único que hacen es chocar contra la ineficiencia, la dejadez y la corrupción.
En mayo del año pasado, Eliane Laza Suárez, residente en el municipio Cerro, en La Habana, denunció un retraso de tres años en un trámite de propiedad de vivienda que se suponía no tardaría más de 90 días.
La mujer presentó la documentación para solicitar la propiedad de su vivienda como cambio de concepto, a nombre de ella y de su hermano, en mayo de 2019, y ahí comenzó la odisea.
En todo ese tiempo, Eliane siguió enfrentándose a la burocracia cubana y quejándose en distintas instituciones e instancias.
"¿Qué tiempo más tengo que esperar? ¿Hasta cuándo la indolencia de funcionarios y trabajadores de las entidades involucradas? ¿Por qué tanta demora con un trámite que aparentemente debe demorar 90 días hábiles, y ya va por tres años?", cuestionó.
También en enero de ese año la sección Acuse de recibo de Juventud Rebelde difundió los casos de tres personas que llevaban entonces entre dos y 31 años esperando para poder legalizar la propiedad de una vivienda.
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