La Corte Suprema de Estados Unidos aplazó el fin del controvertido Título 42 de la era de Trump que permite la expulsión de migrantes de forma expedita hacia México, en respuesta a una solicitud de estados republicanos, informaron medios de prensa estadounidenses.
Este lunes el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, suspendió temporalmente la finalización de la autoridad federal de salud pública, conocida como Título 42, programado para este 21 de diciembre, confirmó el canal televisivo CNN.
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Asimismo, el juez Roberts concedió hasta este martes, antes de las cinco de la tarde, para que la administración Biden responda a la apelación de emergencia presentada por 19 estados liderados por el Partido Republicano.
El Título 42 es la orden federal que hoy bloquea la entrada a EE.UU. de millones de inmigrantes por motivos de salud pública.
La decisión de la Corte Suprema este lunes se produce después de que el último viernes un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del Circuito de Washington rechazara la petición de los estados de suspender la conclusión prevista de esta política, indicó el medio estadounidense Politico.
Este panel de apelaciones también denegó la solicitud de los estados de una suspensión administrativa de siete días, declarando que los estados republicanos esperaron demasiado tiempo para intervenir en el caso sobre la legalidad de la orden del Título 42, que comenzó hace casi dos años.
Un comunicado del fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, quien lidera la propuesta de no cancelar la normativa sanitaria por parte de los estados, apuntó que "la supresión del Título 42 pondría en peligro de forma imprudente e innecesaria a más estadounidenses y migrantes, al exacerbar la catástrofe que se está produciendo en nuestra frontera sur".
"Se calcula que los cruces ilegales aumentarán de 7,000 al día hasta 18,000", aseguró Brnovich, quien argumentó a los jueces de la Corte Suprema que se debería dejar en suspenso la sentencia del tribunal inferior, y que como alternativa, los magistrados deberían conceder una medida cautelar "inmediata" para mantener el statu quo.
"No conceder una suspensión aquí infligirá enormes daños irreparables a los Estados, en particular porque los Estados soportan muchas de las consecuencias de la inmigración ilegal", consideró el fiscal de Arizona.
Por su parte, Stephen Yale-Loehr de la Facultad de Derecho de Cornell y crítico de la política del Título 42, afirmó a Politico que “este es un problema de larga data, más personas que nunca están huyendo de la persecución, la violencia de las pandillas, los Estados fallidos y el cambio climático".
"El Título 42 no es una forma eficaz de gestionar nuestras fronteras; en su lugar, tenemos que promulgar una reforma de la inmigración en Estados Unidos y trabajar con otros países para que la gente no se sienta tan desesperada por marcharse", señaló Yale-Loehr.
En la última semana, el gobierno de Joe Biden advirtió que procedería a repatriar de manera expedita a las personas sin motivos legales para ingresar por la frontera y permanecer en Estados Unidos una vez que expirase el Título 42, previsto inicialmente para este miércoles.
En una declaración emitida la noche del martes pasado, el secretario de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, adelantó la estrategia de la administración Biden ante la suspensión de la orden federal, y que podría atraer una avalancha de inmigrantes irregulares por la frontera sur.
"El DHS procesará a las personas interceptadas en la frontera que no tengan documentos de viaje adecuados usando las facultades que posee desde hace tiempo al amparo del Título 8 [Ley de Inmigración], que prevén consecuencias significativas, incluida la prohibición de reingreso por cinco años de las personas que sean expulsadas", dijo Mayorkas en el comunicado.
Tales consecuencias, precisó, "incluyen asignar a personas a procesos de expulsión acelerada, que permiten al DHS repatriar en forma rápida a quienes no tengan un fundamento legal para permanecer en Estados Unidos".
También la semana anterior, el senador republicano por Florida, Marco Rubio, pidió una extensión del controvertido Título 42 para controlar la crisis de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos.
"Los demócratas con sentido común de la Cámara de Representantes y el Senado deberían unir fuerzas con los republicanos para proteger nuestra seguridad nacional, ampliando las competencias [del Título 42] en el proyecto de ley de financiación de fin de año", apuntó el miércoles último Rubio en un comunicado de prensa, difundido en su página oficial.
También comentó que "sería una locura dejar expirar el Título 42, sin promulgar ningún plan para asegurar la frontera en su ausencia, todo porque un juez activista decidió legislar desde el banquillo. Afortunadamente, en este caso, hacer lo correcto no es difícil, e incluso hay apoyo bipartidista para ello. Así que hagámoslo".
Asimismo, apuntó en su mensaje: "Nuestra terrible crisis fronteriza exige que mantengamos las competencias del Título 42. Esto va más allá de una crisis: es una catástrofe a gran escala". El senador republicano consideró entonces que las cosas "están a punto de ponerse mucho, mucho peor, porque el 21 de diciembre entrará en vigor la descabellada decisión del juez de distrito, Emmet Sullivan, de bloquear la aplicación del Título 42".
"Si las autoridades pierden los poderes de expulsión, creen que la cifra aumentará drásticamente hasta 18,000. Ningún país del mundo puede soportar eso. Siento la mayor compasión por los hombres y mujeres que buscan una vida mejor, pero las fronteras abiertas no ayudan a nadie", sostuvo el legislador de origen cubano, quien afirmó que ante todo esto "el Congreso debe actuar".
En noviembre último, el juez de distrito Emmet Sullivan en Washington prohibió el uso del polémico Título 42 por considerar que la norma era "arbitraria y caprichosa en violación de la Ley de Procedimiento Administrativo".
La decisión fue tomada tras una solicitud de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), junto con otros grupos de defensa de los inmigrantes, a fin de beneficiar a miles de personas que han sido devueltas a México bajo este decreto y esperan en albergues una oportunidad para presentarse nuevamente ante las autoridades migratorias de EE.UU.
A inicios de año los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) recomendaron eliminar la orden, alegando que ya no era necesaria dadas las condiciones actuales de salud pública y la mayor disponibilidad de vacunas y tratamientos para el COVID-19.
Sin embargo, varios funcionarios expresaron entonces su preocupación sobre lo que podría suceder sin el Título 42, dados los recursos limitados para enfrentar la avalancha de migrantes; por lo que en mayo, otro juez federal en Louisiana impidió que la administración Biden terminara con este mecanismo.
Desde que se invocó al inicio de la pandemia por el presidente Donald Trump, el Título 42 ha permitido la expulsión de EE.UU. de 2.4 millones de personas. De ellos, 16,995 fueron cubanos, según los registros oficiales hasta octubre último. Solo en el año fiscal 2022, fueron expulsados 4,905, que esperan en albergues de México.
En noviembre, en Texas comenzaron a ser devueltos a México, al amparo de esta norma, los venezolanos que ingresaban al país, lo cual redujo drásticamente el flujo de esos migrantes.
El miércoles último también trascendió que la actual administración de la Casa Blanca está considerando modificar el tratamiento a migrantes cubanos en frontera.
La administración de Joe Biden está valorando expandir a cubanos, nicaragüenses y haitianos un programa de acceso legal para migrantes venezolanos que solicitan asilo político, mediante el cual se podría volar directamente a Estados Unidos, tras una solicitud desde el extranjero, según el diario The Wall Street Journal, el cual tuvo acceso a los documentos internos de ese programa y a dos funcionarios relacionados con este proyecto.
El periódico añadió que los principales funcionarios de inmigración en Estados Unidos también estarían debatiendo qué nuevas medidas de disuasión adoptar luego del previsto fin del Título 42. Entre esas posibles medidas estaría la reactivación de una política de la era Trump, conocida como la prohibición de tránsito, que impediría a los migrantes obtener asilo si pasaron por otro país como México en el camino a EE.UU. y no pidieron protección primero en ese país.
Además, se están realizando conversaciones con México para ver si está dispuesto a continuar aceptando migrantes deportados de otros países como Venezuela, que no acepta a sus propios ciudadanos cuando no son admitidos en EE.UU.
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