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La Fiscalía Provincial de Sancti Spíritus (FPSS) ha impuesto multas de hasta 7,000 pesos y el decomiso de todos los bienes incautados en operativos realizados de conjunto con el Ministerio del Interior (MININT) contra revendedores.
Hasta el cierre de octubre, estas entidades han impuestos 280 multas administrativas, de entre 1,000 y 5,000 pesos, llegando en ocasiones hasta los 7,000, informó un reporte del periódico local Invasor, que en el tono habitual de la propaganda estatal criminaliza y culpa a estos intermediarios de la escasez de productos, la inflación y los altos precios.
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De acuerdo con María Esmeralda Pérez Pérez, jefa del Departamento de Procesos Penales de la FPSS, los delitos más frecuentes en Sancti Spíritus están asociados con el acaparamiento y la especulación y, en menor medida, con la actividad económica ilícita.
“Estos delitos atentan contra la capacidad de adquisición del pueblo y son tipificados en el actual Código Penal con sanciones de privación de libertad que van desde los 3 meses hasta un año, o multas de 100 a 300 cuotas. En el caso de la especulación también es sancionable, al igual que lo es la actividad económica ilícita”, explica la funcionaria que omite, en su intervención, referirse a las causas estructurales que provocan el incremento de este tipo de fenómenos.
Pérez Pérez afirma que en 2022 han sancionado sobre todo delitos relacionado con el acaparamiento de productos de aseo personal, como jabón o detergente.
Además, han concentrado los operativos contra el comercio ilegal de productos alimenticios como el aceite, el arroz y el queso, además de la venta a sobreprecio de las cajas de cigarros, dada su alta demanda entre la población.
La funcionaria advierte que la Fiscalía puede imponer sanciones de privación de libertad de uno a tres años cuando se utilicen materiales de procedencia ilícita o cuando se tenga la licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia y se emplee alguna mano de obra ilegal o producto ilícito.
Aún así, admite que, en 2022, la población no ha radicado denuncias que tengan que ver con los precios de los productos de primera necesidad en el mercado negro.
“A veces los ciudadanos no desean hacer la denuncia y te dicen que no quieren ir a un juicio, no quieren buscarse problemas y eso nos dificulta en la parte penal porque en lo administrativo sí se aplican multas contra quienes trasgreden lo establecido por la ley”, explica Pérez Pérez,
La fiscal culpa a estos intermediarios de los precios abusivos, y pasa por alto la crisis económica relacionada con la mala gestión del gobierno, las desigualdades de la que son ejemplo las tiendas MLC o la incapacidad estatal para brindar una oferta de alimentos y productos de primera necesidad.
Los precios de miles de productos han subido en Cuba por la poquísima oferta que hay en el país y la inflación que agudizó la política económica errada que ha impuesto el gobierno.
Miguel Díaz-Canel dijo la semana pasada que no permitirá que los intermediarios se enriquezcan en la actual crisis económica que tiene el Estado. Dijo que el país comenzará una cruzada contra quienes él considera “ilegales, pillos, vagos y corruptos en Cuba”. En medio de una crisis estructural, El Estado recurre a la criminalización de intermediarios y del mercado negro como una manera de blanquear su ineficiencia y la escasez.
En La Habana, por ejemplo, los operativos policiales contra vendedores continuaron durante el pasado octubre con centenares de decomisos en productos en los municipios de Arroyo Naranjo y La Habana del Este.
También en Marianao se llevaron a cabo 8 operativos policiales el mes pasado a instituciones estatales y mercados privados en ese municipio.
La pasada semana se conoció además que Inspectores de La Habana multaron hasta con 8,000 pesos a comerciantes del mercado de 19 y 42 en el municipio Playa.
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