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Más de 50 personas fueron detenidas este jueves durante un operativo policial en el barrio conocido como "La Cuevita", en San Miguel del Padrón, conocido como uno de los grandes centros del mercado negro en la capital cubana.
De acuerdo con el periodista oficialista Lázaro Manuel Alonso, los ciudadanos revendían productos de primera necesidad obtenidos de mercados estatales.
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Afirma que "en oferta tenían picadillo, aceite, pollo, queso, galletas, medicamentos y aseo".
En el operativo policial, que se inscribe en la cruzada anunciada por el Gobierno de La Habana contra los vendedores por cuenta propia, fueron inspeccionadas varias viviendas que funcionaban como almacén, detalló el vocero.
En las imágenes se ven refrigeradores con tubos de picadillo, así como aceite comestible, medicamentos, y otros productos de primera necesidad.
Este martes el Gobierno de la capital de Cuba ordenó numerosos operativos policiales contra cuentapropistas en varios barrios habaneros como Marianao, por "precios abusivos" en los mercados.
Solo en ese municipio se realizaron ocho operativos policiales a instituciones estatales y mercados privados en los últimos días.
Las autoridades cubanas suelen iniciar este tipo de operativos para desviar la atención en medio de sus continuas crisis de credibilidad.
Ante los cuestionamientos por el mal manejo de la economía y la pésima gestión estatal para superar la crisis generalizada y controlar la inflación, el mandatario Miguel Díaz-Canel dijo la semana pasada que no permitirá que los intermediarios se enriquezcan en la actual crisis económica que tiene el Estado.
Dijo que el país comenzará una cruzada contra quienes él considera "ilegales, pillos, vagos y corruptos en Cuba", tras lo cual se iniciaron los operativos. Entre los locales estatales que más inspecciones reciben están las panaderías. En todas se ha detectado que el pan normado se vende a la mitad de su peso, de 80 gr que deben tener, solo alcanzan entre 40 y 48 grs por unidad.
La sociedad cubana suele respaldar este tipo de operativos policiales de confiscación de alimentos y delitos de acaparamiento, con la esperanza de que las cosas mejoren en el país. Los operativos pasados ocurrieron en 2020 y fueron televisados, pero generaron fuertes cuestionamientos por funcionar como juicios públicos contra las personas implicadas, violando los derechos de los detenidos.
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