La Oficina Nacional de Administración Tributaria de Cuba (ONAT) embargó de manera preventiva las cuentas bancarias de empresas atrasadas en los pagos de impuestos correspondientes al tercer trimestre de 2022.
La medida, que entró en vigor desde el pasado 25 de octubre, las entidades que no efectuaron los pagos a cuenta o parciales del Impuesto sobre Utilidades (ISU) y el Aporte por Rendimiento de la Inversión Estatal (ingresos no tributarios), informó la ONAT mediante un comunicado.
El plazo legal para efectuar estos pagos concluyó el 24 de octubre, y la ONAT asegura que sus oficinas tributarias habían implementado medidas proactivas para potenciar su cumplimiento correcto y puntual.
Las entidades morosas fueron notificadas del embargo a través de correos electrónicos y llamadas telefónicas o contactos presenciales.
La nota de la ONAT advierte a estos infractores que el pago de estos impuestos constituye un deber cívico, del que depende que el presupuesto del Estado cuente con los recursos necesarios para satisfacer las necesidades económicas y sociales del país.
El ISU y el Aporte por Rendimiento de la Inversión Estatal son los impuestos que más ingresos generan a los presupuestos locales, por lo que la ONAT notificó sobre las infracciones a los gobernadores locales para que presionen a las empresas morosas.
Además, la ONAT explicó que las empresas morosas tienen el derecho de presentar solicitudes de aplazamientos, en caso de no contar con la liquidez para el pago.
La nota de la ONAT no especifica la cantidad de empresas cuyas cuentas fueron embargadas ni los territorios donde estas medidas tienen mayor impacto.
A mediados de septiembre, la ONAT alertó que el plazo para el pago de impuestos sobre el transporte terrestre se vencería al finalizar ese mes.
Estaban obligados a realizar este pago las personas naturales y jurídicas cubanas y extranjeras, propietarias o poseedoras de vehículos de motor o tracción animal destinados al transporte terrestre en Cuba.
En junio pasado, la entidad tributaria anunció un plan para perseguir a aquellos que no hicieron la declaración jurada en el tiempo que establece la ley o intentaron defraudar el fisco.
El programa abarcó las deudas de las empresas estatales y privadas, los trabajadores por cuenta propia, artistas y creadores del sector de la cultura y su personal de apoyo; comunicadores sociales y diseñadores, personal que labora en sucursales extranjeras, los productores individuales del sector agropecuario y otras personas naturales.
De ese inventario se identificó una deuda de 1,577 millones de pesos (CUP), de la cual solo se había cobrado, hasta hace unos días, el 31%.
Un total de 338,200 contribuyentes no realizaron los pagos de los impuestos por Ingresos Personales y sobre Ventas y Servicios, según un informe de ese organismo estatal cubano.
En Camagüey, por ejemplo, había una deuda de tres millones de pesos cubanos, por el elevado número de personas que evaden los impuestos.
Durante la pandemia del coronavirus, el gobierno aplazó el pago de los tributos en dos ocasiones, con el fin de evitar la movilidad de las personas y facilitar el pago de las obligaciones fiscales.
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