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La Organización Trump engañó a prestamistas y aseguradoras, a los que presentó cuentas fraudulentas que le ofrecieron sus servicios con tasas de interés y primas más bajas que pudieron reportarle 250 millones de dólares en ganancias ilícitas.
Así lo planteó este miércoles la fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, quien presentó una demanda de 222 páginas contra el expresidente Donald Trump y sus tres hijos mayores: Donald Jr., Eric e Ivanka Trump.
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El nuevo frente judicial es el resultado de tres años de investigación y describe 200 infracciones por fraude, de las que hace responsables al padre, a los hijos y a la compañía familiar de manipular las declaraciones fiscales de Trump entre 2011 y 2021.
“Trump infló falsamente su patrimonio neto en miles de millones de dólares para enriquecerse injustamente y engañar al sistema”, apuntó James en conferencia de prensa. Al mismo tiempo, afirmó que los acusados disminuían ante el fisco el valor de su riqueza para pagar menos impuestos.
Por estas prácticas fraudulentas, la fiscal quiere imponer a la familia una multa de unos 250 millones de dólares “por dedicarse durante años a un fraude financiero enfocado a su propio enriquecimiento y al de la Organización Trump”, según aclaró en Twitter.
“No hay dos conjuntos de leyes para las personas en esta nación: los expresidentes deben responder ante la Ley como el resto de los estadounidenses”, aseguró la fiscal, miembro del Partido Demócrata que ocupa el cargo desde 2018, cuando se convirtió en la primera mujer afroamericana en ejercerlo.
Entre las propiedades investigadas, la mansión de Mar-a-Lago Club, en Florida; la finca Seven Springs, en el condado de Westchester, en Nueva York; y el hotel de Washington, que alquiló al gobierno federal hasta que lo vendió en mayo de este año a un grupo inversor. Según El País, se da la circunstancia de que el principal acusado era presidente de Estados Unidos durante cuatro años de la segunda parte de la década investigada por James.
“Afirmar que tienes un dinero del que careces no es una expresión del ‘arte de vender’. Se trata más bien del arte de robar”, dijo James parodiando el título del libro más famoso de Trump (The Art of the Deal).
En un comunicado, la Organización Trump señaló que los prestamistas “se beneficiaron generosamente, por una suma de cientos de millones de dólares en intereses y tarifas” de sus tratos con la compañía.
Además, según el New York Times (NYT), calificó la demanda de James como "un abuso de poder abominable y un desperdicio de recursos valiosos y decenas de millones de dólares de los contribuyentes”.
“Antepuso sus propias ambiciones políticas a la seguridad de los neoyorquinos”, indicó la Organización. Por su parte, la abogada de Trump, Alina Habba, calificó la demanda como “un abuso de autoridad” y dijo que “esperamos defender a nuestro cliente contra todas y cada una de las afirmaciones sin fundamento del fiscal general”.
Si la demanda prospera, Trump y sus hijos acusados no podrán desempeñarse como funcionarios o directores en cualquier empresa de Nueva York, lo que esencialmente los expulsaría del estado, entre otros perjuicios, como la prohibición de adquirir bienes raíces en Nueva York durante cinco años en caso de que la empresa se reinvente en Florida o en otro lugar.
Sin embargo, una demanda de estas características tiene un recorrido lleno de obstáculos legales que dificultan el éxito de James. La falta de un correo electrónico condenatorio, o de alguien dentro de su empresa dispuesto a testificar en su contra, podría complicar su esfuerzo por demostrar un fraude intencional de sus estados financieros para engañar a prestamistas y aseguradoras.
Más allá de la evolución del asunto y a pesar de que Trump lo ha utilizado para presentarse como una mártir, víctima de una “cacería de brujas” política, la demanda de James ataca los cimientos de su imagen pública y sugiere que el éxito que Trump ha atribuido a la inteligencia financiera y la perspicacia comercial es, en cambio, producto del fraude y la artimaña.
Según el NYT, la demanda agrava los problemas legales de Trump, centrados en su conducta en las últimas semanas de su presidencia. En agosto, el FBI registró Mar-a-Lago como parte de una investigación sobre su eliminación de material confidencial de la Casa Blanca. Además, fiscales federales están investigando sus maniobras para revertir su derrota electoral de 2020; y un fiscal de distrito de Georgia está llevando a cabo una investigación criminal sobre su posible interferencia electoral en el estado.
Aunque la fiscal James no tiene la autoridad para acusar a Trump, una nota al pie en la demanda avisó que sus hallazgos fueron remitidos a la oficina del Fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, y señaló que la conducta de la Organización Trump parece violar la ley federal, específicamente fraude bancario y declaraciones falsas a un banco.
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