Fiscalía española pide 8 años de cárcel para Shakira por fraude fiscal

Sin embargo, la cantante colombiana rechazó alcanzar un acuerdo con el Ministerio público para evitar el juicio, por lo que se presentará en el tribunal en una fecha no especificada aún. 

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Este artículo es de hace 2 años

La Fiscalía española pidió ocho años y un mes de prisión y una multa de casi 24 millones de euros para la cantante colombiana Shakira por presunto fraude fiscal.

La artista ha sido acusada de seis delitos contra la Agencia Tributaria, tres por haber defraudado el pago del Impuesto de Patrimonio entre 2012 y 2014, y otros tres relativos al IRPF (Impuesto sobre la renta), que también habrían sido cometidos en el mismo periodo.


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Sin embargo, la cantante colombiana rechazó alcanzar un acuerdo con el Ministerio público para evitar el juicio, por lo que se presentará en el tribunal en una fecha no especificada aún.

En la acusación, el fiscal sostiene que Shakira vivía de manera habitual en España, a excepción de sus salidas para cumplir con sus compromisos profesionales y por ello tenía la obligación de tributar en el país, citó el diario español ABC.

Aclara que primero residió en una vivienda de Barcelona, y después en Esplugues de Llobregat, en un inmueble que adquirió junto a su entonces pareja, Gerard Piqué, y que se convirtió en su domicilio familiar. Vivió en España 242 días en 2012, otros 212 días en 2013 y 243 días en 2014, dijo la Fiscalía para demostrar que superó los 183 días por año establecidos para ser considerada residente en España.

Agrega que, en cambio, la de Barranquilla utilizó un entramado societario creado con anterioridad para ocultar al fisco la renta percibida y su patrimonio.

El Ministerio público estimó que Shakira cometió fraude valorado en 14,5 millones de euros por evasión fiscal, valiéndose de varias sociedades. Muchas de ellas estarían radicadas en paraísos fiscales como las Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Malta o Luxemburgo.

"Todas estas sociedades carecieron de medios materiales y personales para realizar actividad alguna y los gastos que generaron fueron los puramente administrativos, relativos a su propia gestión", pues su único objetivo era "ocultar a la Hacienda Pública las rentas y el patrimonio" de la cantante de Barranquilla, dice el informe de la demanda.

En esos años la artista habría hecho una "mínima tributación fiscal que pudo alcanzar tan solo al 2 por ciento de la renta bruta generada". Además, los acuerdos permitieron que el 94 por ciento de las rentas fueran transferidas a sociedades y/o cuentas situadas en paraísos fiscales.

En mayo último la Audiencia de Barcelona rechazó un recurso presentado por los abogados de la cantante de 45 años y concluyó que de no aceptar un acuerdo deberá sentarse en el banquillo para defenderse de los seis delitos contra Hacienda.

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