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El juicio a Conrado Hernández en Cuba por revelación de secretos ya está visto para sentencia. El fiscal ha solicitado 20 años de prisión por espionaje para el exdelegado comercial del Gobierno vasco en la isla, en un proceso judicial que se celebró los pasados días 16 y 17 en el Juzgado Municipal-Provincial de Diez de Octubre en La Habana. La familia de Hernández ha contratado a un abogado penalista para su defensa. En conversación con este periódico, el letrado Carlos Navarro, procedente del Bufete Colectivo, reitera que el exempleado de la Sociedad para la Promoción y Reconversión Industrial (Spri) está arrestado, aunque sus condiciones de retención no serían tan duras como las denunciadas por la oposición cubana. «Él está detenido. Eso de que está en un confinamiento en solitario... eso en Cuba no existe. De todas formas, como para la suerte de él no es bueno que dé información antes ni apreciaciones mías, cuando salga la sentencia, que va a ser también un documento público, entonces hablamos de todo», explicó a EL CORREO. Conrado Hernández, que dirigía la oficina de la Spri en Cuba desde su inauguración en 1998, fue detenido por la Policía hace dos años. El Gobierno de Raúl Castro le acusa de espionaje por haber facilitado presuntamente información a los servicios secretos españoles, algo negado por éstos. Esta imputación se basa en una grabación de un encuentro entre el delegado del Ejecutivo vasco y agentes del CNI en un restaurante de La Habana frecuentado por empresarios y diplomáticos españoles. Tras su arresto, Hernández confesó con aparente «tranquilidad» y sentado en un sofá el delito de espionaje, en un vídeo difundido por el Partido Comunista Cubano entre su militancia. Cobraba en pesos La Spri ha descartado la existencia de irregularidades en su delegación cubana, tras la elaboración de una auditoría. Hernández estaba contratado por la oficina, dependiente de la consejería vasca de Industria, pero cobraba su sueldo a través de la organización cubana Acorex, que paga en pesos a todos los ciudadanos del país que trabajan para firmas extranjeras. Al parecer, Hernández habría grabado además conversaciones de forma clandestina a altos dirigentes del régimen, ya destituidos por «desleales», en la que éstos criticaban al Gobierno de la isla. Entre otros, fueron cesados el vicepresidente Carlos Lage, que era su amigo, y el canciller Felipe Pérez Roque. El margen de maniobra del Gobierno vasco ha estado muy limitado porque Hernández es ciudadano cubano. Sin embargo, fuentes del Ejecutivo de Vitoria han podido confirmar que lleva retenido dos años en una especie de instalación militar de La Habana con un régimen de visitas restrictivo, aunque no encarcelado. Raúl Castellanos, primo de Lage y detenido en el mismo supuesto caso de espionaje, ha recuperado ya la libertad. Castellanos, que pudo compartir reclusión con Hernández, trabajaba de cardiólogo en un hospital de La Habana que atendía a altos cargos del Gabinete de Castro. Su familia evitó ayer hacer declaraciones. «Lo que usted necesita saber trate de averiguarlo por otra vía», se limitó a decir un pariente de Castellanos. Fuente: El Correo.com
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