La madre del prisionero del 11J en Camagüey Ángel Jesús Véliz Marcano viajó a Ginebra para denunciar la represión en Cuba contra manifestantes pacíficos.
“He viajado a Europa para denunciar el caso de mi hijo y de todos los presos políticos cubanos. En nombre de las madres y de los detenidos, pido una mayor presión internacional hacia el régimen cubano, para que nuestros hijos salgan de la cárcel, donde nunca debieron estar simplemente por manifestarse”, aseguró Ailex Marcano al Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), organización que también la acompaña en este viaje para reunirse con funcionarios vinculados al Consejo de Derechos Humanos.
De acuerdo con el director ejecutivo de OCDH, Alejandro González Raga, en esos encuentros la comitiva que acompaña a Marcano presentará “informes relacionados con la represión contra menores y sobre las detenciones arbitrarias ocurridas y otras acciones represivas contra activistas”.
También expondrán, dijo, las violaciones al debido proceso en los juicios a los manifestantes del 11J.
Marcano realiza este viaje para denunciar la represión del régimen en la isla junto al director de Estrategias del OCDH, Yaxys Cires; la Dama de Blanco, Bertha Bueno; los activistas Amable Casas Pacheco y Manelyn Morales Lazo, el pastor cristiano Enrique Fundora Pérez y el abogado Edel González.
Al hijo de Ailex lo condenaron a seis años de cárcel por manifestarse pacíficamente en Camagüey el 11 de julio de 2021.
Desde que su hijo fue detenido, Marcano se ha mantenido muy activa en las redes sociales denunciando y reclamando la libertad de los presos por salir a ejercer su derecho de manifestación contra el régimen en la isla.
Tras la ratificación de la condena de Véliz Marcano, su madre “juró ante Dios” que no descansaría hasta que su hijo fuera liberado.
“No permitiré que mi hijito sea juzgado de esta manera. No lo voy a permitir, tendré que mover cielo y tierra, lo haré; pero no lo voy a permitir. Esto es una injusticia, una crueldad", argumentó también.
Véliz Marcano aparece como el prisionero número 107 en el listado elaborado por la organización jurídica Cubalex.
Según ese registro, el joven fue arrestado por la policía en su propia casa y ha estado preso en la prisión de alta severidad “Kilo 8”, de Camagüey.
Su madre en distintas publicaciones de su red social ha prometido que no descansará hasta lograr su libertad, además de denunciar la injusticia contra su hijo, de quien ha dicho que es “un joven educado, un joven que merece ser libre, crecer y evolucionar como ser humano”.
“Que lo sepa el mundo, que voy a hacer lo que tenga que hacer. Y renuncio a este país, a este gobierno injusto. No lo voy a permitir. No lo voy a permitir. Dios todopoderoso pondrá su mano y ubicará a cada cruel, a cada injusto, a cada asesino en su lugar”, ha dicho también.
El grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba Justicia 11J aseguró, tras la reciente presentación en la 73 sesión del Comité contra la Tortura del informe “Tortura en Cuba”, que del total de 1,440 detenidos por su participación en las protestas del 11 de julio, aún 750 continúan en detención.
También apuntaron que “el 25 de enero la Fiscalía declaró que 790 personas han enfrentado procesos penales en relación con las protestas. Nuestro registro, en aquellas fechas abarcaba entre un 50% y un 70% de tales cifras, lo cual levantó -y mantiene- nuestra preocupación en relación con las personas aún no contabilizadas e identificadas por nuestro Grupo, así como sobre la desprotección ante las violaciones de derechos a que estas personas se pudiesen enfrentar”.
La organización apuntó además para ese informe que han documentado cómo sistemáticamente ha sido negado el acceso oportuno a servicios de salud a los detenidos por protestar en la isla.
“Registramos al menos 35 manifestantes que han contraído COVID-19, o dengue, hepatitis y escabiosis en prisión, en tanto otros han reportado padecimientos como hipertensión, otitis y, en el orden de la salud mental, depresión, esquizofrenia y otras catalizadoras del intento de suicidio. Entre los afectados hay menores de edad”, añadieron.
Asimismo, solicitaron a ese Comité que “dé inicio a un procedimiento de investigación in situ, a través del cual sean esclarecidas las cifras de personas detenidas como parte de las protestas de julio, debidamente desglosadas por género o sexo y edades, así como la ubicación de los centros de reclusión donde se hallan. Este procedimiento debería incluir visitas y evaluaciones a esos penitenciarios, de modo que puedan ser emitidas recomendaciones orientadas a revisar la situación actual de las personas privadas de libertad por motivos políticos”.
El Comité contra la Tortura es uno de los ocho órganos de tratados de Derechos Humanos, vinculados a la ONU, que supervisa la implementación de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura por parte de los estados partes.
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