Grupos políticos de izquierda y activistas del mundo, se sumaron a un comunicado que exige una Ley de Amnistía a los presos políticos del 11J y el fin de la represión en Cuba.
El texto se publicó inicialmente en la web Solidaridad 11J y se compartió en Izquierda Web, un portal de noticias y política de los trabajadores, las mujeres y la juventud en Chile.
Señalaron la existencia en Cuba de una crisis estructural profunda que junto a otros factores condujo a una parte de la ciudadanía a protestar en las calles el 11 y 12 de julio de 2021.
"La crisis económica y política que padece el país se expresa también en el paulatino deterioro de indicadores sociales de salud, educación, deporte y cultura. Esta decadencia precipita el éxodo masivo de jóvenes, con las consecuencias que ello provoca en las familias cubanas y en la economía en general", dice el comunicado.
Los activistas de izquierda reconocen que las protestas del 11J fueron las mayores después de 1959. Sin embargo, aseguran que "hubo conductas violentas y enfrentamiento físico de ambas partes, tanto de las fuerzas policiales y de grupos en apoyo al gobierno como de algunos grupos de manifestantes".
"Mientras estos últimos han sido sometidos a la criminalización y las prácticas punitivas, evidenciadas en el discurso oficial y las condenas desproporcionadas, como claras medidas ejemplarizantes para prevenir escenarios similares futuros, los sectores simpatizantes del gobierno, las fuerzas del orden y los funcionarios responsables de la represión y los excesos de violencia desde el estado permanecen impunes", denuncia el texto.
Refieren también dos de los juicios que se realizaron en marzo por las protestas del 11J, el de los manifestantes de la Esquina de Toyo y La Güinera en La Habana; y el de San Antonio de los Baños.
"Se condenó, en juicio masivo con penas de hasta 30 años, a 127 personas ocho de ellas con edades entre 16 y 17 años. El segundo, por las protestas en San Antonio de los Baños, contra 17 manifestantes con condenas de hasta 10 años", denunciaron en el comunicado.
Otra de las denuncias están enfocadas en la represión que sufren los activistas por los derechos humanos en Cuba, así como los periodistas independientes.
"Diversos sectores y activismos de la sociedad civil son objeto de acoso constante por parte de las autoridades. Esta persecución y vigilancia toma forma en los aparatos de seguridad policial, que se caracterizan por actuar al margen de la legalidad constitucional y atentar contra la dignidad de las personas", indicaron.
Los grupos de izquierda alertan de que todo ocurre en Cuba en "un escenario de absoluta impunidad" y que "faltan garantías legales para el ejercicio de la asociación libre, entre las personas y grupos ciudadanos con inquietudes de participación en el espacio público".
Otro elemento que señalan es el empleo de los medios de comunicación estatales, para "desacreditar reputaciones, tildar a todo disenso de mercenarismo y deslegitimar a toda persona u organización que se cuestione la realidad".
El comunicado hace un llamado a la solidaridad internacional con los manifestantes del 11J condenados y piden una Ley de Amnistía para los presos políticos, para abrir "las puertas a un socialismo realmente democrático y de iguales".
El texto ha sido cuestionado en redes sociales por diferentes usuarios que consideran que justamente es el hecho de seguir las ideas socialistas y el pensamiento de izquierda, lo que ha llevado al pueblo cubano a la situación actual y a perpetuar a una dictadura en el poder.
Hasta el momento han firmado esta solicitud de Ley de Amnistía, activistas y pensadores de izquierda de diferentes países como Cuba, Estados Unidos, España, Grecia, Argentina, Chile, Venezuela, Tailandia, Perú Pakistán entre otros.
A inicios de abril la cubana Isel María Lescay Oliva, madre del joven músico Abel Lescay condenado a seis años de prisión por manifestarse en La Habana el 11J, también pidió la amnistía general para todos los presos políticos en Cuba.
Previamente, a finales de marzo, el Consejo para la Transición a la Democracia propuso un texto de Ley de Amnistía para los manifestantes del 11J en la isla.
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