El expresidente estadounidense Donald Trump y dos de sus hijos tendrán que responder bajo juramento sobre sus negocios a las preguntas de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como parte de una investigación civil sobre posibles prácticas empresariales ilícitas.
Un juez ordenó este jueves que Trump no puede bloquear los intentos de interrogatorios en la pesquisa civil en curso, paralelo a al proceso penal para determinar si el magnate infló indebidamente el valor de sus activos para recibir préstamos favorables, según el diario The New York Times.
El fallo se produjo sólo tres días después de que la fiscal James presentara documentos ante el tribunal con evidencias de que la empresa de contabilidad encargada de los negocios de Trump había cortado los lazos con él y se había retractado esencialmente de sus estados financieros hace una década.
Los abogados de la familia Trump habían tratado de impedir la entrevista al exmandatario, su hijo Donald Jr y a Ivanka Trump, con el argumento de que la fiscal pertenece al Partido Demócrata, por lo que sus intenciones podrían estar sesgadas.
Sin embargo el juez Arthur F. Engoron, integrante de la Corte Suprema del Primer Distrito Judicial de Nueva York, escribió que "este argumento falla por completo" y dictamionó a favor de la fiscalía estatal.
Con este veredicto Trump y sus dos hijos podrán ser entrevistados en las próximas tres semanas. La orden también exige que el magnate proporcione a la fiscal general los documentos que solicitó en su citación.
"Hoy, la justicia prevaleció", dijo James en un comunicado, y agregó: "Nadie está por encima de la ley".
Trump arremetió con una declaración en la que culpa a James y a la excandidata presidencial Hillary Clnton de querer acorralarlol
"Es una continuación de la mayor caza de brujas de la historia. No puedo conseguir una audiencia justa en Nueva York debido al odio que me tienen los jueces y el poder judicial", dijo Trump.
Sin embargo, el fallo no significa que la investigación avance, pues los implicados pueden invocar su derecho constitucional a no autoincriminarse como ya lo hizo una vez Eric Trump, otro de los hizo del expresidente en octubre de 2020. Asimismo, la familia puede apelar el resultado del fallo judicial a una instancia superior, lo cual parece ser el próximo capítulo del caso.
La fiscal James dijo que tras los interrogatorios determinará los próximos pasos del proceso civil, pues solo así será posible inferir quién es responsable de las declaraciones falsas y omisiones que la Organización Trump hizo en sus documentos financieros.
De forma paralela, la investigación penal que conduce el fiscal de Manhattan Alvin Bragg, se centra en las pruebas que puedan revelar esos documentos y estados contables, con respecto a si Trump utilizó falsos valores para engañar a sus prestamistas sobre el valor de sus hoteles, clubes de golf y otras propiedades.
De manera particular, los inmuebles en el foco de estos procesos son clubes de golf en Aberdeen, Escocia, y en los suburbios del condado de Westchester, cerca de la ciudad de Nueva York; la finca Seven Springs en Westchester, edificios en Wall Street y Park Avenue en Manhattan, y el ático de Trump en la Torre Trump.
En respuesta a estas evidencias, los abogados de Trump criticaron que las investigaciones civiles y penales se benefician mutuamente, sobre todo a partir de la autorización judicial para interrogar al empresario y dos de sus hijos.
Los representantes legales señalaron que James podría obtener información valiosa para la investigación penal sin que la familia se beneficie de la inmunidad que le correspondería si tuvieran que testificar ante un gran jurado penal, de acuerdo con la legislación de Nueva York.
No obstante, el juez Engoron consideró que la fiscal neoyorquina ha descubierto argumentos importantes y pruebas sustanciales que implican a Trump en un posible fraude financiero, por lo que dio luz verde a la investigación.
Además de estos dos procesos, el exmandatario es blanco de otro escrutinio relacionado con el asalto al Capitolio de Estados Unidos, el 6 de enero de 2021. Recientemente, la Corte Suprema bloqueó los intentos de Trump de no liberar los registros de la Casa Blanca asociados con ese hecho.
Ahora la Comisión Especial de la Cámara de Representantes que investiga en asalto puede acceder a unas 700 páginas de documentación que ayudarían a esclarecer esos sucesos, que causaron la muerte de cinco personas.
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