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Al menos 727 personas continúan privadas de libertad en Cuba por su participación en las protestas contra el régimen que tuvieron lugar en decenas de ciudades y pueblos en julio de 2021, según la versión más reciente del listado de casos de la organización independiente Justicia 11J.
Justicia 11J, en colaboración con Cubalex, lleva adelante el registro de la represión asociada al estallido social, desde el primer día, y casi todas las semanas sus cifras se actualizan con nuevas denuncias.
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Hasta este miércoles, se han documentado 1,397 detenciones, la mayoría de las cuales, 1,182, han correspondido a hombres, lo cual representa el 84,6 por ciento del total.
Las provincias de La Habana, Santiago de Cuba, Matanzas y Mayabeque son las que mayor número de arrestos concentran, en ese orden. La primera, 471; la segunda, 189; la tercera, 147; y la cuarta, 110.
Solo 631 personas han sido excarceladas, pero muchas se encuentran en sus viviendas en espera de juicio, en reclusión domiciliaria o con otras medidas cautelares.
Justicia 11J ha podido verificar 551 casos de personas procesadas en juicios sumarios y ordinarios, aunque a finales de enero la Fiscalía General de la República informó que en el país 790 personas habían sido "instruidas de cargo por actos vandálicos, que atentaron contra autoridades, personas y bienes, así como graves alteraciones del orden" y que, hasta ese entonces, 710 habían llegado a los tribunales.
La institución oficialista detalló que de los 710 acusados para su juzgamiento, el 69 por ciento estaban asegurados con la medida cautelar de prisión provisional.
Muchos de los acusados, atendiendo a las estadísticas del Estado, son personas jóvenes, 115 tienen edades entre los 16 y 20 años, y de estos, 55 se encuentran entre 16 y 18 años. Y de los que se incluyen en este rango, 28 estaban hasta ese momento en la cárcel.
También 10 menores de 16 años, que en la isla no tienen edad para cumplir responsabilidad penal, fueron internados en centros regidos por el Ministerio del Interior, en los cuales se encuentran niños y niñas que han cometido hechos que la ley tipifica como delitos; y otros 17 que participaron en las manifestaciones quedaron bajo "atención individualizada en la propia escuela del Sistema Nacional de Educación donde cursan estudios".
De acuerdo con Justicia 11J, las principales figuras delictivas usadas contra los manifestantes son desórdenes públicos (572 personas), desacato (318), atentado (300), instigación a delinquir (116) y propagación de epidemias (74). También 211 personas enfrentan cargos contra la seguridad del Estado, 168 están acusadas de sedición, la mayoría de las cuales ya fue juzgada, y 43 de sabotaje.
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