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Frente a los juicios que se han realizado contra cientos de participantes en las protestas contra el gobierno de julio de 2021, el grupo Justicia 11J convocó este miércoles a la sociedad civil a compartir cada día en redes sociales una foto de un preso político junto con otra de un magistrado miembro del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.
"Hacemos responsables a los once miembros del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular, electos por la Asamblea Nacional del Poder Popular en nombre del pueblo cubano, por su inacción para interrumpir las injusticias que se están cometiendo en contra de ciudadanos que solamente han ejercido sus derechos constitucionales y universales. Exigimos que se inicien de inmediato procedimientos de sobreseimiento libre y definitivo para los casos en fase preparatoria, así como la revisión de causas a quienes han sido juzgados, que termine en su absolución", declaró la organización en su página en Facebook.
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Los funcionarios del Tribunal Supremo interpelados son el presidente Rubén Remigio Ferro; los vicepresidentes Maricela Sosa Ravelo, Farah Saucedo Pérez, Yamir Rodríguez Tamayo y Filiberto Caballero Tamayo; el presidente de la Sala de lo Penal Otto Molina Rodríguez; el presidente de la Sala de lo Económico Liliana Hernández Díaz; el presidente de la Sala de lo Civil y de lo Administrativo Ranulfo Andux Alfonso; el presidente de la Sala de los Delitos contra la Seguridad del Estado Plácido Batista Veranes; el presidente de la Sala de lo Laboral Gustavo Méndez González y la presidenta de la Sala de lo Militar Roselia Reina Batle.
"Convocamos a los familiares de los presos políticos, así como al resto de la ciudadanía comprometida con la causa de su liberación, a publicar cada día el rostro de un preso político junto al rostro de un magistrado, en tanto estas demandas no sean cumplidas", indicó Justicia 11J.
Hasta este martes, 400 personas habían sido juzgadas en relación con las protestas de julio; 95 de ellas por el delito de sedición, contra la Seguridad del Estado, y de estas, 29 tenían entre 16 y 20 años de edad, y 7, entre 16 y 17 años de edad.
Las condenas por este cargo en específico podrían suponer hasta 30 años de privación de libertad, según las peticiones fiscales, y todavía quedan pendientes de juicio al menos 63 personas acusadas de sedición, de las cuales siete son menores de edad.
Solo se conoce de nueve personas que hayan sido beneficiadas con el sobreseimiento de sus causas, mientras que 99 personas han sido liberadas con multas.
En prisión por protestar contra el gobierno de julio quedan 726 personas y, en relación con la Marcha Cívica por el Cambio de noviembre, nueve. Por su parte, la ONG Prisoners Defenders reportó, hasta el 31 de diciembre, otros 142 prisioneros políticos por otras causas.
Además, Justicia 11J solicitó a los gobiernos democráticos del mundo que aplicaran sanciones a los magistrados del Tribunal Supremo Popular, si continúan con su accionar cómplice de la injusticia, pues consideró que son "culpables del delito de prevaricación, definido en los artículos 136, 137, 138 y 139 de la Ley No. 62 del Código Penal cubano".
"No podemos seguir permitiendo el silencio y la inmovilidad ante las graves violaciones de derechos humanos que se cometen hoy en nuestro país. Pedimos, una vez más, solidaridad", sostuvo la organización.
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