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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) denunció ante el Alto Comisionado para los DD. HH. de Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) la situación de los 39 cubanos menores de 21 años de edad presos en la isla por participar en las manifestaciones pacíficas del 11J.
Según comunicado, la organización pidió este martes a los citados organismos que se inicien los procedimientos especiales correspondientes “por el contenido, la naturaleza de las víctimas y los efectos dañosos a causa del tipo de represión” contra los adolescentes y jóvenes encarcelador por el régimen de Díaz-Canel.
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La nota del OCDH apunta que esos cubanos se encuentran bajo “medida cautelar arbitraria y extrema de prisión provisional”, a la espera de ratificación de condenas de hasta 23 años de privación de libertad.
Asimismo, recuerdan que otras decenas de detenidos esperan la finalización de investigaciones policiales y la celebración de juicios arbitrarios para ir a la cárcel, y que las acciones desarrolladas en su defensa dentro de la isla han sido rechazadas o desestimadas por presiones de la Seguridad del Estado, organismo represor de inteligencia del Ministerio del Interior.
Añadieron en su demanda que están en estado de indefensión otros 107 menores, adolescentes y/o jóvenes que han enfrentado y/o siguen afrontando medidas penales por el simple ejercicio de derechos.
El OCDH sostiene que las detenciones y procesos contra cientos de niñas, niños, adolescentes y/o jóvenes manifestantes deben ser declarados como arbitrarios y en su favor se necesitan urgentes pedidos de libertad y de reparación de los daños.
La organización apunta en su reclamo que “la UNICEF en Cuba centra su atención en analizar la repercusión sobre la infancia de las diferentes políticas públicas en materia de instrucción, salud y cultura básicas no democráticas, pero no sobre las políticas y legislaciones existentes, contrarias al recto sentido de la Convención de los Derechos del Niño, que hace imposible la supervivencia segura de los que deseen ser partícipes de los procesos de cambio”.
También señalan que la Convención de los Derechos del Niño no está implementada en Cuba, ni el sistema de reglas de las Naciones Unidas para la protección del niño presunto comisor de delito, además, de denunciar la falta en la isla de un sistema de educación democrático que promueva y defienda a plenitud los derechos humanos.
El OCDH puntualiza que los presuntos responsables directos del incumplimiento de los instrumentos jurídicos internacionales que constituyen el objeto central de su denuncia ante los citados organismos de Naciones Unidas son: Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, presidente de la República de Cuba y primer secretario del PCC; Juan Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, y Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro.
Entre otros presuntos responsables indirectos señalan, además, al General de Brigada Lázaro Alberto Álvarez, ministro del Interior; a Yamila Peña Ojeda, Fiscal General de la República, y a Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular.
Aunque no existen datos oficiales sobre los detenidos y los juicios de los manifestantes del 11J, el grupo de trabajo independiente Justicia 11J ha podido documentar 294 juicios sumarios y ordinarios contra los detenidos por participar en esas jornadas de protestas contra el régimen.
Esta organización registró que otros 234 manifestantes tienen peticiones fiscales y están a la espera de ser juzgados; mientras que 98 personas ya fueron multadas y apenas nueve fueron beneficiadas con el sobreseimiento de sus casos.
"En relación con los menores de 18 años detenidos desde el 11J, hemos podido actualizar la situación de varios e incluir nuevas detenciones, para un total de 48 menores detenidos, de los cuales 15 continúan en establecimientos penitenciarios. Confirmamos que los menores William Chenier Ríos Arrieta (16) y Yanquiel Sardiñas Franco (17) han sido excarcelados, presumiblemente sin cargos", señala una reciente publicación en las redes de este grupo de trabajo.
De esos menores, puntualizaron, al menos 11 están acusados de sedición, un delito contra la seguridad del Estado por el cual los fiscales cubanos están pidiendo condenas de hasta 30 años de privación de libertad.
Del 10 hasta el 15 de enero, al menos 66 manifestantes del 11 de julio están siendo juzgados en cuatro procesos en distintas provincias del país. Entre los delitos que se les imputan están desórdenes públicos, desacato y atentado.
En la oriental provincia de Holguín serán juzgados cuatro menores de 18 años junto a otros 17 manifestantes por el presunto delito de sedición, para el cual el fiscal Fernando Valentín Sera Planas ha solicitado sentencias desde 15 hasta 30 años de cárcel, según el Expediente en Fase Preparatoria No.11 de 2021, dirigido a la sala primera de lo penal del Tribunal Provincial Popular de Holguín, en función de la Unidad de Delitos contra la seguridad del Estado.
Tras el estallido social de julio último, 1,355 personas fueron detenidas en total. De ellas, 719 continúan tras las rejas, incluyendo 70 mujeres.
De las 593 personas excarceladas, una parte significativa permanece en espera de juicio bajo medida cautelar de libertad bajo fianza o prisión domiciliaria. También, 158 están siendo o fueron procesadas por cargos de sedición y 40 por sabotaje.
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