Un grupo de 20 mujeres cubanas activistas, con distintos perfiles profesionales y oficios, denunciaron este martes en el medio independiente CubaNet haber sido violentadas de distintas formas por agentes del Departamento de la Seguridad del Estado y oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria, principalmente por motivos políticos pero también por su género.
Las testimoniantes son la artivista y escritora Lía Villares; la curadora Carolina Barrero, coordinadora de la plataforma 27N; la cirujana Noemia Lisandra Rodríguez; la profesora Omara Ruiz; la ilustradora Mary Esther Lemus; la enfermera Mayda Yudith Sotolongo, madre de un manifestante del 11 de julio; la actriz Iris Ruiz, miembro del Movimiento San Isidro; las Damas de Blanco Jackeline Boni y Aymara Nieto; las opositoras Danaisy Muñoz y Aliuska Gómez; las activistas Thais Mailén Franco, Lizandra Góngora, Daniela Rojo, Yanilys Sariego; y las periodistas Camila Acosta, de CubaNet; Mabel Páez, directora del medio comunitario El Majadero de Artemisa; Iliana Hernández, de CiberCuba; Eralidis Frómeta y Anay Remón. Algunas están en prisión, otras en el exilio y otras bajo proceso de investigación judicial.
La autora del texto, la periodista cubana Claudia Padrón, consideró que, aunque el gobierno se ha pronunciado en las últimas semanas en contra de la violencia de género, a raíz del reportaje de la revista independiente El Estornudo que denunció cinco casos de abuso sexual cometidos por el músico Fernando Bécquer, lo cierto es que cuesta creer en un gobierno que también "violenta física y psicológicamente a las mujeres que disienten o ejercen el periodismo independiente"
"No es solo Fernando Bécquer quien debería ser juzgado por abusar de mujeres, el gobierno cubano también ha violentado a muchas, que siguen desprotegidas", aseguró Padrón.
A continuación, reproducimos íntegramente, y respetando el orden, las historias de las 20 mujeres narradas por la periodista:
Jackeline Boni: Después de recibir una golpiza a manos de agentes de la policía, bajo las órdenes de la Seguridad del Estado, Jackeline Boni fue recluida dentro de una celda. Ese día comenzó a menstruar y las autoridades que la tenían detenida e incomunicada le negaron acceso a almohadillas sanitarias e incluso, agua para asearse. Boni sangró por cuatro días sin tener cómo asearse sintiendo asco por la fetidez de su propia menstruación. Jackelin Boni ha tenido que orinar y hasta defecar sobre sí misma, dentro de una patrulla estacionada al sol. Los policías la han dejado sola y esposada, sin beber agua ni comer durante horas. La activista refirió a Cubalex que los agentes la detenían junto a las otras opositoras en la vía pública. “Ellos te atacan, te esposan, te arrastran, te dan golpes”. Luego las subían a la fuerza a ómnibus para trasladarlas a centros de detención. Estos vehículos alzaban el volumen de la música para apagar los gritos de estas mujeres, que, con las manos amarradas, eran violentadas. Hoy Boni, como secuela, apenas puede apretar la mano izquierda.
Lía Villares: El 2 de mayo de 2017, el auto en donde iba Lía hacia el aeropuerto fue interceptado por una patrulla con los oficiales número de placas 01995 y 14927 y el agente de la Seguridad del Estado conocido como “Jordan”. Posteriormente fue conducida hasta Tarará, donde permaneció retenida por tres horas dentro de la patrulla, bajo un fuerte sol, a un lado de la carretera. La artista fue secuestrada ese día para que perdiera su boleto. Casi dos meses después, cuando intentó nuevamente salir del país, le impidieron abordar el vuelo sin una justificación. Ante su reclamo pacífico, la policía aeroportuaria se abalanzó sobre ella y la empujó dentro de la patrulla. El oficial brutalmente le volteó el brazo apretándolo contra la espalda. “Me subió a la patrulla por la fuerza mientras me propinaba una serie de bofetadas y arañazos: todo esto a la vista de los funcionarios de inmigración que con beneplácito observaban la brutal escena e incluso le recomendaban a la oficial que me diera un tapabocas para callarme”, rememora Villares. El 20 de diciembre de ese año Lía estuvo 33 horas en desaparición forzada. Las autoridades la detuvieron, negándoles a sus familiares su paradero.
Aymara Nieto: Condenada en 2018 a cuatro años de reclusión por los delitos de “atentado” y “daños", la opositora fue enjuiciada nuevamente por el cargo de “desorden público” en un centro penitenciario. Aymara fue acusada de promover un motín en la cárcel de mujeres del Guatao en La Lisa, La Habana, y condenada a otros cinco años de prisión. La activista ha denunciado este nuevo proceso como parte del ensañamiento contra ella. A Nieto la trasladaron a 600 kilómetros de su residencia, para dificultar el acceso de su familia a las visitas. No pudo ver a sus hijas durante dos años. La Dama de Blanco ha denunciado que se le ha negado asistencia médica en prisión, la han aislado en celdas de castigo y le han prohibido acceso al teléfono para evitar que denuncie las arbitrariedades cometidas contra ella y otras reclusas. Las autoridades del penal le han confiscado bolsas de alimentos y aseo.
Mabel Páez: El 7 de diciembre, sobre las 8:30 p.m., dos desconocidos encapuchados esperaron que el hijo de la reportera saliera y entraron a su casa. De inmediato la golpearon sin motivos o palabras. No robaron pertenencia alguna. Su única disposición era violentar a Mabel. Los agresores, según relató el ICLEP, “le provocaron una herida que sangraba encima de la ceja izquierda, le partieron el labio inferior, le inflamaron el mentón, le lesionaron dos dedos de la mano derecha y le dejaron todo un costado del cuerpo morado que le produce mucho dolor cuando respira”. Los asaltantes la dejaron tirada en el piso luego de golpearla, no sin antes decirle: “Es la primera advertencia". Tras la agresión, Páez fue al hospital donde le inyectaron un analgésico, pero no pudieron hacerle las radiografías requeridas por falta de recursos. Mientras era atendida, un policía irrumpió en la consulta y le arrebató el certificado de lesiones emitido por el médico. El oficial le entregó el documento a un segundo desconocido que entró después y que presuntamente era un miembro de la Seguridad del Estado. “Vete para la casa y descansa que va a ser mejor para todos”, le dijo el desconocido a Mabel cuando esta le exigió que le entregara el documento médico.
Carolina Barrero: Ha vivido los últimos meses recluida en su casa sin que le permitan prácticamente salir. El gobierno corta a su antojo el acceso a internet de la activista y hace apenas unos días también su línea telefónica. La quieren en silencio e incomunicada. La han detenido con violencia, lastimándola y obligándola a desnudarse para revisiones corporales. Carolina enfrenta un proceso legal por el supuesto delito de "instigación a delinquir", por haber intentado salir de su vivienda el pasado 15 de noviembre para ejercer el derecho a manifestarse públicamente. Ese día apenas avanzó unos cien metros y fue detenida. Ya antes habían intentado procesarla por imprimir una foto de José Martí con un verso del poeta. En estas primeras semanas de diciembre, Carolina ha sido citada en dos ocasiones por la policía política con el fin de intimidarla. A inicios de mes fue amenazada con sufrir prisión por haber expresado su voluntad de ejercer un derecho humano, convocar a otras personas a exigir la liberación de los presos políticos.
Iris Ruiz: Iris llegó a Miami en octubre con el azúcar descompensado, dependiendo de insulina y con el hígado inflamado. Tenía infección en los riñones, en los huesos pélvicos, y en el endometrio. La actriz cubana Iris Ruiz tuvo que viajar hasta Estados Unidos para tratarse porque en Cuba le negaron asistencia ante un posible cáncer endometrial por el cual sufría fuertes dolores y abundante sangramiento. Desde finales de marzo, la doctora que la trataba, sin explicación alguna, dejó de responderle el teléfono o atender las visitas de Iris. En la entrada del hospital, una persona que se encarga de controlar el acceso a los pacientes, le informó que la doctora que iba a ver no la podía consultar. La artivista, que era sitiada frecuentemente por la policía política, asocia esta inesperada conducta con posibles presiones de la Seguridad del Estado a la médica.
Aliuska Gómez: La opositora de 39 años conoce prácticamente todas las estaciones de policía en La Habana. Desde 2011, cuando comenzó a militar en el Frente de Acción Cívica Orlando Zapata, la policía política no ha dejado de hostigarla. Para ella uno de los episodios más violentos ocurrió el 13 de marzo de 2016, en la 6ta unidad de policía de Marianao. Una semana antes que el expresidente Obama visitara Cuba, Aliuska fue detenida, desnudada, golpeada y así le pusieron unas esposas conocidas como "Shakira". Con ellas le encadenaron manos y pies y laceraron su piel. Aliuska ha sido recibido palizas de agentes de uno y otro sexos, a veces uniformados y otros que ni siquiera se identifican. La amenaza de encarcelarla por su activismo pesa sobre ella y su familia.
Anay Remón: Los años 2018 y 2019 fueron para Remón los más hostiles contra ella por su trabajo como periodista independiente. Por esas fechas fue citada, interrogada y amenazada por dos oficiales que se presentaban como el Capitán Jorge y la Teniente Elizabeth. Elizabeth incluso intimidó, en su propia casa, a la madre de Anay con una posible encarcelación de su hija. “Mi madre es una persona mayor, sana en general, pero con un problema en el corazón. Ellos fueron a molestarla porque saben que es lo que más me afecta”, explica Anay quien publica en CubaNet bajo el nombre de Ana León. Anay no puede salir del país desde mayo de 2018. Pese sobre ella una regulación migratoria por “razones de interés público”, término que utilizan los agentes del Estado para restringir la movilidad de periodistas y defensores de los derechos humanos de modo arbitrario.
Omara Ruiz Urquiola: Omara Ruiz Urquiola fue golpeada el 13 de noviembre de 2020 por la policía cubana cuando protestaba de modo pacífico junto a otros opositores por la encarcelación del rapero Denis Solís. Las imágenes de su vestido ensangrentado y las llagas de su padecimiento reventadas en su cuerpo quedaron como prueba de la denuncia. La profesora sufrió múltiples amenazas, reclusión domiciliaria, interrogatorios y cortes de Internet y telefonía. Sin embargo, sus denuncias más contundentes contra el gobierno cubano están dirigidas a la posible complicidad del sistema de salud con la policía política para afectarla. Omara, paciente de cáncer de mama, asegura que le fue sustituido un medicamento (anticuerpo monoclonal Pertuzumab) por placebo en dos ocasiones, ambas coincidentes con la ausencia de su hermano Ariel. Por lo que ella estaba sola. Omara ha solicitado por años ver el medicamento que le suministran, cómo y en qué proporción, pero las autoridades médicas se niegan. Ruiz Urquiola fue expulsada del Instituto Superior de Diseño (ISDI), centro donde laboraba como docente e investigadora desde hace más de 20 años, por su disidencia.
Iliana Hernández: Desde 2017, Iliana Hernández ha sido detenida arbitrariamente en más de 20 ocasiones por agentes del Estado cubano. Durante esas detenciones la han obligado a desnudarse y someterse a revisiones corporales por agentes del sexo femenino. La han obligado a inclinarse y toser para comprobar si tiene algún objeto dentro de su vagina. La han obligado, también, a tomar muestras de olor de sus genitales. Sus medios de trabajo fueron decomisados bajo el Decreto Ley 370, que regula lo que puede publicarse en las redes sociales o no. Quitarle su teléfono y computadora es un modo de silenciarla y callar su trabajo como reportera. Hernández ha visto expuesta su vida personal y fotos privadas en páginas presuntamente manejadas por la Seguridad del Estado. Contenidos que tomaron de su computadora personal cuando la policía política la decomisó. El último año Iliana lo ha pasado sin que prácticamente le permitan salir de su casa, aunque no existe ninguna acusación ni orden de un juez para ello.
Mayda Yudith Sotolongo: Al hijo de Mayda, oficiales de los grupos de boinas negras lo lanzaron por el aire como un muñeco, le patearon el cuerpo al caer y se lo llevaron detenido. El 11 de julio sus vecinos fueron corriendo a avisarle. Ella, de inmediato fue hasta la delegación para ver en qué condiciones estaba Yunior y si lo tenían allí. La reacción de las autoridades fue detenerla. Le tomaron su huellas, la fotografiaron y en la madrugada un camión la trasladó hasta la prisión de 100 y Aldabó. Mayda ni siquiera había salido a protestar, pero la enviaron a la cárcel. En entrevista a CubaNet, la enfermera de 50 años relató que estuvo cuatro días detenida sin saber el porqué. “Me metieron en un hueco de 4×4 metros con otras detenidas. Era una celda oscura, sin ventanas, donde no sabía si era de día o de noche. El calor y los mosquitos no dejaban dormir, todo el día sudaba y no nos daban agua. A mí no me dieron golpes, pero yo digo que es tortura la comida en mal estado, que nos negaran agua, la suciedad. Y luego a las 6:00 a.m. ponían discursos de Canel o Fidel Castro a todo volumen para enloquecernos y que no descansáramos. Tenías que taparte los oídos porque era insoportable. Yo aún tengo pesadillas con el sonido de la llave y el candado de ese lugar”, relató .
Camila Acosta: El 11 de julio, Camila salió a cubrir la protestas multitudinarias que sacudieron Cuba. Al día siguiente, ella fue detenida por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y apresada por cuatro días. Ante la visibilidad de su caso, Camila fue liberada pero la mantienen bajo investigación por el delito de desorden público. El acoso contra ella, residente en La Habana pero natural de la Isla de la Juventud, se ha centrado en dejarla sin un lugar para vivir. Acosta ha sido desalojada en más de cinco ocasiones porque sus caseros son amenazados por la política. Camila no puede salir del país, y durante largos períodos tampoco le permiten salir de su casa. Es citada y amenazada con frecuencia. Sin embargo, el asedio de la Seguridad del Estado no se limita a ella. Funcionarios cubanos han llamado a su abuela, anciana y con patologías nerviosas, para contarle sobre “la vida contrarrevolucionaria” de su nieta. No solo la hostigan, apresan y han dejado en la calle, también intentan romper su familia.
Yanilys Sariego: Empujada dentro de la patrulla 422, el oficial con placa 14396 le dijo: "Blanquita, te picamos en cuadritos, te desaparecemos y nadie se entera". El 12 de noviembre Yanilys Sariego fue detenida por la policía en Cárdenas, Matanzas, tras negarse a acudir a varias citaciones de la Seguridad del Estado que incumplían con la ley del Procedimiento Penal. Luego de detenerla con violencia la mantuvieron casi una semana en la delegación donde fue amenazada para que abandonara su activismo. Actualmente está siendo procesada por los supuestos delitos de desacato y resistencia.
Mary Esther Lemus Cordero: El 6 de noviembre, Mary Esther y su familia sufrieron un acto de repudio en las inmediaciones de su propia casa. Un grupo de desconocidos llegaron hasta allí para gritar consignas y amenazarlos. Entre el grupo había un hombre con un machete apuntando a las paredes de su casa. El 20 de octubre, la historietista ya había sido citada por la Seguridad del Estado para “entrevistarla”. Mary Esther es una artista, una ilustradora, una mujer a la que hostigan por dibujar.
Daniela Rojo: Rojo, que ya había estado en paradero desconocido tras ser arrestada el 11J durante las manifestaciones, estuvo cinco días más en desaparición forzada en noviembre. Las autoridades la detuvieron, incomunicaron y negaron su paradero a familiares y amigos cuando Archipiélago convocó a la marcha del 15N. Como castigo a su disenso la han detenido e interrogado múltiples veces por disentir. Incluso, han llegado a utilizar la custodia de sus hijos menores de edad para amenazarla. El 21 de diciembre, Daniela fue notificada de que tenía una petición fiscal de cinco años de cárcel por participar en las protestas del 11J.
Eralidis Frómeta: Perdió un embarazo de tres meses por una golpiza que le propinó la Seguridad del Estado. Ellos también le fracturaron ambos brazos y le han dejado el cuerpo lleno de hematomas. Eralidis apenas duerme y su sistema digestivo está muy dañado por los días que ha pasado sin comer cuando es detenida. Hoy su esposo, Yuri, está preso por su trabajo como periodista. A ella se le llevan cuando está en su casa, o reunida con otros opositores y reporteros. Se la llevan cuando está en una cola para comprar alimentos. Las autoridades cubanas la han detenido, según su cuenta, unas 300 veces.
Lizandra Góngora: Madre de 5 niños, salió a manifestarse el 11 de julio y hoy le piden 10 años de cárcel. Cuando la detuvieron Lizandra estuvo más de una semana en desaparición forzada. Las autoridades negaron a su expareja y padre de sus hijos el paradero de esta. Incluso lo intentaron animar para que la denunciara por abandono infantil, cuando eran las autoridades cubanas quienes la mantenían detenida e incomunicada. Lizandra Góngora es la mujer que en las noches transmitía un cacerolazo por su Facebook donde pedía libertad para los presos políticos y denunciaba todas las carencias con las que se subsiste en Cuba. Por ello, estaba en la mira de la Seguridad del Estado, quienes llegaron a amenazarla con que perdería la custodia de sus hijos. En noviembre la activista fue trasladada a una celda de castigo por enviar desde prisión una carta en la que ratificaba que se mantiene “firme a mis convicciones” y que no dialogará con la dictadura.
Danaisy Muñoz: El brazo izquierdo se le desmonta hacia atrás y las articulaciones de sus manos no le responden normalmente producto a las llaves de inmovilización que le ha aplicado la policía en Cuba. La han detenido y golpeado en la calle, al salir de su casa, cuando se reúne con otras opositoras. Sin embargo, no ha sido la violencia física lo peor que le ha hecho el gobierno cubano. A Danaisy le quitaron la custodia de sus hijas por ser opositora. Sus hijas fueron internadas en un centro para menores sin familia.
Noemia Lisandra Rodríguez: Está siendo acosada por la Seguridad del Estado y amenazada con perder a sus hijos. Antes la habían apartado de la docencia por manifestar públicamente su disenso.
Thais Mailén Franco Benítez: Fue recluida casi cinco meses en prisión por manifestarse pacíficamente en la calle Obispo junto a otros activistas. En prisión le negaron acceso a servicios médicos y medicinas. Aún está pendiente su proceso judicial. A finales de noviembre, la Seguridad del Estado detuvo a la activista en su vivienda para advertirle que la podían procesar bajo los supuestos delitos de instigación a delinquir si continuaba publicando en redes sociales.
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