La burocracia comunista no se divorcia: siempre está ahí

A estas alturas de la historia, que el diario oficial del régimen comunista cubano lance una campaña contra la “burocracia” suena a falsos populismos y, cómo no, a un intento más de desviar la atención de los verdaderos y graves problemas que sufren los cubanos.

Un artículo en Granma, titulado “Divorciar el trámite de la burocracia”, viene a cuestionar la lentitud de los procesos asociados a la vivienda y la planificación física, que califica de “odisea” para los ciudadanos.

Esperar de dos o más años para poder realizar algún tipo de reforma doméstica es algo habitual en el papeleo burocrático castrista. Los requisitos, trámites y, hasta la inoperancia de no pocos funcionarios, como señala Granma, están detrás de muchas frustraciones de aquellas familias que desean acometer cambios en sus viviendas. Pero, ¿son estos realmente los culpables del mal funcionamiento del sistema de la vivienda y del extinto Instituto de Planificación Física? No lo creo.

Si se pretende explicar por qué ocurren estas cosas en Cuba, y no en otros países, hay que partir del reconocimiento que durante 50 años no existieron derechos de propiedad privada sobre las viviendas, e incluso, cuando Raúl Castro los restituyó en 2011, lo hizo tan mal que pocos cubanos se creyeron realmente propietarios de las casas en las que vivían.

Ese desprecio de los comunistas por la vivienda ha llevado a una situación como la actual, en que se reconoce que el déficit de alojamiento supera el millón de unidades, en tanto las que aún se mantienen en pie están necesitadas de reparaciones urgentes, mucho más que una mano de pintura.

En los últimos años, los burócratas se ensañaban con la gente que solicitaba alguna reforma, señalando todo tipo de dificultades, como defectos en la propiedad, errores que se debían subsanar por el interesado, o la ausencia de correspondencia entre las medidas y lindes con lo señalado en documentos carentes de cualquier rigor, al haber sustituido a los originales, tras las confiscaciones y expropiaciones producidas a partir de 1959. Las quejas no se hicieron esperar.

Entonces, sin reconocer el origen real del problema e implementar los cambios necesarios para su corrección, los dirigentes comunistas se embarcaron en lo que hacen siempre: enredar más lo que han empeorado o, lo que Granma define como “poner ciencia y pensamiento a un asunto que tantas molestias causaba a quienes necesitaban emprender una obra”.

¿Qué ciencia y pensamiento? Vergüenza ajena se siente cuando se conoce de qué modo el régimen se planteó atender las numerosas quejas generadas por la engorrosa situación de los trámites y del papeleo, unas veces por razones objetivas y, la mayoría, por cuestiones organizativas.

Y así, tuvo que ser tras una visita gubernamental cuando se insistió en pensar cómo se podía resolver el asunto que tanto irritaba a la población. La inercia de la administración al servicio de la decisión arbitraria de las autoridades comunistas. El estado obediente a un partido que en régimen de monopolio hace y deshace lo que le da la gana. Así es cómo funciona la maquinaria burocrática cubana, que lejos de resolver los problemas, los agrava como consecuencia de las injerencias políticas. Y claro, no se les ocurre otra cosa que informatizar todo, pensando que de esa manera se podría facilitar la vida a las personas y “hacer menos embarazosos los distintos procedimientos relativos al ordenamiento urbanístico y territorial”. Una tarea que, además, no resultó fácil, “porque hubo que capacitar, montar en las máquinas los diferentes sistemas e, incluso, romper muchas barreras mentales y resistencias al cambio”.

Parece mentira. Algo tan comprensible como tener la gestión ordenada e informatizada (cualquier trabajador por cuenta propia lo hará en su pequeño negocio), a la administración de vivienda le llegó como fruto de la decisión de algún dirigente “tras una visita gubernamental”. El contrafactual nos lleva a pensar que se deberían alegrar de que hubiera aquella visita que, según Granma, sirvió para facilitar la vida a la gente.

¿Qué se consiguió? Pues reducir trámites presenciales (antes todos lo eran), individualizar los procesos en un solo técnico y sobre el terreno, con el uso de una tablet o de un celular, con la referencia de la vivienda a visitar. También que el cliente pueda seguir desde una apk el estado de su proceso, sin tener que regresar una y otra vez, hasta la Dirección de Planificación Física. En fin, nada que ya no exista en funcionamiento en otros países de nivel de desarrollo inferior a Cuba.

Al final, este tipo de actuaciones son las que gustan a la burocracia comunista y permiten a Granma escribir, bajo la mano dirigente del censor este tipo de artículos, en el que no se menciona ni una sola vez el derecho de propiedad privada a la vivienda de los cubanos. Es más importante dedicarse a destacar las supuestas bondades de una decisión del gobierno, como fue la extinción del Instituto de Planificación Física, y la creación del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo como organismo de la Administración Central del Estado. Tanto, monta, monta tanto.

Los comunistas de Granma alaban esta decisión de cambio de nombre como algo trascendental, de orden superior, de gran impacto social y que será, como no, “un instrumento para mejorar el trabajo de planificación y control de la política trazada por la dirección del país en esta esfera, lo cual responde al perfeccionamiento del modelo económico y social”. Cabe preguntarse qué no es importante en el régimen comunista cubano si no ayuda a planificar y controlar lo que sea.

De modo que ahora están en otras cosas, como establecer las nuevas relaciones de trabajo entre el organismo y los gobiernos de los territorios, aprobar nuevos esquemas provinciales de ordenamiento territorial y urbano (los enésimos, porque llevan toda la vida con este tipo de majaderías comunistas) hasta 2030, etc., etc. y, por eso, con tanto trabajo de planificación y control se olvidan de lo importante que es construir viviendas nuevas y arreglar las que existen o poner orden en el caos imperante.

Granma lo reconoce textualmente, “por años hubo muchas decisiones incorrectas (en materia de vivienda) por parte de los gobiernos a la hora de establecer las áreas donde se construiría o las condiciones de urbanización, lo cual conllevó al surgimiento de barrios precarios e ilegalidades”. Caza mayor de burócratas desafectos, o populismo dirigido a reducir la tensión social que existe en el país. Vaya usted a saber, los comunistas cubanos se las saben todas. Sobre todo, quitarse las responsabilidades de encima y arrojarlas a otros.

Mientras que la burocracia se entretiene con este tipo de cosas y Granma aprovecha para hacer sangre con algún asunto con el que pueda quitar presión al malestar social (siempre bajo orden de los censores), los dirigentes se olvidan de los problemas y siguen sin plantear las soluciones que se necesitan para poner en orden el caos de la vivienda que sufren los cubanos. No es verdad que se vean avances de ningún tipo en ningún sitio. El país no avanza, va en retroceso. No por informatizar algo se puede mejorar.

Lo que los comunistas denominan “la actualización de los títulos de propiedad y de otros procederes” es mucho más importante de lo que parece. Mucho más que los temas de planificación y control, organizativos y de formación de los empleados. El marco jurídico de derechos de propiedad tiene que estar claro para que el sistema funcione realmente.