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La Fiscalía de Villa Clara pidió siete años de privación de libertad para el rapero cubano Randy Arteaga Rivera, acusado de resistencia a la autoridad, y actualmente en prisión preventiva en la cárcel La Pendiente por participar en las protestas del 11J.
El rapero Osvaldo Navarro Veloz, coordinador del proyecto cultural Di.verso, aseguró a este medio que la familia del detenido conoció la noticia a través de una llamada telefónica le que hizo él desde la prisión.
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"Randy, después de su participación en las manifestaciones pacíficas del 11J, fue acusado primero de desorden público y luego de resistencia a la autoridad. Estuvo aislado en dos ocasiones, tuvo coronavirus y solo ha recibido dos visitas desde que lo detuvieron el 11 de julio", señaló Navarro Veloz.
La familia espera que hoy miércoles le entreguen de manera oficial la petición fiscal para continuar con la preparación de la defensa y demostrar la inocencia del joven cubano.
La madre de Arteaga Rivera pidió en agosto el apoyo de la comunidad internacional para que intercedieran por su hijo, que en ese momento enfermó de coronavirus en prisión.
Poco después su abuela murió a consecuencia de la pandemia, pero como se encontraba detenido, las autoridades no le permitieron asistir al funeral, una situación que criticaron activistas y familiares.
No existen cifras oficiales sobre la cantidad de detenidos en las protestas del 11J, pero datos de organizaciones independientes estiman que la cantidad supera los mil arrestos, de los cuales un número significativo podría enfrentar penas elevadas.
Al respecto el Observatorio Cubano de Derechos Humanos criticó que las peticiones fiscales a los manifestantes del 11J se igualan al delito de homicidio, según se contempla en el Código Civil vigente.
"Hemos documentado al menos once peticiones fiscales de entre doce y cuatro años de prisión por supuestos delitos de 'desórdenes públicos y atentado', fundamentalmente en las provincias de Camagüey y Villa Clara. Otras 40 personas enfrentan peticiones de entre ocho meses y un año de prisión", indicó Alejandro González Raga, director ejecutivo del OCDH.
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