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La activista Saily González Velázquez decidió cerrar su restaurante en la ciudad de Santa Clara ante el hostigamiento de las autoridades en la isla a “los que sueñan y actúan por la democracia y la libertad”.
González Velázquez, quien desde 2016 gestiona un restaurante de ventas de tacos y desayunos, consideró este jueves en el perfil de Facebook de su restaurante, conocido como “Amarillo B&B’, que “no existen derechos en Cuba para los que quieren un cambio, para los que sueñan y actúan por la democracia y la libertad. El hostigamiento a quienes lo hacen y a quienes rodean a estas personas es una práctica común por parte de la policía política que, por responsabilidad, deseamos evitarle a nuestros trabajadores”.
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Igual expuso que “Amarillo nació, creció y hoy ‘descansa’ bajo los dictámenes de un sistema que no es capaz de permitir que las empresas no incurran constantemente en ilegalidades para su funcionamiento (le conviene que así sea para poder penalizar por cualquier motivo a aquellos empresarios que lo desafían). No permitiremos que un sistema legal injusto manche nuestras ganas de hacer”.
También quiso dejar claro que su restaurante “no cierra porque Saily decidió de pronto hacer activismo por la democracia y el respeto a los derechos en Cuba, sino porque en DICTADURA ser activista por estas razones, es un crimen”.
No obstante, la activista prometió que “nos veremos otra vez, en una Cuba con derechos”.
En la misma publicación, la activista comparte el video del encuentro que tuvo con los trabajadores del restaurante en el que reitera que “todo lo que se hace en este país es totalmente ilegal. Todo lo que conseguimos es totalmente ilegal, porque en este país no hay manera de hacerlo de forma legal, y yo realmente no puedo seguir abriendo porque me voy a buscar un problema a mí y a a ustedes. Esta es la mejor decisión, que yo puedo tomar”.
En la conversación igual les asegura a los trabajadores que “va a escribir a los lugares que yo conozco para recomendarlos para que puedan tener trabajo lo antes posible. A mí esto me duele, porque llevo años con ustedes, pero es lo mejor porque yo no quiero que ustedes estén involucrados en lo que yo estoy haciendo. Para mí es una responsabilidad”.
“No crean que esto es culpa mía, porque yo decidí meterme en política. Si alguien tiene la culpa de lo que hoy está pasando es el gobierno cubano. Yo puedo meterme en política, tengo derecho de hacer lo que yo quiera y por eso no correr ningún peligro. Si hay peligro ahora para nosotros no es por culpa mía, es del gobierno cubano”, reiteró la activista.
En otra parte de vídeo, insistió otra vez que “a mí no me paga nadie por hacer lo que yo hago, pero persona que trabaje conmigo en este momento es proclive a que le metan un interrogatorio de tres o cuatro horas, y eso no lo puedo permitir”.
González Velázquez recién había denunciado una campaña de descrédito del gobierno cubano contra ella por ser una de las organizadoras de la “Marcha Cívica por el Cambio”, prevista para el próximo 15 de noviembre.
"No me paga nadie, ni a mí ni a nadie que está convocando esta manifestación desde acá, desde dentro de Cuba. A nosotros no nos hace falta que nadie nos pague para darnos cuenta de lo inhumano en lo que se ha convertido el socialismo en Cuba", expresó en esa ocasión.
La activista, quien es coordinadora de la plataforma ciudadana Archipiélago, también reiteró, tras la respuesta de las autoridades en Santa Clara para hacer la marcha, que la marcha se mantiene, a pesar de la negativa oficial a reconocer el derecho de manifestación consignado en la Constitución cubana.
“Mantenemos la intención de la marcha porque, como ya dijimos, la intención de la carta que nosotros enviamos o llevamos a las asambleas municipales realmente no era pedir permiso”, dijo a CiberCuba y precisó que el objetivo de hacer llegar la notificación a las autoridades fue únicamente informativo.
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