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El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) condenó la prohibición de la “Marcha Cívica por el Cambio”, convocada para este 15 de junio por la plataforma ciudadana Archipiélago, además de reivindicar “el derecho de los cubanos a la libertad de manifestación”.
“Expresamos nuestra más enérgica condena ante las respuestas emitidas por las autoridades cubanas, que han declarado ‘ilícitas’ las marchas cívicas convocadas por ciudadanos en varias provincias del país. Las autorizaciones se habían solicitado a los diferentes gobiernos locales, amparados en la nueva Constitución”, expone un comunicado del OCDH, enviado a CiberCuba.
La organización asegura que “estamos ante una flagrante vulneración de los derechos humanos. De manera formal, aunque en un clima de amenazas, detenciones arbitrarias y retenciones en casas de los promotores de la iniciativa, el gobierno cubano, una vez más, cierra las puertas a la participación ciudadana, mediante la criminalización del ejercicio de un derecho”.
“El gobierno cubano debe aceptar el reto de escuchar a los ciudadanos. No lo hizo el 11 de julio pasado, cuando el presidente llamó al combate y al enfrentamiento entre cubanos, y no lo está haciendo ahora al prohibir la marcha cívica convocada para el 15 de noviembre”, añade el comunicado.
También recuerda que la propia argumentación oficial deja al descubierto el carácter antidemocrático del sistema actual en Cuba y el papel mojado que representa la nueva Constitución de la República, la cual nació sin refrendar derechos fundamentales y los pocos que recoge se deniegan arbitrariamente por el poder ejecutivo.
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Por último, el OCDH hace “un llamado a la Unión Europea a que condene esta clara violación de los derechos humanos en Cuba, incompatible con el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre Cuba y la Unión Europea”.
Este miércoles igual trascendió el desacuerdo de la organización no gubernamental Human Rights Watch con la negativa del gobierno cubano para la marcha del 15N.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, denunció a través de la red social Twitter, la postura del Estado cubano y señaló que el derecho a la manifestación no debe estar sujeto a los caprichos de un gobierno.
Por su parte, la plataforma ciudadana ratificó este martes su postura de salir a manifestarse la fecha acordada.
“El 15 de noviembre nuestra decisión personal será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos. Frente al autoritarismo responderemos con civismo y más civismo”, indicó una declaración de los organizadores.
Este martes los intendentes del gobierno en La Habana Vieja y Santa Clara dieron respuesta a la solicitud de realizar una marcha pacífica en varias localidades del país este 15 de noviembre.
Ambas respuestas, con idénticos argumentos, calificaron de “ilegítima” y “anticonstitucional” la solicitud para realizar la manifestación, además de considerarla como una "provocación", que forma parte de una "estrategia" para desatar un cambio de régimen en Cuba.
En las misivas las autoridades argumentaron que el artículo 56 de la Constitución, citado como principal sustento de la solicitud para esta manifestación pacífica, dispone entre los requisitos para el ejercicio de la misma "el respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley", y consideran que ese apartado no se tuvo en cuenta al organizar la marcha.
No obstante, a poco de conocerse la decisión del gobierno de La Habana Vieja, ciudadanos entregaron en la Gobierno Provincial de Camagüey la notificación de la realización de la misma en esa provincia.
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