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La organización no gubernamental Human Rights Watch mostró su desacuerdo con la decisión del Gobierno cubano de no permitir que se realice la marcha del 15N convocada por la plataforma ciudadana Archipiélago.
José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División de las Américas de Human Rights Watch, denunció a través de la red social Twitter, la postura del Estado cubano y señaló que el derecho a la manifestación no debe estar sujeto a los caprichos de un gobierno.
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Archipiélago respondió este martes con determinación a la negativa del gobierno a permitir la marcha. Desde la plataforma ciudadana aseguran que la convocatoria se mantiene.
“El 15 de noviembre nuestra decisión personal será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos. Frente al autoritarismo responderemos con civismo y más civismo”, indicó una declaración de los organizadores publicada en la red social Facebook.
El 21 de septiembre, Archipiélago presentó al Gobierno Provincial de La Habana una notificación de que realizarían una marcha pacífica. El objetivo de la manifestación es condenar la violencia, exigir libertad para los presos políticos, respeto a los derechos humanos y soluciones democráticas ante los conflictos que vive el país.
La marcha se programó inicialmente el 20 de noviembre, pero el gobierno estableció en similares fechas un ejercicio militar a escala nacional. Ante el plan del Estado cubano de militarizar el país para frustrar la iniciativa, se reprogramó la manifestación para el 15N.
La notificación apelaba al artículo 56 de la Constitución de la República de Cuba, que reconoce a los ciudadanos el derecho a reunirse, manifestarse y asociarse con fines lícitos y pacíficos. Mencionaba además el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre el derecho a ejercer la libertad de reunión y asociación pacíficas.
Este martes el Gobierno cubano denegó el permiso y calificó como "inconstitucionales" y "desestabilizadores", los objetivos de la manifestación.
Indicaron que no se tuvo en cuenta en la convocatoria "el respeto al orden público y el acatamiento a las preceptivas establecidas en la ley". Amparados en ese argumento señalaron que "no se reconoce legitimidad en las razones que se esgrimen para la marcha".
Además señalaron que existe una proyección pública de algunos de los promotores "con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense", y que tienen "la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba".
A pesar de los criterios del Gobierno, los organizadores de la marcha sí enfatizaron el carácter pacífico y cívico de la manifestación. Archipiélago señaló que se haría "con absoluto apego al orden público y a las medidas sanitarias impuestas por la pandemia de COVID-19", y demandó a las autoridades el cumplimiento de garantías para los participantes.
Otras ciudades cubanas, entre las que están Holguín, Villa Clara, Cienfuegos, Pinar del Río, Guantánamo, Las Tunas y Artemisa, también confirmaron su interés de manifestarse el 15N. Los gobiernos de esos territorios fueron notificados, pero todos los casos han sido rechazados.
A finales de septiembre desde Human Rights Watch mostraron también desacuerdo con el tratamiento que reciben los presos políticos en Cuba y preocupación por la salud de Luis Manuel Otero Alcántara, preso desde que intentó incorporarse a las protestas del 11J en La Habana.
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