El periodista independiente Yoel Acosta, residente en la provincia cubana de Guantánamo, fue multado con 2.000 pesos por reportar las condiciones de vida de la población en Baracoa para el medio independiente Palenque Visión.
En declaraciones a Radio Televisión Martí el activista y colaborador del medio independiente ADN Cuba explicó que el miércoles varios agentes lo trasladaron a la Estación de Policías de la ciudad, y allí le aplicaron una multa con base en el Decreto-Ley 35/2021, publicado el pasado martes en la Gaceta de Cuba.
Además, le fue levantada un acta de advertencia por "atentar con programas subversivos contra la Revolución" y lo amenazaron con que si seguía publicando sus reportajes sobre los problemas cotidianos del cubano de a pie sería llevado a prisión.
También le dijeron que sus reportajes, en los que muestra la vida en los barrios empobrecidos de la provincia más occidental de Cuba, "desacreditaban al país".
"Dicen que si yo no sabía que había salido un artículo que ellos habían aprobado donde decía que toda persona se manifestara en contra del gobierno o que mostrara la realidad que vive el cubano iba a ser procesada penalmente y que podían llevarme a prisión por eso", afirmó.
Acosta comentó al citado medio que cree ser una de las primeras personas castigadas con el Decreto-Ley 35, publicado un mes después de las protestas antigubernamentales del 11 de julio en más de 60 ciudades del país y luego de que el Senado de Estados Unidos analizara proveer Internet gratis a los cubanos.
La normativa prohíbe la difusión de noticias o "mensajes falsos", así como de contenidos considerados ofensivos o que "inciten a movilizaciones u otros actos que alteren el orden público".
Asimismo, califica como ciberterroristas a quienes usen la Tecnología de la Informática y las Comunicaciones (TIC) para "subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas y de masas, las estructuras económicas y sociales del estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".
Con la excusa de "actualizar el marco jurídico en materia de telecomunicaciones", el Decreto y varias resoluciones establecen los límites de la libertad de expresión en redes sociales, los reclamos que pueden hacérsele al gobierno en internet y tipifica los llamados a manifestaciones pacíficas como delito grave de "ciberterrorismo".
El mencionado decreto ha sido duramente criticado por los cubanos con la etiqueta #NoalDecreto35.
También se han opuesto a este organismos internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, los cuales condenaron la aprobación del mismo y afirmaron que este restringe el uso del internet en la isla y empodera al estado para controlar el acceso al ciberespacio y el contenido que se publica.
Para algunos analistas cubanos el polémico Decreto-Ley institucionaliza, una vez más, la dictadura en Cuba, donde el régimen cubano "crea" regulaciones que violan sistemáticamente sus propias leyes.
El reportero y activista guantanamero Yoel Acosta sufre desde inicios de año el acoso de la Seguridad del Estado cubano por sus reportajes en comunidades abandonadas de Guantánamo.
En marzo fue detenido al menos cinco veces, y semanas después fue secuestrado por la Policía cubana cuando salía de realizar una entrevista en un poblado cercano a Baracoa.
También le advirtieron que iría a prisión si continuaba realizando sus reportajes sobre "temas delicados", en referencia a su cobertura sobre la situación social en el oriente de la isla.
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