A poco más de un mes de las protestas masivas del 11 de julio en Cuba, el gobierno cubano informó en medios oficialistas sobre las condenas impuestas.
Lisnay María Mederos Torres, fiscal jefe de la Dirección de Proceso Penales de la Fiscalía General de la República, fue la encargada de dar cifras mientras, dijo, "se prosigue con la investigación" de los hechos.
A los manifestantes condenados se le han impuesto medidas cautelares de fianzas, reclusión domiciliaria, y "en los casos más graves, la prisión provisional”, detalló la funcionaria.
Los cargos presentados han sido “fundamentalmente por delitos que afectan el orden y la tranquilidad ciudadana, en los que predominan los desórdenes públicos".
En este tipo de procesos, explicó la fiscal, la sanción privativa de libertad se extiende hasta un año o multas de hasta 300 cuotas, pudiendo ser cada una de ellas de hasta 50 pesos, lo que significa que pueden llegar hasta los 15 000 pesos.
Joselín Sánchez Hidalgo magistrado del Tribunal Supremo Popular y director de supervisión y atención a la población, precisó que los llamados "tribunales populares" han juzgado hasta el momento a 67 acusados.
De ellos, apenas 23 se hicieron representar por abogados durante el juicio.
El magistrado del Tribunal Supremo Popular dio a conocer además que, de los juzgados, uno resultó absuelto y 45 establecieron recurso de apelación, “alegando como las causales más reiterativas la inconformidad con la sanción impuesta, y considerar que su conducta no era constitutiva de delito. En estas apelaciones, 42 de los acusados han designado abogados para que los representen.
El funcionario también informó que a 27 de los manifestantes detenidos, que cumplían sanciones subsidiarias de la privativa de libertad (libertad controlada) o que se encontraban en libertad condicional, se les revocó esta condición.
Son los casos, por ejemplo, de José Daniel Ferrer, líder de la UNPACU, o del artista Luis Manuel Otero Alcántara, uno de los líderes del contestatario Movimiento San Isidro, que fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Guanajay.
El funcionario también informó que hasta el momento se han presentado 61 recursos de habeas corpus, de los cual 59 se encuentran resueltos como "sin lugar", es decir, ninguna de las privaciones de libertad objetadas vulneraría lo establecido por la ley.
Los voceros judiciales del gobierno también hicieron alusión a los menores de 16 años detenidos tras las protestas, y aseguraron que en esos casos "se evalúan las medidas cautelares impuestas y el control de los procesos de manera sistemática, para garantizar la decisión procesal adecuada."
"Están siendo evaluados por equipos multidisciplinarios de expertos de los Centros de Evaluación, Análisis y Orientación de Menores, los que recomendarán las medidas a adoptar", aseguró la fiscal Lisnay María Mederos Torres.
Uno de los casos más escandalosos entre las muchas violaciones reportadas en redes sociales por familiares durante la ola represiva que siguió al 11J es el de Christopher Lleonard Santana, un niño de 14 años con retraso mental, que lleva más de un mes en una prisión de menores (o campamento de reeducación) sin poder ver a su familia.
Los funcionarios judiciales cubanos siguen sin informar el total de detenidos tras el estallido.
El día 24 de julio, el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro anunció que un total de 59 cubanos han sido enjuiciados por participar en las manifestaciones y rechazó que hubiera juicios "sumarísimos", como denunciaron algunos familiares de los detenidos.
Consultado entonces por la prensa internacional sobre la cifra de detenidos durante las manifestaciones, Ferro respondió que a él también lo asalta la "curiosidad".
"Yo también tengo curiosidad, no lo sé. Se habla de una cifra por un lado, de otras por otros (...), se está investigando, pero yo no conozco ese dato, no es un dato que esté disponible", dijo.
De acuerdo con una lista, elaborada por organizaciones independientes cubanas, más de 850 personas fueron arrestadas. De ellas, 33 tienen entre 14 y 18 años. Al menos 200 de ellos siguen en prisión.
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