La Seguridad del Estado siguió y detuvo en plena calle al científico cubano Oscar Casanella, según denunció el también activista en un video transmitido en vivo desde su Facebook.
Casanella denunció que un agente de la Seguridad los siguió en una moto a él y a su esposa e hijo pequeño, mientras se transportaban en un auto hacia la casa de sus suegros, y dio la orden a un oficial de policía de que los detuviera en la esquina de Paseo y Zapata en el Vedado, La Habana.
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Aseguró que él no había cometido ninguna infracción de tránsito, mientras la policía revisaba sus documentos por largo tiempo, durante el cual los tres permanecieron sin poder salir del vehículo.
Unos minutos después de terminada la transmisión de Casanella, el periodista José Raúl Gallego reveló en Facebook que el activista y su esposa Eleanne le comunicaron que la policía los estaba obligando a “acompañar al agente de la Seguridad hasta la estación policial de Zapata y C”.
El periodista añadió que el mismo agente que “vigilaba la casa de Oscar Casanella les advirtió que no podía salir, cuando con su esposa y su hijo se dirigían a casa de sus suegros”.
La pareja, que no tiene ninguna causa pendiente ante la ley, decidió salir con su hijo pequeño a la visita familiar, pero el agente se apresuró a perseguirlos con su moto.
Desde el inicio del VIII Congreso del Partido Comunista de Cuba el viernes pasado, Casanella ha sido impedido por parte de la policía política de salir de casa de su madre en Nuevo Vedado, donde ha permanecido recluido junto a su familia por una semana.
En reiteradas ocasiones, el activista denunció a los represores que lo vigilaban durante 24 horas apostados junto a sus motos frente a su casa.
Esta práctica se ha repetido con numerosos activistas en todo el país, quienes han sido forzados a mantenerse en prisión domiciliaria sin haber cometido ningún delito, como es el caso del artivista Luis Manuel Otero Alcántara, la reportera de CiberCuba Iliana Hernández y la historiadora del arte Carolina Barrero, por citar algunos ejemplos.
Al intentar salir de sus casas, la Seguridad del Estado detiene a los activistas y los mantiene en paradero desconocido como su modus operandi, para después devolverlos a sus domicilios y seguir violando sus derechos ciudadanos como parte de una técnica de desgaste psicológico, físico y cívico.
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