Un juez federal de Estados Unidos prohibió indefinidamente al gobierno del presidente Joe Biden imponer una moratoria de 100 días a la mayoría de las deportaciones.
En un fallo emitido la noche de este martes, el juez de distrito Drew Tipton, emitió una orden preliminar que bloquea la decisión ejecutiva anunciada por la administración Biden en su primer día.
Es una victoria para el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien había presentado una demanda contra el gobierno federal por la pausa de 100 días anunciada oficialmente en un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), luego de que la administración Biden hiciera pública la decisión.
La orden restrictiva representa un obstáculo a sortear para miles de cubanos que enfrentan una orden final de deportación o permanecen ilegalmente en Estados Unidos tras ingresar al país en fecha reciente sin reportarse a las autoridades de inmigración. En calidad de indocumentados, este grupo de inmigrantes correría el mismo peligro de ser deportado que quienes proceden de Centroamérica u otro lugar.
Más de 41 mil cubanos tienen orden final de deportación tras haber cumplido sentencias en cárceles estadounidenses por delitos considerados graves.
A finales de enero, CiberCuba informó que aproximadamente 10.000 cubanos han sido retornados a México desde julio de 2019 bajo el programa Permanecer en México (PPM) para esperar una audiencia frente un tribunal de inmigración. No obstante, ante la desesperación y la incertidumbre, y ayudados por sus familiares radicados en EE.UU., una significativa cantidad de ellos se han valido de coyotes o bandas de traficantes para retornar a territorio norteamericano, otros han regresado a la isla.
El mes pasado, Tipton emitió rápidamente una orden de restricción temporal de 14 días, que luego extendió dos semanas más, para evitar que se hiciera cumplir la moratoria. Expresó entonces que el memorando del DHS no "consideró las políticas potenciales más limitadas en alcance y tiempo" y "no proporcionó ninguna justificación concreta y razonable para una pausa de 100 días".
"Esta orden judicial preliminar se otorga a nivel nacional y prohíbe la aplicación e implementación de la (pausa de 100 días) en todos los lugares donde los acusados tienen jurisdicción para hacer cumplir e implementar el Memorando del 20 de enero", escribió Tipton, funcionario designado por el ex presidente Donald Trump, en el fallo de 105 páginas.
La orden representa un revés para la agenda de inmigración de Biden, que se centra principalmente en deshacer el legado de inmigración de Trump y asegurar una reforma al sistema de inmigración de Estados Unidos.
El DHS podría apelar la declsión ante un tribunal superior.
Cody Wofsy, abogado del personal del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), dijo que su grupo estaba revisando sus opciones.
“Esta decisión es legalmente incorrecta y dañará seriamente a familias y comunidades en todo el país”, dijo Wofsy. "La demanda de Texas es un intento de privar a la administración de Biden de una oportunidad significativa para revisar y evaluar la aplicación de la ley de inmigración después de años de vivir bajo las políticas ilegales de Trump".
El fallo no estuvo exento de un punto positivo para Biden. Tipton no bloqueó todo el memorando del DHS, diciendo explícitamente en su fallo que: "Esta orden no prohíbe al Gobierno llevar a cabo o adherirse a las otras secciones del Memorando del 20 de enero", incluida una revisión de todo el DHS de las políticas y prácticas vinculadas a cumplimiento de la ley de inmigración y pautas de cumplimiento civil provisional.
La semana pasada, la administración Biden emitió una nueva guía de cumplimiento que requeriría que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos se concentre en los inmigrantes que representan un riesgo para la seguridad nacional, la seguridad fronteriza o la seguridad pública, un cambio importante que se aleja del enfoque de aplicación más agresivo de la administración Trump. Se espera que resulte en una caída en las deportaciones y otras acciones de ejecución.
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