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El senador Ron Wayden (D-Orergon) acaba de presentar un proyecto titulado “Ley de comercio entre Cuba y Estados Unidos 2021”, cuya aprobación pondría fin a 60 años de embargo norteamericano. De tal forma, los poderes legislativos de la nación echarían tierra al espíritu y las acciones contenidas en la Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba (Ley Helms-Burton de 1996).
Desde hace 24 años, después del bárbaro derribo, ordenado por Raúl Castro, de una avioneta perteneciente al grupo Hermanos al Rescate, el presidente William Clinton refrendó el citado documento que codificaba en ley el embargo, limitando las decisiones ejecutivas sobre nuestro país.
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La Helms-Burton condiciona la normalización de las relaciones con el gobierno cubano a la instauración de la democracia en la Isla. Los partidarios de hacer tabla rasa la aguda confrontación del castrismo con Estados Unidos, van urgidos de tiempo, les persigue la sospecha de herejía contra el Dios de la Libertad, al desconocer un mandamiento que viene presidiendo los vínculos entre ambos países desde los tiempos de John F. Kennedy y Lyndon B. Johnson, cuando los demócratas eran otros demócratas.
De aquel entonces es la vigente Ley de Ajuste Cubano (CAA) de 1966, inspirada por la excepcionalidad de la única dictadura comunista del hemisferio occidental.
¿En nombre de qué y de quiénes Wayden hace su propuesta?
Al presentarla por vez primera en 2017, expresó: "Décadas de experiencia han demostrado que el embargo nunca mejorará la vida del pueblo cubano. En cambio, esta política solo sirve para excluir a los exportadores estadounidenses de un mercado natural de productos agrícolas y manufacturados estadounidenses”
Obviamente, el embargo no está concebido para mejorar la vida del pueblo cubano. Es una réplica al liderazgo de Fidel Castro, cuando apostó por la desaparecida Unión Soviética, confiscando todo el patrimonio de la nación, cubano y extranjero, cuyo acto extremo fue una alianza militar con Moscú que colocó al mundo ante la alternativa de su desaparición mediante la guerra nuclear.
Sin embargo, el Barbudo en Jefe pareció valorar muy bien las consecuencias del embargo. Durante 12 administraciones, la aplicación de sanciones penduló sin llegar a extremos que provocaran una seria alarma en La Habana.
Veamos como evaluaba la situación el diletante de la Plaza de la Revolución al cuarto año de "sufrir" lo que él llamó siempre bloqueo:
“Nosotros vamos a tener, dentro de diez años, una producción de leche superior a Holanda y una producción de queso superior a Francia. Para esa fecha pensamos que se sobrepasen las cantidades de 30 millones de litros de leche. Así que habrá para exportar… ya se podrá imaginar”. (Periódico Hoy, 2 de marzo de 1964)
Únicamente bajo la administración Trump se instrumentó una presión creciente de sanciones, consecuentes con los objetivos de Eisenhower y Kennedy, aun así, los herederos del gran dictador pueden hoy mismo comprar alimentos y medicinas directamente en los 50 estados de la unión, siempre que paguen, por supuesto, porque es proverbial la mala costumbre castrista de rehusar deudas, agravada por su nulidad financiera actual.
Una diversidad de factores externos, ha contribuido a la supervivencia del modelo parasitario de economía, sustentada en el rejuego político, instaurado en la antilla mayor.
Apreciemos la respuesta del invicto Comandante al preguntarle qué pasaría si eran normalizadas las relaciones con Estados Unidos:
“Los países socialistas nos pagan precios mucho mejores y tienen relaciones mucho mejores con nosotros que las que tenemos con los Estados Unidos. Hay un dicho popular que dice: ‘No cambies una vaca por una chiva’…” (Playboy, abril de 1985)
Al clamar Mr. Wayden por la exclusión a unos potenciales exportadores hacia la Isla, ni estos negociantes constituyen un factor clave de la economía norteamericana, ni están dispuestos a venderle a Cuba, como hasta hoy pueden hacerlo, mediante el pago directo por sus cargas.
Estas "chivas", según el decir de Castro mayor, son realmente zorros, conocedores de la “mala maña” de los comunistas cubanos y por tanto exigen, solapadamente, la protección de sus ventas mediante créditos estatales que solo podría autorizar un presidente norteamericano si es derogado definitivamente el embargo hecho ley.
El legislador por Oregón invoca que “el Congreso tiene la obligación moral y económica para con el pueblo estadounidense de mejorar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba de la manera más rápida y segura posible".
Atención señor representante de la democracia más poderosa del planeta: Cuba no es un ente abstracto, somos 11 millones de prisioneros en el extenso campo de concentración conformado por nuestro archipiélago tropical, al sur de su inmenso país, donde viven el 85 % de otros dos millones y medio de compatriotas, constituyendo nuestra diáspora.
En la gran isla del Caribe pueblo es una cosa y gobierno es otra. Es imposible, entre estadounidenses y cubanos, establecer relaciones pueblo a pueblo, porque los derechos ciudadanos fueron arrebatados al individuo en Cuba.
Aunque es evidente que, por diversas razones, los Estados Unidos no han podido vertebrar una acción consecuente basada en el embargo, capaz de vencer a su enemigo en La Habana, también está claro que la consigna de eliminar el bloqueo es un objetivo político del castrismo.
Si de normalizar se trata, el sistema fallido impuesto a la nación cubana debe desaparecer, regresando el país a la normalidad.
Los cubanos están lejos de pedir compasión por sus miles de compatriotas fusilados sin debido proceso, encarcelados durante décadas, detenidos año tras año por miles; torturados, inclusive hasta el asesinato político; desaparecidos en el mar o en la selva, escapando del infierno comunista, donde prima la discriminación ideológica para acceder al trabajo, basado en la explotación del estado sobre el individuo.
En tales condiciones, la eliminación del embargo está lejos de ser una prioridad en la lucha del pueblo cubano por conquistar sus derechos.
Resulta cínico e indigno que un representante de la democracia líder del planeta, invoque la supuesta “obligación moral” de restablecer relaciones normales con el régimen totalitario comunista de la Plaza de la Revolución.
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