Un cubano fue arrestado y acusado de varios cargos -entre ellos el de “juegos prohibidos”- durante un operativo policial en Puerto Padre, en Las Tunas, donde le fueron confiscados gran cantidad de dinero y gallos finos.
Fueron vecinos del ahora encausado quienes avisaron a la policía, que procedió a efectuar un registro en la vivienda, donde encontraron 423.038 CUP, 7.404 CUC y 137 dólares. El dinero decomisado fue entregado al Banco de Crédito y Comercio de Cuba (BANDEC), asegura el reportaje del Noticiero de Televisión sobre los hechos.
También ocuparon 58 gallos finos que fueron derivados a Flora y Fauna, y 356 ristras de ajo que fueron destinadas al Ministerio de Agricultura del municipio.
El reportaje no precisa, sin embargo, si el acusado se encuentra bajo prisión provisional ni tampoco ofrece mayores detalles sobre su modus operandi.
No es el primer operativo llevado a cabo en Cuba en los últimos meses con estas características. En agosto de 2020 la policía detuvo en Camagüey a un banquero del popular juego La Bolita, al que le decomisaron más de un millón de pesos totales
El Código Penal vigente en Cuba recoge en su artículo 251 el delito de "juegos prohibidos". La ley establece que un acusado se puede enfrentar a penas de privación de libertad de uno a cuatro años por ser banquero.
La ley establece los mismos años de prisión para "empresarios, colectores, expendedores, apuntadores, o promovedores de juegos ilícitos o los que en cualquier forma cooperen o presten ayuda con este fin".
Las sanciones previstas por los juegos prohibidos también incluyen a quienes tomen "parte en loterías, rifas, apuestas u otra clase de juegos ilícitos, con el propósito de obtener lucro o ganancias", ante lo que pueden ser sancionados con tres a nueve meses de prisión, "una multa de cien a doscientas setenta cuotas o ambas".
El citado artículo concluye que "si el delito previsto en los apartados anteriores se comete por una o más personas actuando como miembros de un grupo organizado o banda, o utilizando menores de 16 años, la sanción es de privación de libertad de tres a ocho años".
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