Entre las cifras más alarmantes que divulgó anoche el viceprimer ministro y Ministro de Economía cubano Alejandro Gil en el programa oficialista "Mesa Redonda" está la de trabajadores por cuenta propia que han cesado recientemente sus actividades.
"Durante estos meses, ha habido 150 000 trabajadores estatales interruptos y 250 000 trabajadores por cuenta propia con suspensión temporal del trabajo", reconoció el ministro. "Pero incluso, los que no han estado interruptos o bajo suspensión temporal de sus licencias, han tenido un bajo nivel de actividad tanto en el sector estatal como en el no estatal", aseguró.
La cifra implica un 41% de los casi 606 mil cuentapropistas reconocidos por el gobierno a mediados del 2019.
Incluso antes de las restricciones impuestas por el COVID-19, las cifras oficiales del año pasado mostraban que un 37.7% de la población cubana en edad laboral (es decir, la población masculina de 17 a 64 años y la femenina de 17 a 59 años) no estaba vinculado a ningún trabajo y se declaraba inactiva, ocupada en quehaceres del hogar, incapacitada o jubilada. El número aumenta al 41% si se tiene en cuenta toda la población cubana, que roza los 11.2 millones de personas.
Según la última edición del Anuario Estadístico de Cuba, el sector que más creció el 2019 en términos de empleo fue justamente el privado, confirmando una tendencia ya advertida por los economistas y expertos. Pero ahora, buena parte de ese mismo sector ha paralizado sus actividades y, por lo tanto, sus ingresos.
De todas formas, Gil prefirió esquivar el término "crisis" en su intervención televisiva y se refirió sólo a "un momento de tensión", provocado por el "arreciamiento del bloqueo", la caída del turismo y el freno impuesto por la pandemia de coronavirus, que también ha implicado "un gasto adicional en divisas".
“Presentamos gastos adicionales del sistema de salud con las pruebas PCR (40 dólares), así como los centros de aislamiento, las pesquisas y la atención primaria”, aseguró Gil.
"A esto se une una disminución de la entrada de divisas al país; cierre de fronteras y afectaciones en mercados de exportación, aunque se ha mantenido la estrategia de producir para la exportación", añadió.
Tras asegurar que "vamos a comer lo que seamos capaces de producir”, el ministro también comentó que "se trabaja en la creación de una lista de actividades prohibidas, que sustituirá a la lista de 127 que actualmente pueden realizarse". De esa forma, “aquellas actividades que no aparezcan en la lista de trabajos no permitidos, podrán desempeñarse en el país”.
Junto a ello, aseguró el funcionario, también avanza el perfeccionamiento en el sistema tributario y en la facilitación de los trámites para la obtención de permisos. En tal sentido, anunció que será posible realizar varias actividades a la vez y que próximamente se dedicará una Mesa Redonda a ampliar sobre estos temas.
En las últimas semanas el gobierno cubano no ha escatimado esfuerzos por presentar como imperativos coyunturales una serie de reformas económicas largamente anunciadas así como la inminente unificación monetaria.
Recientemente, las autoridades permitieron a los cuentapropistas importar suministros a través de agencias estatales, pero los precios son prohibitivos. En julio se abrió un mercado mayorista, donde el pago se realiza en divisas fuertes.
El semanario especializado The Economist fue tajante esta semana al asegurar que "como suele hacer cuando los tiempos son difíciles, Cuba está improvisando".
"El cambio, cuando llegue, será doloroso. Los importadores con ganancias artificiales pueden despedir trabajadores en masa. Si tienen que pagar más por sus dólares, las importaciones se volverán más caras, lo que provocará un aumento de la inflación. (...) El gobierno ha dicho que aumentará los salarios y las pensiones después de una reforma monetaria, pero tiene poco dinero de sobra. Se espera que el déficit presupuestario de este año se acerque al 10% del PIB. Eso podría aumentar cuando el gobierno se vea obligado a reconocer los costos que ahora oculta el sistema de dos monedas", añadió el semanario.
"Los cuentapropistas han estado presionando desde 2017 por el derecho de incorporación, lo que les permitiría firmar contratos y tratar normalmente con los bancos, e importar insumos directamente en lugar de a través de agencias estatales. El gobierno aún tiene que permitir esto. Hasta que se libere el emprendimiento, los cubanos seguirán haciendo largas colas frente a las tiendas con estantes vacíos", concluyó The Economist.
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