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El empresario colombiano Álex Saab, acusado de ser testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha contratado los servicios del exjuez español Baltasar Garzón para su defensa en el caso de extradición a EE.UU. que afronta en Cabo Verde, confirmaron este lunes diversas fuentes.
Garzón, que se hizo célebre por dictar en 1998 un auto de procesamiento contra el exdictador chileno Augusto Pinochet, integrará el equipo legal del empresario y le defenderá en demandas contra Estados Unidos y Cabo Verde ante organismos judiciales internacionales y de ese país africano.
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En concreto, el exjuez, que ahora ejerce como abogado, planea “liderar un proceso contra EE.UU. y Cabo Verde ante el Tribunal Internacional (de Justicia) de La Haya por la violación de la inmunidad jurisdiccional de Álex Saab en cuanto enviado especial de Venezuela”, explicó el abogado de Saab, José Manuel Pinto Monteiro a la agencia EFE.
En paralelo, Garzón también intentará abrir ante la Justicia del archipiélago “un proceso de indemnización contra el Estado de Cabo Verde por daños patrimoniales y de imagen” de Saab, detenido el pasado 12 de junio cuando el avión en el que se trasladaba hizo escala para repostar combustible en el Aeropuerto Internacional Amilcar Cabral, de la isla norteña de Sal.
El valor de la indemnización que la defensa del empresario colombiano planea solicitar se situaría entre los 5 y los 12 millones de dólares.
Garzón dirige actualmente el bufete Ilocad, con sede en Madrid, y entre sus clientes se encuentra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, preso en el Reino Unido a la espera de que se decida si debe ser extraditado a Estados Unidos.
Por la misma fuente se supo que Saab no está contento con las condiciones actuales de su detención en Sal, adonde fue trasladado el pasado día 3 desde la cárcel de Ribeirinha, en la septentrional isla de San Vicente, por motivos de seguridad.
El empresario ha exigido una celda con más espacio y comodidad, se ha quejado de las picaduras de los mosquitos y ha solicitado la visita periódica y reglamentada de un médico que supervise su estado de salud, además de considerar inadecuada su alimentación. “Bastante diferente de la dieta a la que está habituado”, precisó su representante.
Saab fue arrestado el 12 de junio en este país africano en respuesta a una petición de Estados Unidos cursada a través de Interpol por presuntos delitos de blanqueo de dinero.
La Procuraduría General de la República (PGR) de Cabo Verde recibió el pasado 29 de junio la solicitud de extradición del Departamento de Justicia de EE.UU., y tiene un plazo de 65 días, a partir del 12 de junio, para responder a esa petición.
En estos casos, de cualquier modo, no es el Gobierno el que toma la decisión final, sino el Poder Judicial.
Tras la detención del testaferro, el régimen de Venezuela señaló que Saab es un ciudadano venezolano y un “agente” del Gobierno, que se encontraba “en tránsito” en Cabo Verde y debía volver al país.
El empresario presentó ante el Supremo Tribunal de Justicia del archipiélago dos “habeas corpus” (derecho de un detenido a comparecer ante un juez o tribunal para que resuelva si su arresto fue o no legal, y si debe levantarse o mantenerse), alegando su “encarcelamiento ilegal”, pero ambos fueron desestimados.
El abogado Pinto sostiene que el empresario “tenía derecho a la inviolabilidad personal como enviado especial de Venezuela en tránsito por Cabo Verde”.
Pese a mantener un bajo perfil en Colombia, el nombre de Saab apareció en los medios cuando la exfiscal venezolana Luisa Ortega le acusó en 2017 de ser uno de los testaferros de Maduro.
Saab, nacido en la ciudad colombiana de Barranquilla y de origen libanés, está relacionado con varias empresas, entre ellas Group Grand Limited (GGL), acusada de suministrar con sobreprecios al régimen de Maduro alimentos y víveres para los gubernamentales Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
Un funcionario del Gobierno estadounidense indicó en julio de 2019 que con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron, al parecer, con “cientos de millones de dólares”.
Washington también presentó cargos en julio pasado contra Saab y su mano derecha, Álvaro Enrique Pulido, a quienes acusa de blanquear hasta 350 millones de dólares supuestamente defraudados a través del sistema de control cambiario en Venezuela.
Según EEUU, entre noviembre de 2011 y septiembre de 2015, Saab y Pulido se confabularon con otros para lavar sus ganancias ilícitas y transferirlas desde Venezuela a cuentas bancarias estadounidenses, motivo por el que Washington tiene jurisdicción en el caso.
Su detención tuvo lugar pocos días después de que el pasado 9 de junio la Fiscalía colombiana impusiera medidas cautelares con fines de expropiación de ocho inmuebles que “harían parte del patrimonio ilícito” de Saab. Según la Fiscalía, esos bienes tienen un valor de 35.000 millones de pesos (unos 9,7 millones de dólares) y están en Barranquilla.
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