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Las autoridades cubanas liberaron el lunes al opositor Sandalio Mejías Zulueta, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) en La Habana y promotor de la iniciativa Cuba Decide.
Mejías había sido arrestado el pasado 13 de enero mientras se encontraba en el parque de las calles Monserrate y San José, del municipio Habana Vieja. Fue condenado a un año de privación de libertad y trasladado hacia la prisión 1580, bajo la acusación de un delito común.
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Sin embargo, otros miembros de la UNPACU denunciaron el incremento de la represión contra activistas y los presos políticos en Cuba por estas fechas. En señal de protesta, algunos recurren a métodos como la huelga de hambre.
Eider Frómeta Allien, de 30 años de edad, permaneció sin ingerir alimentos del 9 al 11 de mayo, exigiendo que le proporcionaran sus medicamentos. Frómeta fue llevado a prisión el 17 de enero de 2019, condenado a un año de cárcel por el presunto delito de “desobediencia”.
“A mi hijo lo trasladaron de la prisión de Guantánamo para Kilo 8 en Camagüey por gusto. Él padece de gastritis e hipertensión arterial y le quitaron todos sus medicamentos sin importarle su estado de salud”, expuso a CubaNet Griselia Allin, madre del opositor.
Cuando finalizaba su sanción, la Seguridad del Estado utilizó a un preso común para provocar una disputa, tras la cual el joven fue condenado a otro año por un supuesto delito de “lesiones”.
También Alien Muchulín Montoya, el más reciente prisionero político de la UNPACU, recibió una sentencia el pasado 8 de mayo a un año de prisión por “desacato”. Muchulín, de igual modo, decidió emprender una huelga de hambre.
“A él lo vino a citar un oficial para presentarse al Tribunal, no le permitieron abogado y fue condenado en un juicio totalmente sumario”, contó su esposa, Rosa Aurora Arévalo, quien confirmó que el opositor fue trasladado hacia la prisión Aguadores de Santiago de Cuba el lunes, 11 de mayo.
“Él se plantó en huelga de hambre porque está preso injustamente y le impidieron ver a sus familiares al ser trasladado por haber tomado esa decisión. Su encarcelamiento es en represalia a su activismo pacífico”, afirmó Yordanis Labrada Tellez, coordinador de la UNPACU en el municipio Songo La Maya de la misma provincia.
Labrada Tellez denunció que lo habían arrestado y se le había impuesto una multa.
Otros dos miembros del grupo opositor, el que más integrantes cuenta en el país, se encontraban detenidos y recurrieron a la huelga de hambre. Maykel Herrera Bone, de La Habana, quien estaba detenido en la estación policial de 100 y Aldabó, después de concluir una huelga de hambre de 14 días fue trasladado hacia la prisión de Güines, en espera de juicio por el presunto delito de “atentado”.
Yuselín Ferrera Espinosa, libró una protesta de 11 días negándose a comer y beber en el centro penitenciario Aguadores, en Santiago de Cuba. Allí recibió varias golpizas y fue confinada a una celda de castigo.
Salió en libertad después de que se le impusiera una fianza de 1000 pesos en moneda nacional y se encuentra pendiente a juicio también por el presunto delito de “atentado”, la misma acusación que se le atribuye al opositor Isaín López Luna, ahora recluido en Valle Grande.
Similar suerte corre la activista Keilylli de la Mora, condenada a una sanción conjunta de un año y medio de privación de libertad por los presuntos delitos de “desacato”, “desobediencia”, “resistencia” y “propagación de epidemias”, aunque se encuentra bajo prisión domiciliaria durante el proceso de apelación.
“La tiranía usa a los disidentes presos como mercancía de cambio ante las peticiones de algún visitante ilustre al país que se interese por estos casos, o en procesos de negociaciones. Es lamentable, pero el estado cubano, que debería garantizar los derechos de todos los cubanos, se dedica a traficar con los derechos humanos de sus ciudadanos” opinó al respecto Carlos Amel Oliva, uno de los líderes de la UNPACU que recientemente decidió refugiarse en EE.UU. ante el acosa de la Seguridad del Estado.
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