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El pasado sábado 9 de mayo entraron en vigor en La Habana las recientes restricciones a la circulación de carros estatales, una medida adoptada en todo el territorio nacional que el gobierno de Cuba anunció días atrás, como vía para intentar frenar la propagación del coronavirus.
En reunión del Consejo de Defensa Provincial (CDP) de la ciudad, el coordinador de Industria y Transporte, José Conesa González, explicó que a partir de ahora todos los vehículos del Estado solo podrán circular si cuentan con la debida identificación Vía Libre aprobada, la cual será válida por 30 días aunque se podrá prorrogar.
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Según precisó el dirigente, de 65.000 medios no privados con que cuenta la capital, solo se otorgó la autorización a alrededor de la mitad, lo que significa que más de 32.000 autos han dejado de prestar servicios.
“Solo se permitirán casos excepcionales e incluso para salidas a otras provincias hay que estar autorizados por el Consejo de Defensa Provincial. Quienes incumplan con la regulación se le retirará la chapa, la circulación y deberán responder los directivos ante el Consejo de Defensa”, recalcó Conesa González.
“En el caso de los carros particulares, estos deben cumplir las normas establecidas de portar el nasobuco y circular al 50 por ciento de la capacidad”, añadió.
Esta decisión del gobierno limita aún más la movilidad de los habaneros, muchos de los cuales dependen en mayor o menor medida de estos autos para desplazarse no solo a sus centros de trabajo, sino a resolver cuestiones esenciales como la compra de alimentos.
Con el servicio público suspendido, los trabajadores al menos podían resolver con estos transportes la urgencia del traslado, en una ciudad abarrotada de personas tratando de resolver lo indispensable para vivir.
La paralización de gran parte del transporte estatal durante la pandemia de coronavirus no se implantó solo en La Habana, fue una decisión adoptada por el gobierno cubano y anunciada por el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil Fernández, el pasado 5 de mayo.
El funcionario señaló entonces que el objetivo es disminuir el tránsito de este tipo de vehículos, los cuales solo podrán circular si reciben la autorización de los consejos de defensa provinciales.
La nueva regulación supone la paralización de 37.000 autos estatales en todo el país, de acuerdo a valoraciones del Ministerio de Transporte. La medida se aplicó a los vehículos que tienen chapa B, con franja azul.
En todas las provincias solo funcionan aquellos carros vinculados a actividades productivas indispensables para mantener la maltrecha economía de la isla, así como los que pertenecen a empresas profesionales de transporte, que siguen prestando el servicio a los trabajadores que permanecen activos.
A principios de abril las autoridades del régimen suspendieron el transporte público para frenar el coronavirus, lo cual ha causado dificultades y molestias entre la población.
La decisión abarcaba a los ómnibus, ruteros, coches, bicitaxis, ferrocarriles y otras modalidades de transporte del servicio local, urbano, rural, intermunicipal y provincial.
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