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Estados Unidos acusó el jueves al presidente Nicolás Maduro y a otros 14 altos funcionarios de su gobierno de convertir a Venezuela en un estado narcoterrorista, y de liderar una megaempresa al servicio del crimen organizado que robó miles de millones al país sudamericano.
La acusación presentada por el Departamento de Justicia incluye nueve demandas judiciales en tribunales federales de Nueva York, Washington DC, Florida, Arizona y Texas, y constituye el punto de máxima presión ejercido por la administración de Donald Trump contra el régimen de Maduro para conseguir un cambio democrático en Venezuela.
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"El régimen de Maduro está inundado de corrupción y criminalidad", dijo el fiscal general William Barr al presentar oficialmente la acusación en Washington.
Maduro se convierte en el segundo jefe de Estado en funciones que es encausado ante un tribunal federal, luego que en 1990 fuera formalmente acusado por cargos de narcotráfico el hombre fuerte de Panamá, el general Manuel Antonio Noriega.
El Departamento de Estado ofreció una recompensa de hasta $15 millones de dólares por información que lleve al arresto o procesamiento de Maduro. Se suman otros $40 millones tras la pista de otros cuatro pilares del régimen, incluidos figuras del sistema judicial, las fuerzas amadas y el aparato de inteligencia.
La lista de encausados incluye al segundo hombre del país, Diosdado Cabello Rondón, presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente; el vicepresidente Tareck El Aissami; el ministro de Defensa, Vladimir Padrino Lopez; el presidente del Tribunal Supremo, Maikel José Moreno Pérez; y a Hugo Armando Carvajal Barrios, ex director de la Inteligencia militar.
"Durante más de 20 años, Maduro y varios aliados de alto rango supuestamente conspiraron con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia [FARC] causando que toneladas de cocaína entraran y devastaran las comunidades estadounidenses. El anuncio de hoy se centra en la erradicación de la extensa corrupción dentro del gobierno venezolano, un sistema construido y controlado para enriquecer a los más altos niveles del gobierno", argumentó Barr.
Entre los encausados están también los ciudadanos colombianos Luciano Marín Arango, alias “Ivan Márquez" y Seuxis Paucis Hernández Solarte, alias “Jesús Santrich” , dos jerarcas de las FARC.
Los documentos señalan que en su papel de líder del Cártel de Los Soles, Maduro negoció cargamentos de varias toneladas de cocaína producida por las FARC; ordenó que el Cártel de Los Soles proporcionara armas de combate a los guerrilleros; coordinó las relaciones exteriores con Honduras y otros países para facilitar el tráfico de drogas a gran escala; y solicitó la asistencia de los líderes de la guerrilla colombiana para entrenar a un grupo de milicianos que operaban como una unidad de las fuerzas armadas del Cártel de Los Soles.
Barr aseguró que Estados Unidos no permitirá que "estos funcionarios venezolanos corruptos utilicen el sistema bancario estadounidense para trasladar sus ganancias ilícitas desde América del Sur ni fomentar sus planes delictivos".
"Mientras el pueblo venezolano sufre, esta camarilla (...) se llena los bolsillos", dijo Barr sobre Maduro y sus colaboradores encausados.
Según los documentos judiciales, los actos delictivos que impulsaron una gigantesca conspiración de drogas y armas se remontan al comienzo de la revolución de Hugo Chávez en 1999, y abarcaron lugares tan lejanos como Siria, México, Honduras e Irán.
Barr estimó que la conspiración ayudó a contrabandear anualmente hasta 250 toneladas métricas de cocaína fuera de América del Sur.
La acusación principal, que se focaliza en Maduro y Cabello, se presentó en el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York y fue asignada al juez Alvin K. Hellerstein.
En Miami, la fiscalía federal acusó al presidente del Tribunal Supremo, Maikel Moreno, de blanquear al menos $3 millones de dólares en ingresos ilegales. Gran parte del dinero lo gastó en aviones privados, relojes de lujo y compras en Prada, según los fiscales.
El Ministro de Defensa, el General Padrino, fue acusado de conspiración para contrabandear narcóticos en una acusación de mayo de 2019 que fue abierta en Washington DC.
Maduro respondió poco después en una intervención televisiva en la que acusó a Estados Unidos y a Colombia de "dar órdenes para inundar de violencia a Venezuela".
Llamó a Donald Trump "cowboy racista" y advirtió que está listo para luchar "por cualquier medio necesario" si Estados Unidos y Colombia se atreven a invadir a Venezuela.
En una claro golpe de respuesta, se anunció una investigación contra el líder opositor, el presidente encargado Juan Guaidó, luego de que uno de los individuos acusados el Venezuela por cargos de drogas, el general retirado Cliver Alcalá, dijo en una entrevista el jueves que firmó un contrato con Guaidó y sus asesores estadounidenses para comprar rifles de asalto. Las armas servirían supuestamente para un golpe de estado planeado contra Maduro.
Guaidó dijo que no conoce a Alcalá, quien ha estado viviendo en Colombia desde 2018 a pesar de haber sido sancionado previamente por contrabando de drogas en Estados Unidos.
Sin embargo, no parece claro que la acción legal en Estados Unidos contra Maduro y sus colaboradores pudiera allanar el camino para una salida negociada en Venezuela.
Maduro sigue contando con el apoyo de Rusia y China, y no se vislumbra una salida como la promovida por Washington al invadir Panamá en 1989 para sacar al general Noriega y traerlo prisionero para enfrentar cargos por tráfico de drogas ante un tribunal federal de Florida.
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