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El gobierno cubano sostuvo conversaciones con representantes de Emiratos Árabes Unidos (EAU) para ampliar la cooperación farmacéutica y de servicios de salud, revelaron medios de prensa del país árabe.
El doctor Amin Hussein Al Amiri, subsecretario asistente de Política de Salud Pública y Licencias, discutió con la delegación cubana las perspectivas de inversión mutua en la industria farmacéutica y los planes para atraer a médicos especialistas a esa nación de la península de Arabia, según informó Emirates News Agency.
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Aunque no se ofrecieron más detalles, esto podría significar que La Habana está explorando otros territorios para enviar a sus especialistas tras los cambios políticos en Brasil, Ecuador y Bolivia, así como la crisis en Venezuela, los cuales han afectado severamente uno de sus principales reglones de exportación: las misiones médicas.
Al Amiri aseguró que el Gobierno de Cuba desea impulsar sus relaciones con el país árabe, especialmente en el sector de la Salud.
Por su parte, la delegación cubana ―encabezada por Héctor Igarza Cabrera, director de la División de África del Norte y Medio Oriente del Ministerio de Relaciones Exteriores, y su embajador en Abu Dabi, Roberto Blanco Domínguez― afirmó que la Isla podría ser "una puerta de entrada apropiada" para consolidar la presencia de los EAU en el campo de la Salud y la industria farmacéutica con países latinoamericanos.
De confirmarse la intención de Cuba de enviar a sus galenos al país árabe, el gobierno se vería presionado a contestar una carta a la Organización de Naciones Unidas, donde se le acusa de someter a los médicos que participan en estas misiones a "una forma moderna de esclavitud", por las intensas horas de trabajo y los bajos salarios que estos perciben, entre otras razones.
El organismo internacional denunció, además, que el gobierno cubano se queda con el 75 al 90% del salario mensual que las naciones involucradas pagan por los servicios médicos de los profesionales de la Isla.
El pasado 6 de noviembre dos relatoras de la ONU, Urmila Bhoola y Maria Grazia Giammarinaro, enviaron una carta y dieron un plazo de 60 días a La Habana para aclarar una denuncia presentada en mayo pasado por la organización Cuban Prisoners Defenders, con pruebas y 110 testimonios de médicos cubanos sobre abusos y condiciones de trabajo forzoso en dichas misiones.
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