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Los empresarios españoles con negocios en Cuba comenzaron a recibir la notificación de Estados Unidos de que podrían serles negadas sus visas de visitantes a la nación norteamericana.
Según el diario español El País, el Departamento de Estado "ya ha empezado a notificar a los directivos de algunas de estas empresas que se les negará el visado a ellos y a sus hijos menores, por lo que no podrán entrar en Estados Unidos".
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El Departamento de Estado confirmó a CiberCuba que está reforzando las restricciones de visados para empresarios extranjeros en cumplimiento de la Ley Helms-Burton, pero declinó referirse a las notificaciones a ciudadanos españoles alegando razones de privacidad.
"La Administración está intensificando sus investigaciones bajo el Título IV de la Ley LIBERTAD [Helms-Burton] con el propósito de asegurar que haya consecuencias para las personas y empresas que trafican con bienes confiscados", dijo un portavoz de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
El funcionario agregó que debido a los requisitos de confidencialidad de las visas, no pueden discutirse "esfuerzos específicos de aplicación del Título IV" sobre nacionales de ningún país.
La medida se tomaría en cumplimiento del Título IV de la Ley Helms Burton, por el cual el gobierno de Estados Unidos puede negar las visas o expulsar de su territorio a todos los extranjeros que se determine hayan confiscado o trafiquen con una propiedad sujeta a una demanda de un ciudadano estadounidense.
La persona puede ser un agente corporativo, director o accionista en una entidad relacionada con la confiscación de la propiedad, y pueden verse afectados su cónyuge e hijos menores bajo la cláusula denominada "Exclusión de Estados Unidos de extranjeros que hayan confiscado o trafiquen con propiedades de ciudadanos estadounidenses en Cuba".
El Departamento de Estado pudiera limitar también los visados a empresarios extranjeros que se relacionen con organismos y empresas cubanas incluidas en la llamada Lista de Entidades Cubanas Restringidas (CRL).
La CRL está integrada por unas 200 empresas y sucursales controladas por las fuerzas militares o los servicios de inteligencia y de seguridad cubanos. Estados Unidos prohíbe de manera general negocios y transacciones financieras con las entidades registradas en el listado, argumentando que cualquier operación serviría para beneficiar de manera desproporcionada al aparato militar y la élite gobernante en Cuba.
Las revelación sobre las primeras notificaciones del Departamento de Estado se produjo durante el encuentro del Rey Felipe VI con los empresarios españoles en La Habana.
España y la Unión Europa señalaron a sus empresarios que no se preocupen por las demandas presentadas en Estados Unidos, porque en el continente hay una Ley aprobada en 1996 que deja sin validez esos procesos.
El llamado Estatuto de Bloqueo establece que "la Unión Europea no reconoce la aplicación extraterritorial de la legislación adoptada por terceros países y considera que sus efectos son contrarios al Derecho internacional".
Meliá, Iberostar y otras empresas ibéricas y europeas se enfrentan a demandas desde que la administración de Donald Trump activó el Título III el 2 de mayo de 2019.
Este impedimento de viajar a EE.UU a quienes ganan dinero con empresas expropiadas en Cuba, de momento, no ha sido publicado en ningún canal oficial del Departamento de Estado.
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