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SANTIAGO, 21 oct (Reuters) - Miles de manifestantes salían el lunes nuevamente a las calles en Chile, que trataba de sobreponerse a las violentas protestas del fin de semana que dejaron 11 muertos y que el presidente Sebastián Piñera atribuyó a "un enemigo poderoso".
Ante el estallido de violencia, Naciones Unidas llamó al diálogo y a investigar de forma independiente las muertes y las denuncias de abusos policiales.
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Pese a los esfuerzos del gobierno para responder a las amplias demandas planteadas en las manifestaciones, había algunos saqueos y barricadas el lunes pese a que continuaba el estado de emergencia con los militares al mando y vehículos blindados recorriendo las calles de varias ciudades del país.
Los habitantes de la capital intentaban retomar la rutina el lunes, en medio de una tensión latente con los servicios de transportes y comercio restringidos, con calles en que se veían los vestigios de las barricadas y ante la vigilancia de unos 8.000 soldados.
Las personas hacían largas filas en gasolineras y supermercados, pero algunos mercados municipales operaban con mayor normalidad que el fin de semana.
Hacia el mediodía, en algunos puntos de la capital, se congregaban crecientes grupos de personas para protestar.
Las manifestaciones se repetían en ciudades como Valparaíso y La Serena, donde también se extendió el control militar.
"Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie, que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdida de vidas humanas", dijo tarde el domingo Piñera en referencia a los actos vandálicos.
Pero el general Javier Iturriaga, a cargo de custodiar la capital bajo estado de emergencia y quien tiene la potestad de restringir la libertad de movimiento a los ciudadanos, dijo tajantemente el lunes que no está en guerra con nadie.
"Yo soy un hombre feliz. La verdad es que no estoy en guerra con nadie", dijo al ser consultado en una rueda de prensa en que informó la apertura parcial del comercio y de servicios.
ONCE FALLECIDOS
La intendenta de Santiago, Karla Rubilar, confirmó que hasta ahora hay 11 fallecidos en la región de Santiago a consecuencia de los incidentes del fin de semana, tres víctimas el sábado y ocho el domingo.
Por su parte la jefa de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, llamó a las partes a buscar un diálogo inmediato y urgió una investigación independiente de las muertes en los disturbios, además de destacar el uso excesivo de la fuerza militar.
"El uso de una retórica inflamatoria solo servirá para agravar aún más la situación, y se corre el riesgo de generar miedo en la población", afirmó Bachelet, que precedió a Piñera en el gobierno.
En Santiago, las autoridades de transporte reforzaron la dotación de autobuses y reabrieron parcialmente una de las seis líneas del metro, tras el cierre total del fin de semana. La mayoría de las escuelas y universidades estaban cerradas y varias empresas autorizaron a sus trabajadores a no concurrir el lunes.
La capital de Chile, un país mencionado como ejemplo de estabilidad económica y política en América Latina, no había estado bajo toque de queda desde hace más de 30 años, cuando gobernaba el dictador Augusto Pinochet (1973-1990).
El mandatario chileno había dado pie atrás el sábado en la medida que detonó las protestas, un alza del precio del transporte subterráneo, pero los manifestantes dieron cuenta en sus pancartas y gritos de una serie de demandas de larga data sobre pensiones, salud y educación pública, en un país con una aguda desigualdad.
El Banco Central dijo que los mercados financieros operaban el lunes con normalidad, con bajos volúmenes transados. La moneda local caía más de 2% mientras que la bolsa perdía un 5% en la jornada.
El presidente del sindicato de trabajadores de Escondida, la mayor mina de cobre del mundo en el norte de Chile, dijo a Reuters que al menos uno de los dos turnos que opera la mina controlada por BHP paralizará el martes en apoyo a las movilizaciones. Chile es el mayor productor mundial de cobre.
El estallido social y las olas de saqueos posteriores ocurren semanas antes de que Chile sea la sede de una cumbre de líderes de Asia-Pacífico (APEC) en la que el presidente estadounidense, Donald Trump, y el chino Xi Jinping firmarían un importante acuerdo.
En diciembre, además, Chile acogerá la cumbre sobre cambio climático de la ONU COP25.
La portavoz del Gobierno, Cecilia Pérez, dijo que ninguna de las conferencias se verá afectada por la situación.
(Reporte de Natalia Ramos y Fabián Andrés Cambero, con información adicional de Dave Sherwood. Editado por Gabriela Donoso)
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