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El 67,4% de ciudadanos se lo están poniendo fácil al presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez para que acometa de una vez el programa de reformas que exige la deteriorada situación política y socioeconómica de Cuba, según la última encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), realizada en la isla entre los pasados 8 y 22 de julio; en un muestreo que abarcó a 1.082 encuestados, mayores de 16 años.
Un 35% de los encuestados pide que Cuba avance hacia una economía “libre y de mercado”, mientras que el 32,4% quiere vivir en un Estado de Derecho con democracia política; índices que contrastan con el 13,5% de entrevistados que considera que la isla no necesita de cambio alguno.
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La encuesta, con un 95% de fiabilidad, atendiendo a los criterios de expertos y entidades especializadas en estudios de opinión política y electorales, contempla un margen de 3% de error y se realizó en municipios de las tres regiones principales de la isla: occidente, centro y oriente de la isla.
Pues que quieren cambios, de lo simple a lo profundo, incluido un 31,3% de encuestados que aboga por un “cambio radical”, postura que responde al segmento de edad comprendido entre los 16 y los 24 años, ya libres de ataduras emocionales con la revolución de 1959 y frustrados ante la posibilidad de repetir la vida de sus padres y abuelos.
Sumando las peticiones de cambios radical y moderado, el número de ciudadanos pidiendo cambios se eleva hasta el 74,5%, notable cifra que –si el gobierno las contrastara con sus propios estudios de clima sociopolítico- podría ser la herramienta científica ideal para diseñar y avanzar en un programa de reformas que saque a Cuba de la prehistoria política y de la pobreza que golpea a la mayoría.
Pero ya desentrañando las estadísticas, resulta que el 42,8% de los encuestados responsabilizan al gobierno con el protagonismo de los cambios que piden, circunstancia favorable para el ejecutivo de Díaz-Canel y el Partido Comunista de Cuba porque posibilitaría acometer los cambios de la ley a la ley, conjurar una indeseada explosión social y formar parte del futuro.
Y por si no fuera suficiente, a la hora de avizorar el día después del postcastrismo, los cubanos están divididos casi proporcionalmente: un 40,6% de los encuestados creen que los responsables del ancien regime deben ser castigados; mientras que el 57,7% desea una salida pactada para ellos, incluido un 30,9% que defiende el perdón, aunque no olvido, y un 26,8% considera que podrían ocupar cargos en futuros gobiernos democráticos.
En el tema del perdón, el segmento más joven (16 a 24 años) de los encuestados, eleva hasta el 52% el deseo de castigo a los responsables del actual desastre cubano en los ámbitos de libertad, derechos humanos y economía.
Por tanto, la encuesta del CDH, que ha obtenido una respuesta positiva de más de 1.000 cubanos, es un aviso serio para Díaz-Canel y Raúl Castro, que debían complementarla con sus propios datos y verla como una herramienta de trabajo y no como un nuevo pretexto represivo contra encuestadores y encuestados.
La dinámica de sociedad cubana contemporánea, que empieza a mostrar síntomas de frenazo económico y refuerzo de su estancamiento político, puede alterar significativamente los estados de opinión de la población, harta de tanta promesa incumplida, de depender siempre de un país extranjero o de un familiar emigrado para subsistir.
Todas las escuelas de estudios políticos aconsejan acometer cambios estructurales en un clima de apoyo ciudadano y usar dichas tendencias como catalizadores de las transformaciones y desaconsejan hacer oídos sordos a la voluntad popular, aún cuando algunos politiqueros de simulación y fanfarria, padezcan la tentación totalitaria de hacer caso omiso a la voz de un pueblo noble, sacrificado en nombre de una minoría excluyente, instruido y deseoso de vivir en paz y prosperidad.
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